La Comisión fue creada por una sentencia inaudita emitida por el primer tribunal colegiado del 19° circuito, con sede en Tamaulipas, a mitad de junio pasado. En su fallo, el tribunal mexicano resolvió crear un mecanismo de justicia alternativo para el caso Ayotzinapa y de manera unánime, otorgó un amparo de protección en favor de cuatro detenidos que la versión oficial identificó como los responsables de la masacre de Iguala, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero, al sur del país.
La sentencia, que se extiende por más de 700 páginas, repuso el procedimiento contra los detenidos, revirtió la orden de formal prisión en contra de ellos y mandató a que se les aplique el Protocolo de Estambul por parte de peritos independientes, que se utiliza cuando alguien denuncia haber sido víctima de tortura, para que se investigue este hecho antes de resolver su situación jurídica.
Esta semana se hizo pública la respuesta de la PGR al órgano judicial encargado de ejecutar esa sentencia, en la que argumentó la "imposibilidad jurídica" de llevarla a cabo. Las primeras versiones que circularon indicaban que la Comisión había sido suspendida, por lo que Sputnik consultó a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 y del Centro de derechos humanos Tlachinollan, de la Montaña de Guerrero.
"Lo que se está diciendo es una mala interpretación del acuerdo judicial que se ha hecho público. La PGR presentó un incidente de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia que suspende el plazo de 10 días que tenían para cumplirla", explicó.
Agregó que no se está congelando la comisión de investigación ni deteniendo su integración. Afirmó que "las partes pueden continuar porque hay una resolución que así lo está determinando".
Para Rosales, la estrategia emprendida con la PGR es la forma de ganar tiempo, ya que el resolver el incidente que interpuso puede tardar entre uno y tres meses, "para que le toque resolver al otro Gobierno", sostuvo a esta agencia.
La "verdad histórica" oficial que sostuvo que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula, una localidad vecina de Iguala, lleva casi dos años desmentida, desde la acción de peritos internacionales, como el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
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En marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México encontró "fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos" al analizar 34 casos de los 129 que hay por el caso Ayotzinapa.
La respuesta del Estado mexicano ante esas evidencias, había sido que todo estaba en investigación y que acataría lo que su propia justicia interna mandatara. La Comisión para la Verdad es una respuesta a estas irregularidades creada por la justicia mexicana.
"Nosotros como representantes de las víctimas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos podemos seguir trabajando en la integración de la Comisión porque hay un fallo ordenando su creación que no ha sido modificado, revocado, ni mucho menos. Permanece intacto", concluyó el abogado.
