En los 492 días de mandato que lleva Iván Duque, su administración ha sido objeto de alrededor de 240 marchas, lo que significa que cada dos días ha habido una protesta, las cuales se mantendrán con manifestaciones artísticas y cacerolazos en lo que resta de este año y que, según se prevé, se agudizarán en los primeros meses de 2020.
En consonancia con la región, las movilizaciones masivas en Colombia se agudizaron este año, pero contrario a las protestas en Chile y Ecuador, desatadas por el incremento en el valor del pasaje del metro y la eliminación del subsidio a los combustibles respectivamente, los manifestantes colombianos reclaman una decena de puntos, todos ellos constitutivos de problemas que llevan años sin resolver.
Asesinatos de líderes
Los asesinatos de líderes sociales y de indígenas son sólo una muestra de los problemas pendientes por solucionar: según la Comisión de la Verdad, desde 1986 han sido asesinados en Colombia 4.756 representantes de diferentes sectores sociales, y solo entre enero y septiembre de este año se documentaron 155 asesinatos de líderes en el país, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Mientras, el estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló el pasado noviembre que durante el 2018 y lo que iba de 2019 fueron asesinados 192 indígenas, 83 de ellos sólo este año que finaliza.
ELN, Cuba y Venezuela
Otro tema pendiente que ha añadido presión al Gobierno, y que es parte de los reclamos en las movilizaciones, es la plena implementación del Acuerdo de Paz con la desaparecida guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el diálogo con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, así como las ramificaciones internacionales de estos temas.
El Gobierno de Duque sostiene que el ELN debe entregar a todos los secuestrados que tiene en su poder y cesar las hostilidades contra la infraestructura del país como condiciones para retomar los diálogos, los cuales fueron cancelados de manera unilateral por Duque el 18 de enero de este año, luego de que un día antes esa guerrilla estalló un coche bomba en una escuela de la Policía, en Bogotá, lo que dejó 22 muertos y 67 heridos.
La situación causó tensiones políticas entre Colombia y Cuba, aunque no mayores que las que se agudizaron también este año con Venezuela, luego de que el 23 de febrero se intentó el paso de "ayuda humanitaria" desde la frontera colombiana hacia ese país como parte de una operación conjunta con Brasil y Estados Unidos.
El presidente Nicolás Maduro rechazó la ayuda tras señalar que se trataba de una estrategia de intervención de EEUU y de que su país no estaba en crisis, tras lo cual, ese mismo 23 de febrero, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, país que este año llegó a los 1,5 millones de venezolanos inmigrantes en su territorio.
Varios de los colectivos que respaldan las movilizaciones contra el Gobierno, como el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado tras la disolución de la guerrilla, también le piden que no tome injerencia en los asuntos de Venezuela, al que Colombia también señaló este año de proteger a integrantes de las antiguas FARC, entre ellas el exnegociador de paz Iván Márquez.
Regreso a las armas
El 29 de agosto, Márquez apareció en un video en YouTube en el que anunció su rearme y de otros desmovilizados de FARC a raíz de que, aseguró, el Gobierno incumplió los acuerdos de paz.
Sin embargo, el 30 de junio Santrich abandonó su esquema de seguridad y, según el Gobierno, salió de Colombia hacia Venezuela.
Debido a esos hechos, la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC es una de las mayores exigencias de los manifestantes, quienes ven en ello una prenda de garantía para evitar el rearme de otros desmovilizados y la posibilidad de que se cumpla el punto 4 del acuerdo, que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos ilícitos.
Ante el rearme de disidentes de las FARC, la administración de Duque ha respondido con operaciones militares, pero en una de ellas, realizada en septiembre pasado en el sur del país, al menos ocho menores que permanecían en un campamento guerrillero tras haber sido reclutados a la fuerza, murieron en medio de un bombardeo.
La combinación de esos factores ha generado un clima de descontento con el Gobierno de Duque que se manifiesta con sendas movilizaciones en las calles, convocadas por sindicatos, organizaciones sociales, indígenas, estudiantes y sectores de la oposición, quienes además aseguran que el Ejecutivo prepara un "paquetazo" de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.
Aunque el Gobierno ha negado que haya impulsado medidas de ese corte, lo cierto es que, según se observa, las movilizaciones que plantaron cara en 2019 tomarán cuerpo en el 2020.