La caminata a Quito, que cubre una distancia de unos 700 kilómetros, fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Conaie reclama que se archive un proyecto de reforma de la Constitución vigente desde 2008, la restitución del 40 por ciento del aporte a las pensiones jubilatorias, el libre acceso a la educación superior y el derecho a la educación bilingüe.
El movimiento indígena demanda asimismo que no avance la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, que se derogue el decreto 16 que regula el funcionamiento de las organizaciones sociales, y que se archive la Ley de Tierras, pues no pone límites a la concentración de la propiedad y da excesivas potestades a una autoridad agraria en la que no estarán representados los nativos.
"La educación bilingüe es un tema no negociable, porque es parte de nuestra identidad cultural", dijo el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, al sitio web Plan V, en una entrevista publicada el 24 de julio.
"Con un discurso de izquierda se nos ha callado y confundido, desapareciendo el derecho a la educación intercultural bilingüe", que tiene rango constitucional, agregó.
El artículo 347 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar un sistema de educación intercultural bilingüe.
La Conaie protesta por el cierre de escuelas y colegios interculturales bilingües, por considerar que está "perjudicando el derecho a la educación de niños y adolescentes", según señaló Herrera el 11 de julio al periódico La Hora.
Además, la Conaie exige al presidente Correa que deje sin efecto el decreto 16, del año 2013, que reglamenta el funcionamiento de las organizaciones sociales, prohibiéndoles cualquier tipo de actividad política.
Herrera cuestionó al Gobierno por crear "resoluciones para criminalizar luchas" y "condenar acciones organizativas", y puso como ejemplo los casos de algunos dirigentes indígenas detenidos durante 10 meses, "sin causa alguna".
Respecto de la Ley de Tierras, la Conaie reclama que se establezca un límite al latifundio y se promueva una distribución equitativa de la tierra.
"Vamos a estar en las calles hasta tener respuesta por parte del régimen", aseguró Herrera.
Para el día 10, la organización convocó a un "gran levantamiento" de sus bases en todo el país y a que éstas también se adhieran al paro nacional de actividades del día 13, encabezado por movimientos sociales y de trabajadores, según informa este martes la revista Vistazo.
El juego a la derecha
Desde su cuenta de Twitter, el presidente Correa criticó el lunes la movilización y la convocatoria al paro nacional y dijo que los manifestantes no tienen "legitimidad para desestabilizar" al Gobierno, por lo que "recurren a la violencia".
"No tienen el apoyo, ni la legalidad, ni la legitimidad para desestabilizar a uno de los gobiernos más populares de la historia", escribió Correa en la red social.
"Por eso recurren a la violencia y a intentar crear pánico financiero", agregó.
…pero tod@s a demostrar democráticamente nuestro rechazo a los mismos de siempre. ¡Somos más, muchísimos más! Para finalizar, un ejemplo..
— Rafael Correa (@MashiRafael) 3 августа 2015
Al respecto, Humberto Cholango, dirigente de la nacionalidad cayambi, dijo este martes a la revista Vistazo que la movilización no busca "desestabilizar al Gobierno del presidente Correa ni romper la Constitución".
Cholango se refirió a las críticas de integrantes del Gobierno, que acusaron a las organizaciones indígenas de "hacerle el juego a la derecha", y aseguró que los dirigentes de los partidos políticos de derecha "no son bienvenidos", porque representan a "grupos neoliberales que son los enemigos principales de la clase obrera, de los indígenas y los campesinos".
La marcha partió el domingo de la parroquia de Tundayme, en la sureña provincia de Zamora Chinchipe que hace parte de la Amazonia ecuatoriana.
El punto de partida fue elegido por encontrarse en la Cordillera del Cóndor, donde se ubica el proyecto Mirador de la empresa china EcuaCorriente, que prevé la apertura de varias minas a cielo abierto, la primera de ellas en 2018.
El proyecto expulsaría de sus tierras a casi 20 familias de las tribus shuar y kichwa, que llevan residiendo allí por más de 50 años.
La marcha debe llegar este martes al sureño cantón Saraguro, en la provincia de Loja, y partirá el miércoles rumbo a la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, en el centro-sur de Ecuador.
