La Justicia boliviana determinó iniciar este 11 de mayo un juicio contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado por el delito de trata agravada de personas. Según la investigación de la Fiscalía, el exmandatario habría mantenido una relación con una menor de edad en 2015, con la cual habría tenido una hija en 2016.
Por esta causa pesa desde finales de 2024 una orden de detención en contra de Morales, quien se mantiene bajo el resguardo de sus seguidores en las poblaciones del Trópico de Cochabamba.
Los abogados de Morales presentarán un recurso ante el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la ciudad de Tarija (sur), donde recaló el proceso. La Fiscalía asegura haber reunido más de 170 pruebas contra Morales.
Según la acusación, la supuesta víctima (ahora de 26 años) reside en Argentina como refugiada, junto a su hija y su madre (llamada Idelsa), quien también está acusada como cómplice de Morales. Desde el entorno del expresidente sostuvieron que se trata de otro caso de lawfare en América Latina, con el objetivo de sepultar el liderazgo del primer presidente indígena que tuvo Bolivia.
Este juicio se inicia en un contexto político complicado para Bolivia. Con seis meses en el poder, el presidente Rodrigo Paz enfrenta protestas de diversos sectores sociales, como maestros, obreros, choferes, campesinos e indígenas. Desde el pasado 5 de mayo comenzaron bloqueos en carreteras de gran parte del país, lo cual dificulta el tránsito de productos y la conectividad entre ciudades y poblaciones.
¿Rencillas personales?
El presidente boliviano acusó a Morales de incitar el actual momento de crispación política. En diálogo con Sputnik, el analista Marcelo Arequipa consideró que "el Gobierno de Paz insiste en pelearse con el pasado. Ahora denuncia que hay en marcha un plan de desestabilización a su Gobierno democrático".
En este sentido, evaluó que el inicio del juicio a Morales "es parte de un show mediático más que una acción concreta. La gente se pregunta cuándo van a detener a Evo, pero es algo que no se puede resolver. Recientemente, Paz dijo que no se lo detiene a Evo porque falta institucionalidad. O sea, no le tiene confianza a la Policía ni confía en los organismos de seguridad del Estado".
Para Arequipa, el juicio inminente "da una pauta enorme de que no se trata de llevar a cabo de manera efectiva este proceso, sino de hacer más show mediático".
El analista no descontó que el inicio del proceso "posiblemente tiene que ver con el oxígeno político que ha recibido el evismo en las elecciones subnacionales (en abril pasado). Pero, además, creo que se lee el mensaje de las organizaciones sociales, respecto de que con Evo o sin Evo van a retomar el poder".
Arequipa evaluó que Morales finalmente dio señales de que puede prescindir de volver al poder, siempre y cuando pueda apoyar a una nueva figura política emergente. En las elecciones subnacionales "han demostrado que el evismo tiene una estructura política".
Arequipa subrayó que hasta las pasadas elecciones subnacionales, el evismo era una fuerza marginal sin dominio territorial amplio. Pero con el triunfo en decenas de alcaldías y, sobre todo, en el departamento de Cochabamba, el poder de Morales recuperó institucionalidad y territorialidad.
"El evismo operaba como una fuerza al margen de la ley, pero ahora está revestido de cierta legitimidad democrática por las elecciones subnacionales. Esto le da una vuelta de tuerca a la posición estratégica que tiene el evismo en la política nacional", aseguró el analista.
La mirada del trópico
¿Qué lectura hacen de este nuevo panorama desde el Trópico de Cochabamba? Omar Ramírez es vocero del instrumento político Evo Pueblo. Dijo a Sputnik que "este proceso por trata y tráfico se ha originado por un supuesto delito de estupro que aparentemente habría cometido el expresidente Morales. Pero no han podido sostener ese proceso, no han habido pruebas ni elementos de convicción".
Ramírez recordó que esta ofensiva judicial se había iniciado durante el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020), pero la causa (por estupro) cayó ante la falta de pruebas. Fue reflotado durante el mandato de Luis Arce (2020-2025) bajo la actual figura de trata agravada.
"Es decir, ya no hubo estupro, ya no hubo violación ni abuso de menor. Trata y tráfico le pusieron. Entonces, la supuesta víctima incluso denunció al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo (de Arce) porque la habrían inducido a denunciar a Morales, lo cual no se ha dado", dijo el referente del evismo.
Ramírez, quien también es abogado, observó que recientemente se lo hubiera notificado a Morales por edicto, es decir, mediante anuncios en diarios, cuando la Justicia tiene el domicilio del expresidente para llevarle la correspondencia necesaria.
"Para nosotros, como Evo Pueblo, está claro que este proceso penal es absolutamente político. Entra en la lógica del lawfare, del desprestigio jurídico para la descalificación de líderes en Latinoamérica. Esto viene del Gobierno de los Estados Unidos, porque a Evo no le han podido encontrar un solo hecho de corrupción", ahondó.
Ante este panorama, desde el Gobierno de Paz anunciaron que pedirán información a EEUU para saber si Morales estuvo implicado en casos de narcotráfico. Ramírez sonrió: "Tienen que acudir al Gobierno de EEUU para ver si hay algún indicio de que Evo estaría involucrado en delitos en Bolivia. ¡Tienen que pedir información al exterior para saber si Evo Morales está involucrado en hechos ilícitos!".
En este sentido, Ramírez dejó en claro que "desde el evismo en ningún momento decimos que renuncie Rodrigo Paz. Nosotros censuramos y cuestionamos sus políticas y le pedimos que las mejore, que atienda las demandas de la sociedad civil organizada".
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