Facultades legislativas para atender crimen y economía en Perú "no son carta en blanco" para Fujimori: analista
Facultades legislativas para atender crimen y economía en Perú "no son carta en blanco" para Fujimori: analista
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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inicia su gestión pidiendo "facultades legislativas" al Congreso para poder adoptar medidas urgentes en materia de... 31.07.2026, Sputnik Mundo
En la primera sesión del Consejo de Ministros de la era Fujimori, el Gobierno estudió un proyecto de decreto supremo que enviará al Congreso para obtener poderes especiales que le permitan, por 120 días, aprobar normas vinculadas a "la seguridad ciudadana, el empleo y la modernización del Estado en beneficio del país".Según recoge el medio peruano RPP, el proyecto adelanta que la Administración peruana prevé realizar "una reestructuración profunda del sistema penitenciario", incorporando a las Fuerzas Armadas en la "dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo" en las cárceles del país. Además, podría habilitar la participación de privados en la gestión de centros de rehabilitación.Pero, además, el Ejecutivo también prevé adoptar medidas para el mercado laboral, en busca de dar "mayor flexibilidad" a la relación entre empresas y trabajadores, permitiendo los acuerdos individuales en la negociación colectiva y estableciendo modificaciones en los regímenes de vacaciones y horas extra.Medidas de impactoEn diálogo con Sputnik, la analista política Noelia Chávez apuntó que el de Keiko Fujimori "parece ser un Gobierno que busca imprimir una imagen de rapidez de ejecución y de gestión desde el inicio", no tanto por la apelación a un proyecto de estas características sino por presentarlo apenas horas después de la asunción y con medidas "contundentes" en temas sensibles para los peruanos.De todas maneras, la herramienta a la que apela Fujimori no es una novedad en el país sudamericano, sino que ha sido utilizada por prácticamente todos los presidentes que pasaron por la Casa de Pizarro en los últimos años.Al respecto, el abogado constitucionalista Erick Urbina explicó a Sputnik que se ha vuelto una costumbre en Perú que los Congresos otorguen estas facultades legislativas a los Ejecutivos durante los primeros meses de gestión y que su implementación está enteramente regulada por la Carta Magna peruana.Urbina diferenció este tipo de herramientas de los "estados de emergencia" que en los últimos años se han utilizado en localidades o barrios del país en el marco del combate a delitos como el sicariato o la extorsión. A diferencia de esos escenarios, los actos legislativos aprobados durante el período de facultades legislativas deberán luego "ser revisados por el Poder Legislativo".Lo que representaChávez, por su parte, desestimó que el solo hecho de que el Ejecutivo solicite facultades legislativas pueda constituir un "riesgo" institucional, debido a la capacidad de controles y contrapesos en el sistema peruano. De todas maneras, advirtió que los problemas pueden aparecer dependiendo de "qué tan amplias sean las materias delegadas" y de cómo "van a ser ejecutados esos decretos legislativos".La experta recordó que el proyecto en manos del Gobierno de Fujimori está centrado en "temas muy controversiales" como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y reformas a la normativa laboral en busca de una mayor "flexibilidad", por lo que será fundamental "la calidad del control parlamentario" que ocurra una vez culminado el plazo delegado.Chávez remarcó que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, ha manejado cierto "blindaje" en los organismos de control durante los últimos años pero, producto de la paridad de las últimas elecciones, no tiene el apoyo que esperaba en el Legislativo y particularmente en la Cámara de Diputados, donde podría encontrar resistencias.Urbina, en tanto, aclaró que las facultades legislativas que reciba el Gobierno de Fujimori sí le permitirán a las Fuerzas Armadas tener el control carcelario, pero no encargarse de la seguridad interior de manera permanente, para lo cual requerirían "una reforma de la Constitución".En cualquier caso, ratificó el constitucionalista, las facultades delegadas que reciba Fujimori "no son una carta en blanco" para la mandataria, que no escapará del control parlamentario.El difícil rol de "salvadora"Chávez observó que Fujimori puede encontrarse con problemas si no consigue resultados en corto tiempo en materia de seguridad, por lo que "es probable que veamos muy rápidamente operativos en cárceles, reordenamientos de infraestructuras u operativos que den la impresión de que se está luchando contra el crimen organizado".Por ese motivo, apuntó que Keiko Fujimori puede comenzar por buscar "golpes cosméticos" en materia de seguridad durante sus primeros meses de gestión.Para la experta, la nueva presidenta peruana se enfrenta al dilema de colocarse como "salvadora" desde una primera magistratura que "su propio partido ha deteriorado" durante los últimos años con frecuentes pedidos de destitución.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inicia su gestión pidiendo "facultades legislativas" al Congreso para poder adoptar medidas urgentes en materia de seguridad y mercado laboral. Expertos consultados por Sputnik explicaron de qué se trata este mecanismo y subrayaron la importancia de que obtenga resultados en el corto plazo.
