Mar Blanco 102: ¿Cómo es sobrevivir a un intento de despojo en la Ciudad de México?
La capital mexicana registra un gran número de casos donde la gente se queda sin vivienda.
"Me lastimaron mis rodillas y a mi hija, por los golpes que le dieron con los mazos, se le hizo una bola en la muñeca", cuenta una víctima de despojo mediante fraude procesal en la capital del país latinoamericano.
Gloria Dorador lleva un año sin ver a su hija Lizbeth. Desde el 2 de octubre de 2025, la tercera de sus hijas no ha puesto un pie fuera de su casa para impedir que sea tomada por los invasores que, ese día, llegaron con mazos, machetes y armas de fuego para desalojarlas a ella y a su madre del predio ubicado en el número 102 de la calle Mar Blanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo (poniente) de la Ciudad de México.
Eran aproximadamente las 9:30 horas locales (15:30 GMT) cuando un grupo de hombres con el rostro cubierto, más de 150, de acuerdo con Dorador, arribó para sacarlas de la vivienda a punta de golpes y amenazas de muerte.
Gloria Dorador, víctima de despojo
"En mi vida había visto una pistola (...). La verdad, en el momento me puse muy altanera, pero ya después esta mano parecía que no la podía controlar, la tenía que estar agarrando. Empezaba a hablar y no podía dejar de llorar y ahorita, no lo niego, siento un nudo en la garganta horrible, porque revivir todo esto es muy feo", relata la señora en charla para Sputnik.
Al no lograr su cometido por la resistencia que opusieron madre e hija, los invasores rompieron las puertas aledañas, sacaron los muebles que repartieron en dos vehículos, se instalaron en los departamentos contiguos y, desde entonces, viven ahí.
"En el momento que levantamos el acta, [las autoridades] me dijeron: si ella [Lizbeth] pone un pie fuera de su casa, le está entregando toda la propiedad a los invasores que están allá adentro", cuenta Dorador y asegura que su hija, ingeniera geofísica de 47 años, "ha estado encerrada todo el tiempo ahí adentro y nadie la toma en cuenta".
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Campamento en el que Gloria y su nieto Santiago resisten
© Sputnik / Alberto González
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Dorador lleva un año sin ver a su hija Lizbeth. Desde el 2 de octubre de 2025, la tercera de sus hijas no ha puesto un pie fuera de su casa para impedir que sea tomada por los invasores que, ese día, llegaron con mazos, machetes y armas de fuego para desalojarlas a ella y a su madre del predio ubicado en el número 102 de la calle Mar Blanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo (poniente) de la Ciudad de México.
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Dorador lleva un año sin ver a su hija Lizbeth. Desde el 2 de octubre de 2025, la tercera de sus hijas no ha puesto un pie fuera de su casa para impedir que sea tomada por los invasores que, ese día, llegaron con mazos, machetes y armas de fuego para desalojarlas a ella y a su madre del predio ubicado en el número 102 de la calle Mar Blanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo (poniente) de la Ciudad de México.
© Sputnik / Alberto González
A partir de ese día, como un acto de resistencia pacífica, la adulta mayor y su nieto Santiago mantienen un campamento en la calle, soportando toda clase de adversidades: desde inundaciones y el maltrato de sus vecinos, hasta hostigamiento de parte de funcionarios de la alcaldía y amenazas de muerte.
Si bien hace aproximadamente dos meses cambiaron el toldo de plástico por una suerte de barracón provisional de madera, resistir en estas condiciones ha sido muy duro, dice Dorador, que en abril cumplió 69 años. Tras el intento de despojo, no solamente le cortaron el agua y los servicios básicos. Cuando llegan las épocas de frío o de lluvias, por la humedad, necesita tomar un medicamento "para poder medio caminar y aguantar los dolores" de su columna.
Varios años atrás, fue sometida a una operación en la que, como consecuencia de un accidente, le extirparon dos vértebras, la L4 y la L5, porque se le fracturaron.
"Es duro, sí. He perdido mucho", admite, y cuenta que, "con la golpiza que nos metieron [a ella y a su hija el día del desalojo], ahorita tengo muy mal la rodilla, por eso prácticamente me la paso sentada y camino lo menos que se pueda".
A los efectos en su salud física se suma el desgaste anímico que implica sobrevivir a un intento de despojo con violencia. "De repente estoy muy bien, de repente tengo bajones muy fuertes y mi depresión no me deja. De por sí me estaba yo apenas levantando de la muerte de mi esposo", rememora Gloria sin poder contener las lágrimas.
