"Estamos claros en que existe una alarma social, una conmoción social debido a los abusos que se están destapando en las unidades educativas", señaló el ministro de Educación, Fander Falconí, durante una rueda de prensa.
Las entidades también se proponen evitar la revictimización de los denunciantes y combatir la impunidad de los casos que llegan a la justicia.
También tienen como objetivo realizar el seguimiento de las denuncias y esperan reducir los niveles de deserción que se relacionen con situaciones de violencia.
Otro de los propósitos es contar con protocolos claros de acción y un mejor manejo estadístico de los casos, con el fin de tener una adecuada tipología de los delitos que faciliten el seguimiento de los mismos.
La semana pasada salió a luz un caso de abuso sexual contra más de 100 alumnos en el colegio público Aguirre Abad de Guayaquil por parte de al menos cuatro profesores, de los cuales uno se encuentra prófugo.
Al momento la justicia realiza las pericias para determinar a los responsables del hecho, mientras que la cartera de Educación también investiga los fallos administrativos que existieron por parte de las autoridades del centro educativo.
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Asimismo, el pasado miércoles la fiscalía informó de la detención de un docente que, según las primeras denuncias, habría abusado de al menos 84 niñas y niños de una escuela ubicada al norte de Quito.
Sin embargo, Falconí pidió "discriminar el trigo de la paja", pues "cuando hablamos de estos elementos no podemos caer en una generalización, tenemos muy buenos docentes en el sistema educativo" e invitó a la ciudadanía a realizar las denuncias, "a creer en nuestras instituciones para dejar un precedente social".
Casos acumulados
Por su parte, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, habló sobre la importancia de que los casos salgan a la luz, pues aunque se conoce que siempre han existido abusos sexuales, los casos que se tratan ahora "han estado acumulados" debido al temor de la ciudadanía a denunciarlos.
"Hay una sensación sobre estos casos de que es mejor evitar la denuncia, evitar compartir la desgracia por temor", señaló la funcionaria y enfatizó en que los niños "no deben estar sometidos únicamente a las respuestas que desde el Estado se les puede dar", sino que también "hay que hacer un llamado a la sociedad, a las familias y a las instituciones a que nos ayuden a prevenir el cometimiento de los delitos"
Para la titular de la comisión legislativa que está a cargo de dar seguimiento a los casos de violencia sexual contra menores, Wilma Salgado, uno de los temas importantes es ajustar las estadísticas, pues actualmente "las cifras dan cuenta de un subregistro" y es fundamental "transparentar el número de casos para identificar las causas de esta violencia y dar el tratamiento respectivo".
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Según Educación, en los últimos tres años han existido 882 denuncias de abuso sexual en los establecimientos educativos, aunque la judicialización de los mismos ha sido mínima.
"No están solos, hay decisión política para que haya respuestas oportunas y esas políticas sean eficaces, por eso nos unimos a esta cruzada: cero tolerancia a violencia sexual en las instituciones educativas", declaró la parlamentaria oficialista.
Bonilla aclaró que los delitos sexuales pueden ser denunciados por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, y no necesariamente por la víctima.
Una de las primeras acciones que se desarrollará será el estudio de un proyecto de ley presentado por el ministerio de Educación ante la asamblea para lograr una reforma legal que elimine la caducidad de los sumarios administrativos para el personal docente y autoridades.
