¿Posicionamiento de narrativas políticas?: los claroscuros de los casos contra exfuncionarios de Ecuador
¿Posicionamiento de narrativas políticas?: los claroscuros de los casos contra exfuncionarios de Ecuador
Sputnik Mundo
En una semana, el ojo público de Ecuador se concentró en dos figuras. Por un lado, el expresidente Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por... 05.09.2026, Sputnik Mundo
Sputnik conversó con expertos sobre qué interpretación puede realizarse sobre la justicia ecuatoriana partiendo de la manera en que ambos casos han sido llevados adelante. Para los expertos, el juzgamiento a exmandatarios y ministros evidencia problemas de fondo en la administración de justicia de la región.El caso SinohydroLa Fiscalía General del Estado acusó a 21 personas por la recepción de aproximadamente 76 millones de dólares en comisiones ilegales, en un caso denominado Sinohydro, presunta red de corrupción alrededor de un proyecto hidroeléctrico. Un tribunal de la Corte Nacional declaró culpables a 20 imputados.Para Diego José Donoso, doctor en Ciencias Políticas, la condena de Moreno encierra una paradoja política sobre las rupturas del poder."Durante mucho tiempo se catalogó al expresidente Moreno de traición al proyecto político del correísmo; entonces, si lo vemos en ese sentido, quien rompe con el correísmo está siendo condenado en este momento por el accionar que él tuvo justamente durante esa época. A Lenín Moreno se le está juzgando no por acciones de su Gobierno", analiza el politólogo ecuatoriano en entrevista con Sputnik.Donoso añade que "la lectura desde el Gobierno actual va a ser en contra de todas estas irregulares e ilegales que se dieron de toda esta estructura política a la interna de la Revolución Ciudadana". Sin embargo, desde la doctrina penal se advierten reparos sobre la fundamentación jurídica utilizada para atribuir responsabilidad a Moreno.Nicolás Díaz Torres, especialista en derecho penal, desglosa la exigencia dogmática del delito.Díaz explica que el argumento central de la defensa del exmandatario radica en su falta de competencia directa en la adjudicación de la obra durante su periodo como vicepresidente. Además, aclara que la condena no implica un encarcelamiento inmediato, tiene varios recursos jurídicos incluyendo el extraordinario de casación, por ende, el proceso aún no ha finalizado.De ministro del Interior a un acusadoEl 9 de agosto de 2023, apenas 11 días después del inicio del proceso electoral, Ecuador sufrió un remezón político e institucional con el magnicidio de Fernando Villavicencio. El candidato a la Presidencia de la República fue acribillado a la salida de un mitin de campaña en el norte de Quito, en un ataque armado que dejó además múltiples heridos y sumió los comicios en una inédita crisis de seguridad.José Serrano era la figura central del Gobierno de Rafael Correa; fue ministro del Interior del 2011 al 2016 y fue quien articuló la política de seguridad y de inteligencia. Tras su detención y deportación desde territorio estadounidense, la orden de privación de libertad dictada en la investigación por el crimen de Villavicencio fue ejecutada inmediatamente.Donoso explica que existe un impacto simbólico porque marca un giro en los juzgamientos a exautoridades del sector de la seguridad.El politólogo añade que desde el debate político se intentará asociar este juzgamiento con decisiones tomadas en la última década."Se lo está tratando de vincular con lo que fue el proceso de pacificación o el proceso de reinserción social que se dio durante la época entre el 2009 y luego en el 2011, cuando se permitió que en esa época a lo que vendrían a ser pandillas —no se les consideraba como grupos de delincuencia organizada— se las transforme a organizaciones sociales y tengan personería jurídica, grupos como los Latin Kings, entre otros", relata el experto.¿Ha crecido la confianza en la justicia?"¿Estamos observando procedimientos judiciales que se han estructurado durante años y que están llegando a fases de investigación, indagación y sentencia, o estamos viendo el posicionamiento de narrativas políticas que lo que buscan es desacreditar a ciertos personajes que posiblemente hace algunos años podrían haber parecido casi intocables?", cuestiona Donoso.Para el experto, este primer punto es importante porque las acciones políticas del pasado no quedan archivadas o no quedan olvidadas, sino que ahora muchos de estos políticos están compareciendo ante tribunales y siendo observados.Según un informe de la Asamblea Nacional del Ecuador, presentado en mayo del 2026, apenas el 21% de los ecuatorianos confía en el sistema judicial y que, según Latinobarómetro, solo el 7,7% mantiene confianza en el Consejo de la Judicatura.Por su parte, Díaz Torres concluye que el respeto al debido proceso es la única garantía para evitar que la justicia sea instrumentalizada y sirve de espejo para otros funcionarios."Nuestro sistema judicial ha sido bastante cuestionado por precisamente estas influencias por parte de otros poderes. El espejo de José Serrano nos manda una enseñanza a todos de que el poder no es eterno, el poder se termina", dice el abogado penalista.
En una semana, el ojo público de Ecuador se concentró en dos figuras. Por un lado, el expresidente Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por cohecho en el caso Sinohydro. En tanto, el exministro del Interior, José Serrano, fue deportado desde EEUU por su presunta vinculación en el magnicidio del excandidato Fernando Villavicencio.