Aunque trató de acudir a terapia psicológica para ocuparse de su salud mental, las tres veces que le dieron cita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) —seguro con el que cuenta por su fallecido esposo—, por una u otra razón, jamás la atendieron.
El origen
Dorador y su esposo, el señor Armando Benigno Ávila Lechuga, llegaron a Mar Blanco 102 en 1981. Corría el penúltimo año del gobierno de José López Portillo (1976-1982) y el país atravesaba una tormenta económica y política originada por la caída de los precios internacionales del petróleo y la pérdida de clientes del hidrocarburo.
Ante la crisis económica, la alta inflación y la drástica devaluación del peso frente al dólar, en aquella época la población se organizó de forma colectiva, logrando que el Estado elevara a rango constitucional el derecho a la vivienda. Fue en ese contexto que Benigno negoció con la dueña del inmueble, María de la Luz Lerma, para que le vendiera su propiedad.
Ella accedió y acordaron un esquema de pagos que inició con un enganche que el matrimonio juntó al sumar una herencia que Gloria recibió de un tío y los ahorros de su esposo. Sin embargo, Lerma falleció en 1985, unos meses antes del sismo del 19 de septiembre, por lo que no alcanzaron a concluir el trámite de compraventa y se quedaron solo con una carta.
Entonces apareció Mario Carlos Gaitán, hijo del jardinero que laboraba en el inmueble, que se autoproclamó dueño de la vivienda, alegando que Lerma nunca se casó ni tuvo hijos, lo que, según él, lo convertía automáticamente en "el más allegado" a la difunta. El caso terminó en un juicio.
En ese proceso, el juez ordenó al matrimonio seguir pagando la renta y a Gaitán le solicitó los papeles para demostrar ser el propietario legítimo. Dos años después, jamás presentó ningún documento y, al revisar en el Registro Público de la Propiedad, Lerma apareció como dueña.
Con esa evidencia, entre 1986 y 1987, la pareja se fue a un juicio de usucapión y, en primera y segunda instancia, ganó la adscripción positiva. Sin embargo, unos 10 años después, alrededor de 1997, Gaitán vendió el predio a una mujer de nombre Aurora y a otros vecinos.
En 2016, cuando falleció el marido de Dorador, Aurora la amenazó con sacarla de la vivienda y, pese a que ella ofreció llegar a un acuerdo para que cada vecino formalizara las escrituras de su departamento, la demandaron.
16 de agosto 2024, 22:58 GMT
Juicio apócrifo y fraude procesal
Santiago, el nieto de Dorador que hace guardias todas las noches en el campamento, cuenta a Sputnik que el supuesto juicio que derivó en el desalojo se realizó en el Juzgado 25 del Registro Civil de la Ciudad de México.
Sin embargo, asegura que su abuela jamás fue notificada ni del proceso legal en su contra ni de la orden de desalojo. "Aquí ya llegaron con la orden de romper candados, no le enseñaron ninguna orden de desalojo a nadie", relata el también hispanista.
Con esta información y el nombre de la actuaria que el 2 de octubre apareció a las 10 de la mañana (16:00 GMT) para ordenarle a los cargadores que sacaran a Gloria fuera como fuera, añade el joven, el 8 de noviembre de 2025 enviaron un oficio al juzgado en el que solicitaron cualquier expediente del juicio de desalojo relacionado con Mar Blanco 102 y con el nombre de su abuela.
Dos meses después, las autoridades del tribunal con sede en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital, reviraron que necesitaban el número del documento y el nombre de las personas implicadas. "Fue como de: te estamos pidiendo el expediente porque es lo que no tenemos, no se nos dio el acceso a la justicia", remarca Santiago y precisa que, hasta la fecha, no han recibido nada por parte del juzgado.
Pero la ignominia de la historia no se termina aquí. Al tratar de rastrear por su cuenta el documento, Santiago y su abuela consiguieron el contrato apócrifo de compraventa que presuntamente se celebró en el año 2013, en la ciudad de Oaxaca (suroeste), "entre la persona que se proclama dueña ahorita, que no ha dado la cara, y la dueña, que había muerto en el 85".
"Supuestamente, una muerta le vendió a un señor que no ha dado la cara, en 2013, este predio. Y por una cantidad ridícula. Ya se demostró que es un fraude procesal", relata el joven.
El laberinto burocrático
A pesar de las pruebas, dice Dorador, "nos traen vuelta y vuelta". Si bien se han reunido con autoridades del Instituto de Vivienda —que les otorga un apoyo para renta de 4.000 pesos mensuales (219,67 dólares)— y de la Mesa de Atención contra el Despojo que implementó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender la problemática que solo en 2025 afectó a 3.568 personas, según datos de la Fiscalía General de Justicia local obtenidos por este medio, hasta la fecha el proceso está estancado.
