Presupuesto de Colombia para 2027 "se configuró a partir del pago de más deuda", señala experto
Presupuesto de Colombia para 2027 "se configuró a partir del pago de más deuda", señala experto
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Luego de un trámite irregular, el presupuesto de Colombia para 2027 fue aprobado por el Decreto 1599. La decisión se produjo después de las inconsistencias... 25.10.2026, Sputnik Mundo
Sin embargo, no solo ha sido polémico el mecanismo de aprobación. Economistas consultados por Sputnik advierten sobre el aumento de los recursos destinados al servicio de la deuda pública, así como las consecuencias de los recortes en subsidios y aportes sociales.De la austeridad a un mayor presupuestoEl Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha sostenido desde su llegada al poder que Colombia enfrenta graves problemas fiscales debido a la elevada deuda financiera que heredó de la Administración de Gustavo Petro.Frente a lo que calificó como un "saqueo" del erario, anunció medidas para recortar gastos. En ese contexto, se esperaba un presupuesto más ajustado. Sin embargo, el monto definitivo para 2027 aumentó un 16,1% respecto del aprobado para el año anterior.Así, el monto total fijado es de 634,95 billones de pesos (unos 199.360 millones de dólares), aproximadamente 87,98 billones de pesos (27.630 millones de dólares) más que los 546,98 billones (171.810 millones de dólares) aprobados para 2026.Pero reducir el gasto no es una alternativa sencilla, según explica el economista Jorge Coronel, entrevistado por Sputnik. A su juicio, el problema es estructural: el gasto público crece por encima de los ingresos y una parte mayoritaria de los recursos está comprometida por obligaciones constitucionales y legales.Coronel estima que alrededor del 93% del gasto público corresponde a compromisos que el Estado está obligado a atender. Esta situación limita el margen de maniobra para reducir las erogaciones y corregir el desequilibrio fiscal. Por ello, considera que el debate no puede limitarse a anunciar recortes, sino que debe abordar cómo se financia el Estado y de qué manera se obtienen ingresos suficientes.¿De dónde saldrá el dinero?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento de los recursos destinados al pago de la deuda pública. Esta cifra corresponde a la sección de deuda nacional del presupuesto. En la distribución consolidada del gasto, el servicio de la deuda asciende a 155,43 billones de pesos (48.800 millones de dólares) para 2027, frente a 100,4 billones (31.520 millones de dólares) en 2026. Ambas comparaciones muestran un aumento considerable de los recursos comprometidos para atender las obligaciones financieras del Estado.Coronel advierte sobre los riesgos de este comportamiento si no se corrige el problema estructural de los ingresos públicos. "Nótese que es un presupuesto que se configuró a partir del pago de más deuda al año entrante y a partir de unos ingresos de deuda", señaló.Según el experto, el Gobierno tenía dos alternativas principales para conseguir más recursos: aumentar los ingresos tributarios o recurrir al endeudamiento. Sin embargo, considera que financiar el presupuesto mediante deuda no sustituye una reforma tributaria ni resuelve de manera estructural los problemas de las finanzas públicas.La discusión, por tanto, no se limita al tamaño del presupuesto, sino a la composición de sus fuentes de financiación y al margen que queda para atender otras necesidades.Más presupuesto, pero menor inversión públicaEl aumento del presupuesto general no se traduce en una expansión de la inversión pública. Mientras el total de recursos pasó de 546,98 billones de pesos (171.810 millones de dólares) en 2026 a 634,95 billones (199.360 millones de dólares) en 2027, la inversión quedó prácticamente estancada.De acuerdo con la distribución definitiva, este rubro pasó de 88,4 billones de pesos (27.760 millones de dólares) en 2026 a 88,14 billones (27.670 millones de dólares) en 2027. Esto representa una disminución nominal de aproximadamente 260.000 millones de pesos (81,6 millones de dólares), equivalente al 0,3%.La diferencia es relevante porque el presupuesto total crece un 16,1%, mientras que los recursos para inversión disminuyen ligeramente en términos nominales. En esta cifra influyó el error entre las dos versiones discutidas y aprobadas por la Cámara y el Senado.Mientras el Congreso aprobó