La jornada del 13 de agosto comenzó con cortes intermitentes en carreteras, especialmente en la Panamericana Sur, a su paso por Cotopaxi, en el centro de Ecuador, donde también se vivieron choques entre indígenas y policías. Los episodios agresivos en Quito se produjeron cuando los manifestantes intentaron romper el cordón de seguridad que rodeaba la residencia presidencial y un grupo comenzó a lanzar bengalas y cócteles incendiarios a los agentes del orden, quienes respondieron con gases lacrimógenos.
En resumen, el presidente Rafael Correa puede respirar aliviado porque no hubo que lamentar víctimas mortales, pero también debe asumir que hace falta más diálogo con quienes no comulgan con su Revolución Ciudadana. Correa ha ganado este asalto a los puntos, pero sabe que el adversario no ha tirado la toalla.
La oposición está unida al grito de “fuera Correa, fuera”, a pesar de que algunos de los colectivos insisten falsamente en que su meta no es echarle sino corregir algunos decretos presidenciales controvertidos. Y el frente opositor es de lo más variopinto. Incluye a la élite del movimiento obrero e indígena, pero también a políticos de la derecha más tradicional y a grupos profesionales descontentos con algunas reformas, como los médicos.
En primer lugar encontramos al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el sindicato convocante de la huelga general. Sin embargo, quien se ha llevado gran parte de la atención mediática ha sido la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), al organizar una marcha popular hacia Quito que ha durado 11 días, tras recorrer 800 kilómetros, y que culminó el día del paro nacional.
El Conaie ha justificado su “levantamiento indígena” en un pliego de 10 demandas en el que exige que se archive el proyecto de enmienda constitucional que permitiría a Correa ser reelegido indefinidamente a la Jefatura del Estado. Asimismo, demanda la derogación de la Ley de Aguas, el archivo de un proyecto normativo sobre la propiedad de la tierra, el restablecimiento de un sistema de "educación intercultural bilingüe" y el libre ingreso a las universidades. También pide que no se firme un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y que se pongan fin a los proyectos de minería a gran escala. En definitiva, todo un catálogo de intenciones.
Pero la primera organización indígena del país ha hecho gala de una intolerancia manifiesta pues uno de los puntos ratificados en asamblea mantiene su “posición firme de No al diálogo con el gobierno nacional”.
Lo paradójico de esta situación reside en el hecho de que la Conaie —que representa a más de un millón de ecuatorianos que se autodefinen como indígenas entre una población total de 16 millones de habitantes- ha luchado durante décadas para que Ecuador fuera un Estado plurinacional, y que esa misma propuesta política fue incluida en la Constitución de 2008 gracias a la mano del propio presidente Correa. Hasta él nadie había hecho tanto por su causa.
La confederación reconoce las obras de infraestructura que ha realizado el Gobierno, carreteras y escuelas que han ido beneficiando a su colectivo, pero quiere más avances y más deprisa. Y ha aprovechado la desfavorable coyuntura económica —caída del precio internacional del petróleo y de las materias primas y ralentización del crecimiento- para desempolvar viejas reivindicaciones del indigenismo, entre ellas la distribución justa de la riqueza. Ahí sí es preciso trabajar más ya que, aunque 50.000 hogares indígenas salieron de la pobreza en 2012, el 60% de las comunidades indígenas continúa siendo pobre, según los datos estadísticos.
La Conaie, además, está visiblemente dividida pues una significativa parte de sus bases no ha sostenido la marcha hacia Quito y prefiere seguir dialogando con Correa. La fracción disidente —que cuenta con miembros históricos como Miguel Lluco, fundador de Pachakutik, el brazo político indigenista ecuatoriano- cuestiona la autoridad de sus dirigentes y denuncia con razón que la derecha está utilizando a los movimientos sociales y manipulando a los colectivos indígenas.
Da la sensación de que el binomio Conaie-Pachakutik busca recuperar el papel decisivo que tuvo el indigenismo en la historia reciente de Ecuador.
Pachakutik aspira a volver a ser la fuerza política que ya fue indispensable en la caída de los presidentes Abdalá Bucaram, cuyo corto mandato se prolongó de agosto de 1996 a febrero de 1997, y de Jamil Mahuad, derrocado en enero de 2000 en plena crisis económica. De esa época quedan las imágenes de los indígenas tomando las carreteras del país y llegando a Quito para exigir la dimisión de ambos dirigentes. Eso sí fue un verdadero levantamiento. La Conaie ofreció entonces su apoyo al sucesor de Mahuad, el coronel Lucio Gutiérrez, quien llegó a la Presidencia en enero de 2003. El movimiento indigenista llegó incluso a ocupar los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura. Esa época dorada la recuerdan ahora con nostalgia, pero es muy difícil que se repita.
Ese ansía de poder de la dirección indigenista se ha ajustado como un guante a los intereses de la derecha y la oligarquía ecuatorianas. Al alcalde de Guayaquil, el socialcristiano JaIme Nebot, y al líder del partido conservador Creando Oportunidades (CREO), el empresario neoliberal Guillermo Lasso, les han venido muy bien estas movilizaciones ciudadanas pues tienen como objetivo desgastar, enervar y provocar errores al inquilino del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno de Ecuador.
La derecha conoce perfectamente que sus opciones de triunfo electoral no han cuajado todavía y que Correa ganará cómodamente las próximas elecciones presidenciales previstas para 2017; la última encuesta de intención de voto le da el triunfo con el 40%, frente al 24% de Lasso y el 8% de Nebot. De ahí que ambos quieran neutralizarle.
“Si toda la plataforma del FUT y de la Conaie fuese políticamente viable, con amplio apoyo popular y con un hondo sentido patriótico y democrático, esas figuras de la derecha no la habrían apoyado jamás. Eso nadie lo duda”, escribía Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, de Quito, tras el paro nacional.
Correa, por su parte, no ha bajado la guardia. Fortificó su residencia con tropas del Ejército y contó incluso con el respaldo de ex combatientes, militares y reservistas indígenas de las etnias shuar y achuar, quienes también se apostaron en el Palacio de Carondelet para proteger las instalaciones gubernamentales.
No era un exceso de celo por parte de Correa, porque el presidente ecuatoriano ya fue objeto de un intento de golpe de Estado el pasado 30 de septiembre de 2010, cuando estuvo retenido por un grupo de policías amotinados y tuvo que ser rescatado por el Ejército. Correa considera, con cierto fundamento, que se está organizando un “golpe blando” en contra suya. Un golpe que él define en cinco fases: ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de las calles, desestabilización y ruptura institucional. Lo dicho: el combate no ha terminado todavía.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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