"Se supone que, desde la Mesa contra el Despojo y desde la jefatura de Gobierno, dijeron que Mar Blanco, así como Cuba 11, estaban dentro de las cinco prioridades para expropiación este año dentro del Gobierno de la Ciudad", sostiene Santiago.
En diálogo con Sputnik, Arturo Aparicio, abogado especialista en derecho a la vivienda que acompañó a los desalojados del edificio de República de Cuba 11, en el centro histórico de la Ciudad de México, explica que, para las autoridades, es más fácil perseguir el fraude procesal cuando hay escrituras que acrediten la legítima propiedad del inmueble.
Sin embargo, precisa el litigante, la situación se complica cuando se es propietario sin título. Mientras que, en casos como el de Mar Blanco 102 o República de Cuba 11, "la persecución del fraude procesal está a un abismo de distancia" debido a que involucra a personas que, en su mayoría, fueron inquilinos y el propietario falleció.
"Les siguieron rentando algunas personas; después se desentendieron y el inmueble quedó prácticamente en abandono. Y esas personas, como tienen contrato de arrendamiento, no pueden demandar como tal la usucapión", explica Aparicio.
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La usucapión es un derecho de prescripción que tienen las personas para hacerse de un predio que está en abandono, al cual llegaron de forma pacífica, lo cuidaron y le dieron mantenimiento como si fuera propio, pero que no hubo una relación contractual de por medio, detalla el abogado.
A lo anterior se suma que, aunque la legislación sí reconoce y respeta el derecho a la posesión —que garantiza que una persona puede ocupar y poseer un inmueble—, "la tradición jurídica en México y en el mundo siempre ha beneficiado el derecho a la propiedad", dice el defensor. Esto significa que, "si eres poseedor, la legislación no es protectora en ese punto".
¿Es suficiente la estrategia del gobierno?
Ante la magnitud y diversidad de los casos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha impulsado una estrategia que, entre otras cosas, contempla el fortalecimiento institucional, iniciativas de reformas para aumentar las penas por este delito y establecer un blindaje contra la corrupción y el uso de documentos apócrifos para proteger a las personas, su patrimonio y sus derechos.
Al respecto, Aparicio pondera que este plan sigue poniendo en el centro a la propiedad privada, mientras soslaya que "la mayoría de la gente" no cuenta con este tipo de inmueble.
"¿Por qué está avanzando más el tema de despojos que el inquilinario, el de control de rentas, el de desalojos? Porque hace más ruido", señala.
Agrega que hay casos en los que las personas quizá tengan derechos de propiedad porque heredaron, pero los inmuebles que habitan permanecen intestados y sin regularizar, lo que conlleva un grado de vulnerabilidad mayor y los hace susceptibles al fraude procesal. Si bien el Gobierno ha promovido programas de escrituración, "no se sigue atendiendo el problema de fondo, que es que la mayoría de la gente no es propietaria".
Ahora bien, el abogado argumenta que el delito de despojo es atractivo por la especulación inmobiliaria, "porque es muy atractivo para la gente hacerse de propiedades a bajo costo, porque los va a vender a un costo muy alto".
"Por muchas sanciones, por muchas regularizaciones de predios, no vas a frenar el despojo mientras sea atractivo monetariamente especular o hacerse con los inmuebles", remarca el litigante.
En ese sentido, Aparicio defiende que "donde debería estar atacando realmente el Gobierno es el precio de adquisición del suelo y de renta del suelo".
"Si tú matas la especulación, no vas a resolver el tema del despojo, pero sí lo vas a disminuir. Y no solo [ese delito], sino el de desalojos ilegales o el de despojos disfrazados de desalojos o desalojos violatorios de derechos humanos", estima.
9 de septiembre 2025, 08:15 GMT
La solidaridad inesperada
Durante casi 40 años, Dorador se dedicó a dar clases de catecismo. Entre sus estudiantes se cuentan numerosos jóvenes en situación de calle que, tras enterarse de la injusticia que ha vivido, acuden a visitarla de vez en cuando en el campamento para expresarle su solidaridad.
"Eso, para mí, vale oro, hija. Porque yo los traté hace años y ahorita están conmigo", comparte la adulta mayor.
Y añade que, en estos días, va a comenzar a pintar una corona de cerámica para celebrar la Navidad.
"Me habrán podido robar mi casa, mi tranquilidad, pero mi alegría y mis ganas de vivir no me las van a quitar", subraya.
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21:17 GMT 02.10.2026
(actualizado: 22:12 GMT 02.10.2026)