Sputnik conversó con expertos sobre qué interpretación puede realizarse sobre la justicia ecuatoriana partiendo de la manera en que ambos casos han sido llevados adelante. Para los expertos, el juzgamiento a exmandatarios y ministros evidencia problemas de fondo en la administración de justicia de la región.
El caso Sinohydro
La Fiscalía General del Estado acusó a 21 personas por la recepción de aproximadamente 76 millones de dólares en comisiones ilegales, en un caso denominado Sinohydro, presunta red de corrupción alrededor de un proyecto hidroeléctrico. Un tribunal de la Corte Nacional declaró culpables a 20 imputados.
Para Diego José Donoso, doctor en Ciencias Políticas, la condena de Moreno encierra una paradoja política sobre las rupturas del poder.
"Durante mucho tiempo se catalogó al expresidente Moreno de traición al proyecto político del correísmo; entonces, si lo vemos en ese sentido, quien rompe con el correísmo está siendo condenado en este momento por el accionar que él tuvo justamente durante esa época. A Lenín Moreno se le está juzgando no por acciones de su Gobierno", analiza el politólogo ecuatoriano en entrevista con Sputnik.
Donoso añade que "la lectura desde el Gobierno actual va a ser en contra de todas estas irregulares e ilegales que se dieron de toda esta estructura política a la interna de la Revolución Ciudadana". Sin embargo, desde la doctrina penal se advierten reparos sobre la fundamentación jurídica utilizada para atribuir responsabilidad a Moreno.
Nicolás Díaz Torres, especialista en derecho penal, desglosa la exigencia dogmática del delito.
"Para que se configure el delito de cohecho no basta en realidad que la persona sea funcionario público y haya recibido un dinero. Se configura cuando el funcionario público recibe el dinero y hace o no hace algo que está dentro de sus funciones," detalla para Sputnik.
Díaz explica que el argumento central de la defensa del exmandatario radica en su falta de competencia directa en la adjudicación de la obra durante su periodo como vicepresidente. Además, aclara que la condena no implica un encarcelamiento inmediato, tiene varios recursos jurídicos incluyendo el extraordinario de casación, por ende, el proceso aún no ha finalizado.
De ministro del Interior a un acusado
El 9 de agosto de 2023, apenas 11 días después del inicio del proceso electoral, Ecuador sufrió un remezón político e institucional con el magnicidio de Fernando Villavicencio. El candidato a la Presidencia de la República fue acribillado a la salida de un mitin de campaña en el norte de Quito, en un ataque armado que dejó además múltiples heridos y sumió los comicios en una inédita crisis de seguridad.
José Serrano era la figura central del Gobierno de Rafael Correa; fue ministro del Interior del 2011 al 2016 y fue quien articuló la política de seguridad y de inteligencia. Tras su detención y deportación desde territorio estadounidense, la orden de privación de libertad dictada en la investigación por el crimen de Villavicencio fue ejecutada inmediatamente.
Donoso explica que existe un impacto simbólico porque marca un giro en los juzgamientos a exautoridades del sector de la seguridad.
"Quien durante años dirigía todo el aparataje de la seguridad del Estado es quien ahora está compareciendo y está siendo huésped de su propio sistema", compara.
El politólogo añade que desde el debate político se intentará asociar este juzgamiento con decisiones tomadas en la última década.
"Se lo está tratando de vincular con lo que fue el proceso de pacificación o el proceso de reinserción social que se dio durante la época entre el 2009 y luego en el 2011, cuando se permitió que en esa época a lo que vendrían a ser pandillas —no se les consideraba como grupos de delincuencia organizada— se las transforme a organizaciones sociales y tengan personería jurídica, grupos como los Latin Kings, entre otros", relata el experto.
¿Ha crecido la confianza en la justicia?
"¿Estamos observando procedimientos judiciales que se han estructurado durante años y que están llegando a fases de investigación, indagación y sentencia, o estamos viendo el posicionamiento de narrativas políticas que lo que buscan es desacreditar a ciertos personajes que posiblemente hace algunos años podrían haber parecido casi intocables?", cuestiona Donoso.
Para el experto, este primer punto es importante porque las acciones políticas del pasado no quedan archivadas o no quedan olvidadas, sino que ahora muchos de estos políticos están compareciendo ante tribunales y siendo observados.
"El sistema judicial actualmente no cuenta con los elementos suficientes; las acciones de un Gobierno se juzgan siempre que no tenga el poder o no tenga la influencia política", recalca Donoso.
Según un informe de la Asamblea Nacional del Ecuador, presentado en mayo del 2026, apenas el 21% de los ecuatorianos confía en el sistema judicial y que, según Latinobarómetro, solo el 7,7% mantiene confianza en el Consejo de la Judicatura.
Por su parte, Díaz Torres concluye que el respeto al debido proceso es la única garantía para evitar que la justicia sea instrumentalizada y sirve de espejo para otros funcionarios.
"Nuestro sistema judicial ha sido bastante cuestionado por precisamente estas influencias por parte de otros poderes. El espejo de José Serrano nos manda una enseñanza a todos de que el poder no es eterno, el poder se termina", dice el abogado penalista.
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