"Nosotros callamos, pero decidimos romper el silencio y aprendimos a ser valientes, a escuchar siempre a nuestros hijos", dijo esta agencia Amparo Molina, vocera de un grupo de padres que continúan luchando por la reparación de 41 niños, hoy adolescentes, que fueron violentados por un maestro en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari de Quito.
La valentía de estos padres puso sobre la mesa una espeluznante realidad.
Escándalo de academia aeronáutica
Los 41 niños fueron violentados y torturados en un aula escolar por este hombre que les hizo repetir escenas pornográficas y que incluso les disparó usando un revólver de balines.
"No sé cuál de los daños es peor, si las marcas físicas o las emocionales; una de las niñas está perdiendo la visión por el impacto de los balines y hay otra que tiene un tumor cerebral por los golpes que le propinaba este abusador", relató Molina.
La Academia ejecutó una reparación simbólica de las víctimas, si bien enfrenta todavía procesos administrativos que podrían derivar en su cierre.
El abusador fue condenado a 16 años de prisión, aunque los padres de las víctimas persiguen una condena mayor.
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Vendaval de denuncias
Para el coordinador de Sentimos Diverso, Gabrielle Esteban, lo que se logró con la Academia fue "poner en evidencia que este tema estaba naturalizado".
Cristina Arboleda, integrante de Sentimos Diverso que estuvo a cargo de la investigación, explicó a esta agencia que este suceso demostró que "no existía control ni datos sobre lo que ocurría en el sistema de educación" público y privado.
El escándalo logró que más gente denunciara; se conocieron dramas individuales y colectivos y en el parlamento se escuchó por primera vez a las víctimas.
En octubre otros dos casos sacudieron de nuevo al país: 100 niños habían sido abusados en un colegio público de Guayaquil (oeste) y al menos 84 en otro de Quito.
Solo estos tres casos, más un cuarto en una academia de ballet, sumaban 327 víctimas.
Tolerancia cero
Sin embargo, la cartera de Estado se comprometió a actuar y "ni bien se presentó la primera situación, se impulsó la política "cero tolerancia", que implicaba tomar decisiones que no se habían tomado", explicó a Sputnik el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz.
Lo principal fue entonces enfatizar en que "se trata de delitos" que deben judicializarse, por lo que se revisaron las denuncias recibidas entre 2014 y 2017 y se presentaron ante la fiscalía más de 180 que ameritaban nuevo estudio, detalló Sáenz.
Luego, más de 200 maestros y profesores que habían sido acusados de abuso sexual fueron separados de sus cargos y ahora enfrentan acusaciones penales.
Sin embargo, Sáenz observó que si bien la mayoría de las denuncias se presentaron en 2017, eso no indica un aumento de estos delitos, sino que ahora finalmente "hay un ambiente que permite denunciar".
Plan ambicioso
También se adoptó el compromiso de endurecer los protocolos de selección de maestros y analizar cambios en los programas curriculares.
Las víctimas y los activistas creen que esta realidad cambiará solo cuando se "piense en la educación sexual integral", pues hay que cuestionarse "cómo estamos educando a los futuros educadores", afirmó Esteban.
Se precisa de un cambio estructural, que deje de lado "el espíritu de cuerpo" que persiste en las escuelas, donde "normalmente la comunidad educativa se pone del lado del agresor", apuntó Arboleda.
Molina, por su parte, pidió a los padres creer en sus hijos, "darles credibilidad" porque "los niños no hablan por hablar y siempre detrás de las palabras existe una razón".
Actualmente, según la fiscalía, hay 4.500 denuncias de abusos a menores de edad, de los cuales 717 corresponden al sistema educativo, aunque el número real sería mayor.
También se espera que la consulta popular del 4 de febrero de 2018, en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con que los delitos contra niños, niñas y adolescentes no prescriban, dé un nuevo impulso a esta lucha.
