"Este no es un paro (solo) de los trabajadores, es un paro del pueblo ecuatoriano", contra "la prepotencia en la forma de gobernar", sostuvo el presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cecodut), Mesías Tatamuez.
El dirigente señaló que "todos los colegios de profesionales", la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales se han adherido a la medida.
"Hay una unidad que nunca en la historia se ha hecho", destacó.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE), Edgar Sarango, dijo a esta agencia que, "agotado el diálogo" con el Gobierno, las centrales sindicales se han visto obligadas a "insistir en las calles".
Sarango aseveró que los trabajadores hicieron "fuerza común" para "consolidar" el proceso liderado por Correa, pero que esto no significó darle una licencia para ignorar los reclamos de los sindicatos.
"Como central sindical clasista y revolucionaria, no podíamos constituirnos en "alcahuetes" (sic) de este proceso", añadió.
Correa llegó a la Presidencia de Ecuador en 2006 con el apoyo de buena parte del movimiento sindical, así como de organizaciones sociales e indígenas.
A su proyecto de Gobierno, el mandatario le dio el nombre de Revolución Ciudadana.
"La Revolución Ciudadana no avanza porque se ha visto trastocada, violentada, en las concepciones iniciales a las que todo el pueblo y los trabajadores ecuatorianos le apuntamos", señaló el presidente de la CTE.
En una conferencia de prensa brindada el miércoles, Correa criticó duramente a los promotores de la huelga, a quienes acusó de agresivos e irresponsables.
El mandatario pidió a sus seguidores estar alerta ante "la agresividad e irresponsabilidad de ciertos grupos", entre los que destacó a "la izquierda infantil" y a los indígenas, "que hablan en nombre de todos y no se representan ni a ellos mismos".
Con anterioridad, Correa había advertido que estos grupos "hacen el juego a la derecha" y buscan promover un "golpe blando" contra su administración.
"La derecha no tiene cabida con nosotros; al Gobierno le regalamos la derecha, le regalamos (la empresa petrolera) Chevron y le regalamos a los banqueros, porque son ellos quienes están felices con las ganancias que han hecho en este Gobierno", dijo Tatamuez.
"No le estamos haciendo el juego a la derecha porque históricamente ellos son nuestros enemigos de clase", sostuvo por su parte Sarango.
La demanda principal de la movilización, de la que participarán indígenas, sindicatos de trabajadores y maestros, agrupaciones de estudiantes y otras organizaciones populares, es el archivo de una serie de proyectos de enmienda constitucional impulsados por el presidente, entre los que se destaca el que le permitiría una reelección indefinida.
También exigen la creación de un nuevo Código Laboral y acusan a Correa de favorecer el agronegocio y la megaminería, así como de "entregar el petróleo y los minerales a las empresas trasnacionales".
Las críticas respecto a la Ley de Justicia Laboral tienen que ver con la quita del subsidio a las pensiones y la eliminación de la sindicalización para los empleados públicos, que el Gobierno aprobó a fines de 2014.
El presidente Correa "habla de una política laboral revolucionaria", pero "es un código de trabajo regresivo", cuestionó Sarango.
En su opinión, "el principal objetivo fue meterle la mano a la seguridad social".
Las centrales sindicales reclaman que el Estado vuelva a aportar el 40 por ciento del subsidio a las pasividades, como establecía el Código de Trabajo original, del año 1938.
"La ley de 1938 ponía el 40 por ciento para los jubilados y ahora (Correa) lo quitó; ¿dónde está el progresismo?", cuestionó Tatamuez.
El presidente del Cecodut aseveró que el movimiento sindical presentó en 2012 un proyecto de reforma del Código de Trabajo, que no fue tenido en cuenta.
"Lo socializaron (debatieron) unos tres meses y por una orden del Poder Ejecutivo lo archivaron", señaló el dirigente.
En noviembre de 2014, el Gobierno presentó un proyecto para reformar el Código de Trabajo y las leyes de seguridad social y de servicio público.
El resultado fue la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en vigor desde abril, que eliminó el 40 por ciento de aportes fijos que realizaba el Estado a las pensiones, dispuso el aumento de estas remuneraciones según la inflación y puso tope a las utilidades de los trabajadores, entre otras modificaciones.
