El control migratorio "es uno de los mayores logros" del Gobierno de Kast en Chile
El control migratorio "es uno de los mayores logros" del Gobierno de Kast en Chile
Sputnik Mundo
Una nueva normativa aprobada por el Congreso permitirá al Gobierno de Chile acelerar la expulsión de migrantes irregulares. Expertos explicaron a Sputnik que... 23.10.2026, Sputnik Mundo
El Gobierno de José Antonio Kast logró que el Congreso apruebe una nueva normativa para acelerar los procesos de expulsión de migrantes irregulares, una de las principales metas del Ejecutivo en su intento por mejorar los índices de criminalidad.El último paso para que el proyecto quede en condiciones de convertirse en ley lo dio el Senado, que aprobó —con solo un voto en abstención— el texto, que otorga más facultades a los organismos que intervienen en la expulsión de migrantes que se encuentran en situación irregular.La reforma, por ejemplo, establece que los migrantes irregulares que sean imputados por delitos con penas menores a tres años podrán ser expulsados de inmediato, sin tener que aguardar un juicio. Además, la ley amplía de tres a cinco años el plazo por el que estos extranjeros no pueden volver a ingresar a territorio nacional. Si intentan hacerlo, aclara la norma, serán expulsados inmediatamente sin mayor trámite. También se extiende de cinco a 30 días el plazo que el Estado tiene para concretar la deportación una vez que el migrante es notificado.La nueva ley, defendida por el Gobierno de Kast y que entrará en vigor cuando sea promulgada, también introduce cambios en los procesos con la intención de eliminar algunas trabas que tanto las fuerzas de seguridad como el Servicio Nacional de Migraciones chilenos debían afrontar. A partir de la nueva reglamentación, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ingresar —con autorización judicial— a los domicilios de los migrantes que tengan orden de expulsión.Asimismo, se acorta de 10 a cinco días el plazo para que se puedan presentar reclamaciones contra el proceso de expulsión y se establece que solo pueda presentarla el propio afectado, eliminando la posibilidad de que lo hagan organizaciones o terceros.Nuevas formas de delincuenciaEl experto consignó que la criminalidad "no hay que enrostrarla solamente a los inmigrantes", pero advirtió que muchos extranjeros terminan asociándose con bandas criminales locales para desarrollar "nuevas formas de criminalidad" que no eran habituales en la nación sudamericana, como los secuestros o el sicariato.De hecho, un informe del Ministerio Público de septiembre de 2026 da cuenta de que el 24,7% de los imputados por delitos de secuestros fueron de nacionalidad extranjera, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela.Grandón remarcó que la legislación nacional se estaba "quedando obsoleta frente a las nuevas modalidades de criminalidad" y en muchos casos chocaba con la realidad, al otorgar solamente un plazo de cinco días para que el Estado pudiera concretar las expulsiones.En ese sentido, el experto diferenció los desafíos de seguridad que Chile mantiene hacia el interior con el éxito que el Gobierno de Kast ha tenido con el reforzamiento de controles en su frontera y que ha permitido reducir en más de un 90% el ingreso de migrantes irregulares.Grandón remarcó que el control fronterizo "está funcionando bien y es uno de los mayores logros que ha tenido el Gobierno", pero remarcó la importancia de trabajar con más ahínco sobre "la gente que ya está en el interior" y puede estar vinculada con organizaciones criminales.El problema de los recursosTambién consultado por Sputnik, Eduardo Labarca, asesor en materia de seguridad, valoró particularmente que se acorte el plazo para interponer reclamaciones ante los procesos de expulsión de migrantes, ya que muchas veces acababan siendo bloqueados por "organizaciones de derechos humanos". De hecho, el Servicio Nacional de Migraciones confirmó este año que hay 3.738 procesos de deportación frenados por este tipo de recursos.El experto también destacó la necesidad de controlar que los foráneos expulsados de Chile no vuelvan a ingresar, algo que sucede hasta el momento. A pesar de eso, y de acuerdo a cifras de Migraciones, Chile lleva 1.874 migrantes expulsados entre enero y octubre de 2026, tanto por procedimientos administrativos como por vía judicial. A lo anterior se suman unos 10.345 migrantes que, tras haber ingresado por pasos no habilitados, aceptaron cumplir "salidas voluntarias", abandonando el país antes de ser imputados. De acuerdo al Gobierno, el 79,7% de las más de 12.000 personas que dejaron el país en total son de nacionalidad venezolana.Una forma de "demostrar gestión"Por su parte, Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional y experta en seguridad, dijo a este medio que, más allá de la participación efectiva de extranjeros en los delitos, el Gobierno de Kast enfrenta el problema de "cómo demostrar gestión con la expulsión de migrantes", aun a pesar de que cumplir con las cifras de deportaciones lanzadas en campaña electoral sea una "promesa imposible".Así las cosas, la analista consideró que el nuevo marco legal le aporta al Gobierno de Kast la posibilidad de tener "mayor efectividad desde el punto de vista narrativo". La posibilidad de que la PDI pueda ingresar a las viviendas de los migrantes para detenerlos puede darle al Gobierno chileno "una mejor fotografía o cobertura en un noticiero".Cárdenas remarcó que "desde luego hay participación extranjera en el crimen organizado", llegando incluso a integrar la cúpula de varias organizaciones que operan en el país y que han importado nuevos delitos como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Sin embargo, advirtió que las expulsiones masivas impulsadas por el Gobierno terminarían operando "sobre el migrante que vino a trabajar" y no sobre los que están vinculados al crimen.
