El anteproyecto de ley fue elaborado por el equipo de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Esta nueva normativa busca prohibir que fundaciones que enaltezcan figuras dictatoriales o ideas totalitarias dejen de recibir dinero público y que se puedan ilegalizar organizaciones como la Fundación Francisco Franco u otras que hagan apología de la dictadura franquista.
La vicepresidenta Calvo explicó que la nueva Ley tiene un objetivo claro: "El reconocimiento, la reparación y la dignidad y la justicia para las víctimas. Para nuestros compatriotas que lucharon contra el fascismo y en muchos casos perdieron la vida".
También establece el 31 de octubre como día oficial de recuerdo y homenaje a las víctimas y el 8 de mayo para recordar a los antifascistas españoles. La nueva normativa permitirá la modificación de la ley de secretos oficiales para garantizar el derecho a la información pública que requieran las víctimas y familiares para esclarecer los casos, el reconocimiento y reparación de aquellas personas que fueron obligadas a realizar trabajos forzados.
De este modo, el Consejo de Ministros español dio luz verde a uno de los primeros trámites para impulsar esta nueva norma, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica que aprobó en 2007 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con ella, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere responder a algunas de las demandas históricas de asociaciones memorialistas y organismos internacionales que exigen a España ponerse al día para enmendar las violaciones a los derechos humanos que se produjeron bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Con esta norma, el Estado español prevé asumir por completo los costes de la apertura de tumbas de las miles de víctimas del régimen que fueron enterradas en fosas comunes. Mediante un plan estatal de exhumaciones, el Ejecutivo trabajará para identificar los restos humanos y establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura que incluirá también a exiliados y represaliados. El Gobierno movilizará recursos públicos para costear la extracción y las posteriores pruebas genéticas y creará un Banco Nacional de ADN para garantizar una identificación fiable.
Otra de las principales novedades de la ley es su carácter sancionador, a diferencia de la de 2007, que incluye multas de hasta 100.000 euros para aquellos que vulneren la normativa.
De momento, el texto tendrá que pasar por los órganos consultivos para volver al Ejecutivo y posteriormente comenzar a los trámites para su aprobación en el Congreso de los Diputados.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, expresó su satisfacción por esta nueva normativa porque "es fundamental que todos los españoles y españolas sean conscientes de lo que significó el fascismo en España, la dictadura de Franco, quiénes fueron las víctimas de esa dictadura (…) sobre todo ahora, cuando hay muchos diputados y algunos senadores que representan a la ultraderecha y quieren pervertir el análisis de nuestra historia como país", aseguró.