"El aumento de los registros administrativos de personas detenidas en México, muestra que hay un incremento de las detenciones de migrantes en los últimos meses, mientras que en los albergues, menos gente llega a recibir apoyo", revela el experto.
No obstante esa tendencia a la baja desde México, los desplazamientos se explican por las repercusiones de la crisis financiera mundial de 2008, y desde entonces las economías latinoamericanas no se han podido recuperar, dice el coautor del informe "Migración, desarrollo y DDHH", del proyecto Migración y Desarrollo (MADE, Migration and Development).
La migración interna en la región tiene puntos notables, como por ejemplo las fronteras de Nicaragua y Costa Rica; de Colombia y Venezuela; de Perú, Argentina y Chile; y la causa es la búsqueda de mejores condiciones de vida, dice el también directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo.
Un total de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de sus países, más del 10 por ciento de la migración global, la mayoría en EEUU, y hasta el 15 por ciento de ellos se encuentran legalmente en situación irregular, mientras en la Unión Europea, residen 4,3 millones, dice el reporte que Córdova redactó con Paulina Castaño, investigadora del Proyecto de Migración, del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR.
Pero las políticas restrictivas de EEUU traen como consecuencia, por ejemplo, la detención de decenas de miles de niños sin adultos acompañantes de Centroamérica en la zona fronteriza con México, dice el investigador ciudadano.
Lejos de poner en práctica un enfoque basado en los DDHH, Washington ha privilegiado medidas restrictivas: "mayor control, nuevos centros de detención para menores y mujeres en contra de la normatividad internacional", lamenta Córdova. Y México ha seguido a Washington.
Como contraste, en Europa los gobiernos ofrecen facilidades a los migrantes para regresar a sus países, con programas exitosos –aunque la migración desde África es más compleja–; mientras los países de Sudamérica han puesto énfasis en reformar algunas reglamentaciones, como Ecuador, que ha hecho que otros países actualicen legislaciones antiguas, como Chile y Brasil, con controles de épocas ya superadas de las dictaduras.
El caso de México es complicado: "este país está en un sándwich, entre las causas estructurales de la migración, y una larvada crisis de violencia, ante la cual EEUU sigue siendo la opción más atractiva para la crisis", explica el investigador.
Las acciones migratorias más visibles tienen que ver con un mayor control a nivel regional: "el origen está en la realidad de los últimos 15 o 20 años en América Latina, donde el modelo de desarrollo no satisface las necesidades en la región más desigual del mundo", resume.
Pero el tema de los controles migratorios de los flujos hacia EEUU "lo hemos venido posicionando como preocupación en el Consejo Ciudadano del INM desde hace un año y medio, en México hay más detenciones y menos en EEUU".
Los resultados son magros: en México INM es el órgano encargado de los controles y el Consejo Ciudadano "lo integramos quienes trabajamos en un diálogo político preocupados por el contexto integral, a partir de la crisis de niños y niñas detenidos en la zona fronteriza de EEUU", explica el autor.
Relata que en fecha reciente, por ejemplo, ocurrió un ataque en el norteño estado de Sonora por parte de hombres armados en contra de un centenar de migrantes: oficialmente fallecieron tres y rescataron a 13 sobrevivientes, "pero no sabemos quién lo hizo", lamenta casi dos meses después del evento.
"Es un problema grave de seguridad pública, es un ejemplo de que la política migratoria no puede estar enfocada sólo en acciones de intercepción y nada más", explica Córdoba.
El programa especial de migración de México que inició el año pasado, es un programa del presidente Enrique Peña que activa a 45 dependencias de la administración pública federal, encargadas de la migración, "pero necesita una estrategia de coordinación e implementación, para reducir los vacíos en la ley", señala el consejero ciudadano del INE.
Como resultado, en México no se sabe ni siquiera la cantidad de recursos que se destinan al tema migratorio, y por lo tanto "no se puede valorar si es suficiente o no, y eso pasa en toda América Latina, es un balance muy difícil de obtener".
En el país latinoamericano no hay información pública de cuánto destina cada Gobierno de los 32 estados y el Distrito Federal a las políticas de migración: "es una interrogante sobre la cual hay que avanzar de manera apresurada".
Y para terminar de complicar el cuadro, las ONG que trabajan con migrantes son polifacéticas, plurales, los gobiernos no son monolíticos, y unas dependencias son más abiertas que otras.
"El reto es cómo seguir el diálogo con esas instancias diversas para que las políticas públicas resuelvan las urgencias en ese coro de voces ante la emergencia", puntualiza.
