¿Por qué Colombia no consigue frenar el reclutamiento de mercenarios para la guerra en Ucrania?
¿Por qué Colombia no consigue frenar el reclutamiento de mercenarios para la guerra en Ucrania?
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Son reclutados para combatir en Ucrania y se incorporan directamente a las hostilidades a cambio de dinero. No tienen fines políticos, solo intereses... 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T18:01+0000
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Estos actores armados son definidos como "mercenarios" según las disposiciones de las Naciones Unidas y, aunque el Gobierno reconoce el fenómeno, no ha logrado ponerle freno.El representante a la Cámara del Congreso colombiano, Alejandro Toro, quien fue consultado por Sputnik, explicó las causas y el contexto en los que se produce este reclutamiento, así como las limitaciones del Estado para adoptar medidas que controlen eficazmente la incorporación de sus ciudadanos a las Fuerzas Armadas ucranianas.El origen del mercenarismoEl reclutamiento de los mercenarios colombianos está vinculado, en parte, con las consecuencias sociales y económicas que se han prolongado durante décadas como resultado del conflicto armado interno.Esa experiencia produjo capacidades operativas en combate, inteligencia, logística, contrainsurgencia y manejo de armas y explosivos. A ello se sumó el Plan Colombia, desarrollado entre 1999 y 2015, que contribuyó a la profesionalización y expansión de las Fuerzas Armadas.En una publicación, durante el último mes de la Administración de Gustavo Petro, Migración Colombia reconoció esta conexión y señaló que, tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y los procesos de desmovilización, muchos excombatientes y militares retirados no encontraron oportunidades para reinsertarse en la vida civil.En el caso de los militares, las razones pueden ser otras, como la jubilación relativamente temprana, los salarios nacionales comparativamente bajos, las pensiones y prestaciones de retiro insuficientes y las obligaciones económicas familiares y personales. Toro precisó que en Colombia hay miles de efectivos, que al ser soldados regulares reciben unos 600-700 dólares, mientras que al otro lado del océano se les promete entre 1.500 y 3.000 dólares. Con ello cabe señalar que la Defensoría del Pueblo informó que había documentado muchas situaciones de falsas promesas, engaño, explotación, secuestros y confiscación de documentos.Las vías del reclutamientoToro afirma que algunas empresas de seguridad privada pueden obtener autorización para contratar personal colombiano en el exterior cuando presentan sus actividades como servicios de asesoría en seguridad o protección de infraestructura, por ejemplo, de pozos petroleros.De acuerdo con el legislador, estas compañías acuden a las autoridades competentes para obtener los avales necesarios. "El problema es cuando a muchas de esas empresas no se les hace seguimiento y terminan siendo empresas de reclutamiento que se llevan a estas personas", afirma.En este sentido, aclara que esto no significa que el Ministerio del Trabajo sea cómplice de esas operaciones, pues sus funcionarios también pueden ser engañados por las empresas. "Encontramos algunos excoroneles y mayores en retiro, sobre todo oficiales, y una estructura de suboficiales que conocían a soldados que ya se habían pensionado o que todavía estaban en el Ejército y que comienzan a contactarlos", explica.Una vez captados, los ciudadanos pueden ser trasladados a través de distintas jurisdicciones antes de llegar a su destino. Los desplazamientos hacia destinos europeos pueden realizarse mediante puntos de tránsito como Ámsterdam, Bucarest, Estambul, Madrid, París y Varsovia.La impotencia del EstadoDurante el Gobierno de Petro, Colombia creó en 2025 un Grupo de Trabajo Interinstitucional para abordar el mercenarismo. Asimismo, el 17 de marzo de 2026 se sancionó la Ley que establece compromisos para prevenir y sancionar esas actividades y promover la cooperación internacional, aunque su aplicación en Colombia depende del perfeccionamiento del vínculo internacional, conforme al artículo segundo de la ley.Una de las principales limitaciones está en las competencias de las autoridades migratorias. Las mismas han reconocido que no tienen facultades para impedir la salida de una persona por el solo hecho de que vaya a prestar servicios militares o de seguridad en el extranjero. El Estado no puede intervenir antes de que se produzca el reclutamiento, especialmente cuando las personas viajan voluntariamente o bajo la apariencia de realizar actividades laborales legales.Colombia ha reconocido el problema, ha adoptado medidas diplomáticas y ha aprobado la Convención Internacional contra el Mercenarismo, pero todavía enfrenta dificultades para supervisar a las empresas e intermediarios, investigar redes transnacionales y establecer responsabilidades penales específicas. Mientras tanto, la Cancillería del país sudamericano solicitó formalmente a Ucrania detener la vinculación de los connacionales a sus Fuerzas Armadas.El mayo pasado, Gustavo Petro reconoció la gravedad de la situación. "Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente (...) y muriendo sin causa en Ucrania", escribió en su cuenta de X.
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¿Por qué Colombia no consigue frenar el reclutamiento de mercenarios para la guerra en Ucrania?