un presupuesto con mayores recursos en el rubro de la inversión social, el texto avalado en las primeras discusiones y que fue promulgado por decreto no lo contemplaba así.Para el profesor universitario y economista César Torres, esta discrepancia en los textos pudo ser intencional como parte de una estrategia para dedicar más al pago del servicio de deuda. Así, advierte que reducir el margen disponible para la inversión y el gasto social puede tener consecuencias para los hogares de menores ingresos que dependen de ayudas públicas.Torres vincula esta situación con la ausencia de una reforma tributaria progresiva que aumente la contribución de quienes tienen mayores ingresos y patrimonio. A su juicio, la distribución de las cargas fiscales y de los recursos públicos profundiza las desigualdades entre los sectores sociales.El economista describe este fenómeno como una "precarización de la economía": mientras las capas medias y populares afrontan condiciones cada vez más difíciles, las élites económicas mantienen una posición favorable. Para ilustrar su argumento, mencionó las utilidades del sector bancario, que, según cifras de la Superintendencia Financiera, alcanzaron los 10,12 billones de pesos (aproximadamente 3.180 millones de dólares) durante el primer semestre de 2026.En este punto coinciden Torres y Coronel, quienes defienden una reforma tributaria progresiva como alternativa para fortalecer los ingresos públicos. Coronel plantea que una mayor contribución de los patrimonios y las rentas más altas permitiría reducir la dependencia del endeudamiento y atender las necesidades de financiación del Estado.Coronel también advirtió sobre posibles recortes en transferencias monetarias y subsidios a las tarifas de energía, gas y vivienda. Según su análisis, estos cambios podrían afectar tanto a los hogares que dependen de las ayudas estatales como a pequeñas empresas.
Luego de un trámite irregular, el presupuesto de Colombia para 2027 fue aprobado por el Decreto 1599. La decisión se produjo después de las inconsistencias entre los textos aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado, sin que ambas instancias legislativas lograran conciliarlos antes del vencimiento del plazo legal.
Sin embargo, no solo ha sido polémico el mecanismo de aprobación. Economistas consultados por Sputnik advierten sobre el aumento de los recursos destinados al servicio de la deuda pública, así como las consecuencias de los recortes en subsidios y aportes sociales.
De la austeridad a un mayor presupuesto
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha sostenido desde su llegada al poder que Colombia enfrenta graves problemas fiscales debido a la elevada deuda financiera que heredó de la Administración de Gustavo Petro.
Frente a lo que calificó como un "saqueo" del erario, anunció medidas para recortar gastos. En ese contexto, se esperaba un presupuesto más ajustado. Sin embargo, el monto definitivo para 2027 aumentó un 16,1% respecto del aprobado para el año anterior.
Así, el monto total fijado es de 634,95 billones de pesos (unos 199.360 millones de dólares), aproximadamente 87,98 billones de pesos (27.630 millones de dólares) más que los 546,98 billones (171.810 millones de dólares) aprobados para 2026.
Pero reducir el gasto no es una alternativa sencilla, según explica el economista Jorge Coronel, entrevistado por Sputnik. A su juicio, el problema es estructural: el gasto público crece por encima de los ingresos y una parte mayoritaria de los recursos está comprometida por obligaciones constitucionales y legales.
Coronel estima que alrededor del 93% del gasto público corresponde a compromisos que el Estado está obligado a atender. Esta situación limita el margen de maniobra para reducir las erogaciones y corregir el desequilibrio fiscal. Por ello, considera que el debate no puede limitarse a anunciar recortes, sino que debe abordar cómo se financia el Estado y de qué manera se obtienen ingresos suficientes.
¿De dónde saldrá el dinero?
Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento de los recursos destinados al pago de la deuda pública.
Según la comparación de la sección presupuestaria de deuda nacional, estos pasaron de 97,19 billones de pesos (30.520 millones de dólares) en 2026 a 152,44 billones (47.860 millones de dólares) en 2027. La diferencia es de 55,25 billones de pesos (17.350 millones de dólares), un incremento nominal del 56,8%.