Una nueva normativa aprobada por el Congreso permitirá al Gobierno de Chile acelerar la expulsión de migrantes irregulares. Expertos explicaron a Sputnik que muchos de ellos terminaban participando de organizaciones criminales y que su expulsión permite a Kast "demostrar gestión".
El Gobierno de José Antonio Kast logró que el Congreso apruebe una nueva normativa para acelerar los procesos de expulsión de migrantes irregulares, una de las principales metas del Ejecutivo en su intento por mejorar los índices de criminalidad.
El último paso para que el proyecto quede en condiciones de convertirse en ley lo dio el Senado, que aprobó —con solo un voto en abstención— el texto, que otorga más facultades a los organismos que intervienen en la expulsión de migrantes que se encuentran en situación irregular.
La reforma, por ejemplo, establece que los migrantes irregulares que sean imputados por delitos con penas menores a tres años podrán ser expulsados de inmediato, sin tener que aguardar un juicio.
Además, la ley amplía de tres a cinco años el plazo por el que estos extranjeros no pueden volver a ingresar a territorio nacional. Si intentan hacerlo, aclara la norma, serán expulsados inmediatamente sin mayor trámite. También se extiende de cinco a 30 días el plazo que el Estado tiene para concretar la deportación una vez que el migrante es notificado.
La nueva ley, defendida por el Gobierno de Kast y que entrará en vigor cuando sea promulgada, también introduce cambios en los procesos con la intención de eliminar algunas trabas que tanto las fuerzas de seguridad como el Servicio Nacional de Migraciones chilenos debían afrontar. A partir de la nueva reglamentación, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ingresar —con autorización judicial— a los domicilios de los migrantes que tengan orden de expulsión.
Asimismo, se acorta de 10 a cinco días el plazo para que se puedan presentar reclamaciones contra el proceso de expulsión y se establece que solo pueda presentarla el propio afectado, eliminando la posibilidad de que lo hagan organizaciones o terceros.
Nuevas formas de delincuencia
"Problemas de seguridad originados por el flujo de inmigrantes ilegales no hay solamente en Chile, sino que es algo que está causando problemas en diferentes partes del mundo. Es lo que estamos viendo últimamente en Francia, Bélgica, Inglaterra o España", comentó a Sputnik el analista chileno en seguridad, Arturo Grandón.
El experto consignó que la criminalidad "no hay que enrostrarla solamente a los inmigrantes", pero advirtió que muchos extranjeros terminan asociándose con bandas criminales locales para desarrollar "nuevas formas de criminalidad" que no eran habituales en la nación sudamericana, como los secuestros o el sicariato.
De hecho, un informe del Ministerio Público de septiembre de 2026 da cuenta de que el 24,7% de los imputados por delitos de secuestros fueron de nacionalidad extranjera, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela.
Grandón remarcó que la legislación nacional se estaba "quedando obsoleta frente a las nuevas modalidades de criminalidad" y en muchos casos chocaba con la realidad, al otorgar solamente un plazo de cinco días para que el Estado pudiera concretar las expulsiones.
Grandón remarcó que el control fronterizo "está funcionando bien y es uno de los mayores logros que ha tenido el Gobierno", pero remarcó la importancia de trabajar con más ahínco sobre "la gente que ya está en el interior" y puede estar vinculada con organizaciones criminales.
El problema de los recursos
También consultado por Sputnik, Eduardo Labarca, asesor en materia de seguridad, valoró particularmente que se acorte el plazo para interponer reclamaciones ante los procesos de expulsión de migrantes, ya que muchas veces acababan siendo bloqueados por "organizaciones de derechos humanos". De hecho, el Servicio Nacional de Migraciones confirmó este año que hay 3.738 procesos de deportación frenados por este tipo de recursos.
"Hay un aceleramiento por parte del Gobierno, con herramientas para la Policía, pero también tiene que haber un acuerdo con el Poder Judicial para que no cualquier persona pueda presentar un subterfugio para que una persona o un grupo criminal no pueda ser expulsado", remarcó Labarca.
El experto también destacó la necesidad de controlar que los foráneos expulsados de Chile no vuelvan a ingresar, algo que sucede hasta el momento. A pesar de eso, y de acuerdo a cifras de Migraciones, Chile lleva 1.874 migrantes expulsados entre enero y octubre de 2026, tanto por procedimientos administrativos como por vía judicial.
A lo anterior se suman unos 10.345 migrantes que, tras haber ingresado por pasos no habilitados, aceptaron cumplir "salidas voluntarias", abandonando el país antes de ser imputados. De acuerdo al Gobierno, el 79,7% de las más de 12.000 personas que dejaron el país en total son de nacionalidad venezolana.
Una forma de "demostrar gestión"
Por su parte, Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional y experta en seguridad, dijo a este medio que, más allá de la participación efectiva de extranjeros en los delitos, el Gobierno de Kast enfrenta el problema de "cómo demostrar gestión con la expulsión de migrantes", aun a pesar de que cumplir con las cifras de deportaciones lanzadas en campaña electoral sea una "promesa imposible".
Así las cosas, la analista consideró que el nuevo marco legal le aporta al Gobierno de Kast la posibilidad de tener "mayor efectividad desde el punto de vista narrativo". La posibilidad de que la PDI pueda ingresar a las viviendas de los migrantes para detenerlos puede darle al Gobierno chileno "una mejor fotografía o cobertura en un noticiero".
Cárdenas remarcó que "desde luego hay participación extranjera en el crimen organizado", llegando incluso a integrar la cúpula de varias organizaciones que operan en el país y que han importado nuevos delitos como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Sin embargo, advirtió que las expulsiones masivas impulsadas por el Gobierno terminarían operando "sobre el migrante que vino a trabajar" y no sobre los que están vinculados al crimen.
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