Son reclutados para combatir en Ucrania y se incorporan directamente a las hostilidades a cambio de dinero. No tienen fines políticos, solo intereses particulares. Son colombianos, no tienen nacionalidad ni vínculo oficial con ese país europeo y han sido denunciados por Rusia por su papel en el conflicto.
Estos actores armados son definidos como "mercenarios" según las disposiciones de las Naciones Unidas y, aunque el Gobierno reconoce el fenómeno, no ha logrado ponerle freno.
El representante a la Cámara del Congreso colombiano, Alejandro Toro, quien fue consultado por Sputnik, explicó las causas y el contexto en los que se produce este reclutamiento, así como las limitaciones del Estado para adoptar medidas que controlen eficazmente la incorporación de sus ciudadanos a las Fuerzas Armadas ucranianas.
El origen del mercenarismo
El reclutamiento de los mercenarios colombianos está vinculado, en parte, con las consecuencias sociales y económicas que se han prolongado durante décadas como resultado del conflicto armado interno.
Esa experiencia produjo capacidades operativas en combate, inteligencia, logística, contrainsurgencia y manejo de armas y explosivos. A ello se sumó el Plan Colombia, desarrollado entre 1999 y 2015, que contribuyó a la profesionalización y expansión de las Fuerzas Armadas.
En una publicación, durante el último mes de la Administración de Gustavo Petro, Migración Colombia reconoció esta conexión y señaló que, tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y los procesos de desmovilización, muchos excombatientes y militares retirados no encontraron oportunidades para reinsertarse en la vida civil.
En el caso de los militares, las razones pueden ser otras, como la jubilación relativamente temprana, los salarios nacionales comparativamente bajos, las pensiones y prestaciones de retiro insuficientes y las obligaciones económicas familiares y personales. Toro precisó que en Colombia hay miles de efectivos, que al ser soldados regulares reciben unos 600-700 dólares, mientras que al otro lado del océano se les promete entre 1.500 y 3.000 dólares.
Con ello cabe señalar que la Defensoría del Pueblo informó que había documentado muchas situaciones de falsas promesas, engaño, explotación, secuestros y confiscación de documentos.
Las vías del reclutamiento
Toro afirma que algunas empresas de seguridad privada pueden obtener autorización para contratar personal colombiano en el exterior cuando presentan sus actividades como servicios de asesoría en seguridad o protección de infraestructura, por ejemplo, de pozos petroleros.
De acuerdo con el legislador, estas compañías acuden a las autoridades competentes para obtener los avales necesarios. "El problema es cuando a muchas de esas empresas no se les hace seguimiento y terminan siendo empresas de reclutamiento que se llevan a estas personas", afirma.
En este sentido, aclara que esto no significa que el Ministerio del Trabajo sea cómplice de esas operaciones, pues sus funcionarios también pueden ser engañados por las empresas. "Encontramos algunos excoroneles y mayores en retiro, sobre todo oficiales, y una estructura de suboficiales que conocían a soldados que ya se habían pensionado o que todavía estaban en el Ejército y que comienzan a contactarlos", explica.
Una vez captados, los ciudadanos pueden ser trasladados a través de distintas jurisdicciones antes de llegar a su destino. Los desplazamientos hacia destinos europeos pueden realizarse mediante puntos de tránsito como Ámsterdam, Bucarest, Estambul, Madrid, París y Varsovia.
La impotencia del Estado
Durante el Gobierno de Petro, Colombia creó en 2025 un Grupo de Trabajo Interinstitucional para abordar el mercenarismo. Asimismo, el 17 de marzo de 2026 se sancionó la Ley que establece compromisos para prevenir y sancionar esas actividades y promover la cooperación internacional, aunque su aplicación en Colombia depende del perfeccionamiento del vínculo internacional, conforme al artículo segundo de la ley.
"Es contra estas empresas y contra este sistema donde tenemos que concentrar el enfoque, a las empresas que reclutan y a los reclutadores a quienes debemos nosotros perseguir en temas de entrenamiento, de reclutamiento y de financiamiento", dice Toro.
Una de las principales limitaciones está en las competencias de las autoridades migratorias. Las mismas han reconocido que no tienen facultades para impedir la salida de una persona por el solo hecho de que vaya a prestar servicios militares o de seguridad en el extranjero. El Estado no puede intervenir antes de que se produzca el reclutamiento, especialmente cuando las personas viajan voluntariamente o bajo la apariencia de realizar actividades laborales legales.
Colombia ha reconocido el problema, ha adoptado medidas diplomáticas y ha aprobado la Convención Internacional contra el Mercenarismo, pero todavía enfrenta dificultades para supervisar a las empresas e intermediarios, investigar redes transnacionales y establecer responsabilidades penales específicas. Mientras tanto, la Cancillería del país sudamericano solicitó formalmente a Ucrania detener la vinculación de los connacionales a sus Fuerzas Armadas.
El mayo pasado, Gustavo Petro reconoció la gravedad de la situación. "Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente (...) y muriendo sin causa en Ucrania", escribió en su cuenta de X.
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