"Lo importante de la pregunta es que no se vuelva "populismo penal", es decir, únicamente dar a la ciudadanía la sensación de que con una norma se soluciona el problema", dijo a Sputnik el fiscal Eduardo Estrella, quien ha estado a cargo de casos emblemáticos de abuso sexual contra menores de edad.
El presidente Lenín Moreno incluyó esta pregunta luego de que en 2017 se revelaran dramáticos casos de violaciones a menores de edad que conmocionaron a todo el país.
En tan solo dos instituciones en la que se desvelaron casos de abuso, una pública y la otra privada, las víctimas fueron más de 300.
Al momento, estos hechos permanecen en investigación y hace pocos días fue capturado uno de los docentes con mayores acusaciones, quien se encontraba prófugo de la justicia.
Lea más: Niñas indígenas, las más vulnerables a la violencia sexual en Ecuador
Lo primordial, sostiene Estrella, "no solo está en tener más amplitud para investigar y que no prescriban estos hechos, sino en que se trabaje en prevención y se dé apoyo a los operadores de justicia".
De allí que Estrella, que ahora trabaja en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, insiste en que la pregunta cuatro será "muy importante siempre y cuando venga acompañada de todo el apoyo a las instancias de investigación, sanción y prevención de casos de violencia de género".
En eso coincide Amparo Molina, vocera de un grupo de padres de familia que continúa luchando por la reparación integral de 41 niños que fueron abusados sexualmente en una escuela del sur de Quito.
Asimismo, consideró que esta será una forma de enviar un mensaje a los abusadores, para "que sepan que el castigo puede tardar, pero llega", y también a la ciudadanía, porque "cualquier ser humano debe indignarse ante esta clase de actos".
Sin embargo, quienes están en contra de la consulta popular critican el "uso político" que se ha dado a esta interrogante, pues afirman que no era necesario un plebiscito para ordenar la imprescriptibilidad de estos delitos, sino que la reforma podría hacerse a través de una ley.
¿Para qué preguntar?
El expresidente Rafael Correa (2007-2017), que encabeza la campaña por el No, cree que su sucesor incluyó la pregunta sobre "los niños y adolescentes como relleno para inducirnos a votar Sí en las otras preguntas", algo que "es para indignarnos como pueblo, como ciudadanos, (porque) no se puede jugar así con la niñez y adolescencia", dijo este jueves en una entrevista con radio Kiruba.
"¿Para qué preguntarnos?, podían hacer una reforma en la Asamblea Nacional en estos nueve meses de Gobierno que han tenido mayoría", observó.
Por su parte, el ministro de Educación, Fander Falconí, quien defiende la propuesta, consideró que la iniciativa responde a una exigencia ciudadana que nació de los diálogos que ha mantenido Moreno desde el inicio de su mandato.
"El país está cansado de la impunidad en todos los sentidos y en ese contexto se pone esta pregunta que es una respuesta categórica a estos casos y genera un debate social alrededor del tema", expresó el funcionario en una entrevista con diario El Comercio.
Lea también: Ecuador impulsa cruzada para prevenir abuso sexual de niños y adolescentes
Para Falconí, se trata de un tema de "justicia social", que pretende "generar más conciencia y cero tolerancia a los abusos".
La pregunta cuatro, junto con la primera, que pretende aplicar la muerte civil a quienes cometan actos de corrupción, es la que cuenta con más respaldo entre los ecuatorianos, pues las últimas encuestas revelaron un apoyo de más de 70% para cada una.
De aprobarse las preguntas, la Asamblea Nacional deberá efectuar una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que este cambio sea incluido en la normativa.
De esta manera, los delitos sexuales contra niños serán imprescriptibles al igual que los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales.
El próximo 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).