Esta cifra corresponde a la sección de deuda nacional del presupuesto. En la distribución consolidada del gasto, el servicio de la deuda asciende a 155,43 billones de pesos (48.800 millones de dólares) para 2027, frente a 100,4 billones (31.520 millones de dólares) en 2026. Ambas comparaciones muestran un aumento considerable de los recursos comprometidos para atender las obligaciones financieras del Estado.
Coronel advierte sobre los riesgos de este comportamiento si no se corrige el problema estructural de los ingresos públicos. "Nótese que es un presupuesto que se configuró a partir del pago de más deuda al año entrante y a partir de unos ingresos de deuda", señaló.
Según el experto, el Gobierno tenía dos alternativas principales para conseguir más recursos: aumentar los ingresos tributarios o recurrir al endeudamiento. Sin embargo, considera que financiar el presupuesto mediante deuda no sustituye una reforma tributaria ni resuelve de manera estructural los problemas de las finanzas públicas.
La discusión, por tanto, no se limita al tamaño del presupuesto, sino a la composición de sus fuentes de financiación y al margen que queda para atender otras necesidades.
Más presupuesto, pero menor inversión pública
El aumento del presupuesto general no se traduce en una expansión de la inversión pública. Mientras el total de recursos pasó de 546,98 billones de pesos (171.810 millones de dólares) en 2026 a 634,95 billones (199.360 millones de dólares) en 2027, la inversión quedó prácticamente estancada.
De acuerdo con la distribución definitiva, este rubro pasó de 88,4 billones de pesos (27.760 millones de dólares) en 2026 a 88,14 billones (27.670 millones de dólares) en 2027. Esto representa una disminución nominal de aproximadamente 260.000 millones de pesos (81,6 millones de dólares), equivalente al 0,3%.
La diferencia es relevante porque el presupuesto total crece un 16,1%, mientras que los recursos para inversión disminuyen ligeramente en términos nominales. En esta cifra influyó el error entre las dos versiones discutidas y aprobadas por la Cámara y el Senado.
Mientras el Congreso aprobó un presupuesto con mayores recursos en el rubro de la inversión social, el texto avalado en las primeras discusiones y que fue promulgado por decreto no lo contemplaba así.
Para el profesor universitario y economista César Torres, esta discrepancia en los textos pudo ser intencional como parte de una estrategia para dedicar más al pago del servicio de deuda. Así, advierte que reducir el margen disponible para la inversión y el gasto social puede tener consecuencias para los hogares de menores ingresos que dependen de ayudas públicas.
"El fondo del debate está en qué pasa con la economía de los estratos 1, 2 y 3. Este es un presupuesto que los desconoce y los aplasta y privilegia el bienestar de los estratos altos", argumentó.
Torres vincula esta situación con la ausencia de una reforma tributaria progresiva que aumente la contribución de quienes tienen mayores ingresos y patrimonio. A su juicio, la distribución de las cargas fiscales y de los recursos públicos profundiza las desigualdades entre los sectores sociales.
El economista describe este fenómeno como una "precarización de la economía": mientras las capas medias y populares afrontan condiciones cada vez más difíciles, las élites económicas mantienen una posición favorable. Para ilustrar su argumento, mencionó las utilidades del sector bancario, que, según cifras de la Superintendencia Financiera, alcanzaron los 10,12 billones de pesos (aproximadamente 3.180 millones de dólares) durante el primer semestre de 2026.
En este punto coinciden Torres y Coronel, quienes defienden una reforma tributaria progresiva como alternativa para fortalecer los ingresos públicos. Coronel plantea que una mayor contribución de los patrimonios y las rentas más altas permitiría reducir la dependencia del endeudamiento y atender las necesidades de financiación del Estado.
Coronel también advirtió sobre posibles recortes en transferencias monetarias y subsidios a las tarifas de energía, gas y vivienda. Según su análisis, estos cambios podrían afectar tanto a los hogares que dependen de las ayudas estatales como a pequeñas empresas.
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