En la primera sesión del Consejo de Ministros de la era Fujimori, el Gobierno estudió un proyecto de decreto supremo que enviará al Congreso para obtener poderes especiales que le permitan, por 120 días, aprobar normas vinculadas a "la seguridad ciudadana, el empleo y la modernización del Estado en beneficio del país".
Según recoge el medio peruano RPP, el proyecto adelanta que la Administración peruana prevé realizar "una reestructuración profunda del sistema penitenciario", incorporando a las Fuerzas Armadas en la "dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo" en las cárceles del país. Además, podría habilitar la participación de privados en la gestión de centros de rehabilitación.
Pero, además, el Ejecutivo también prevé adoptar medidas para el mercado laboral, en busca de dar "mayor flexibilidad" a la relación entre empresas y trabajadores, permitiendo los acuerdos individuales en la negociación colectiva y estableciendo modificaciones en los regímenes de vacaciones y horas extra.
En diálogo con Sputnik, la analista política Noelia Chávez apuntó que el de Keiko Fujimori "parece ser un Gobierno que busca imprimir una imagen de rapidez de ejecución y de gestión desde el inicio", no tanto por la apelación a un proyecto de estas características sino por presentarlo apenas horas después de la asunción y con medidas "contundentes" en temas sensibles para los peruanos.
"El mensaje que ha dado Keiko Fujimori en su discurso a la Nación es el de un Gobierno con una impronta gestora, ejecutora, que va a tener resultados rápidos para resolver la 'catástrofe' que ha llegado a sus manos", explicó Chávez, socióloga y candidata a doctora en Ciencia Política.
De todas maneras, la herramienta a la que apela Fujimori no es una novedad en el país sudamericano, sino que ha sido utilizada por prácticamente todos los presidentes que pasaron por la Casa de Pizarro en los últimos años.
Al respecto, el abogado constitucionalista Erick Urbina explicó a Sputnik que se ha vuelto una costumbre en Perú que los Congresos otorguen estas facultades legislativas a los Ejecutivos durante los primeros meses de gestión y que su implementación está enteramente regulada por la Carta Magna peruana.
"Las facultades legislativas no pueden exceder el tiempo previsto inicialmente ni tampoco la materia para la que ha sido otorgada. Se tienen que circunscribir estrictamente a la materia y el tiempo y cualquier norma que se apruebe fuera de esos criterios es una norma inválida", precisó el jurista y miembro del instituto de investigación Aklla.
Urbina diferenció este tipo de herramientas de los "estados de emergencia" que en los últimos años se han utilizado en localidades o barrios del país en el marco del combate a delitos como el sicariato o la extorsión. A diferencia de esos escenarios, los actos legislativos aprobados durante el período de facultades legislativas deberán luego "ser revisados por el Poder Legislativo".
Lo que representa
Chávez, por su parte, desestimó que el solo hecho de que el Ejecutivo solicite facultades legislativas pueda constituir un "riesgo" institucional, debido a la capacidad de controles y contrapesos en el sistema peruano. De todas maneras, advirtió que los problemas pueden aparecer dependiendo de "qué tan amplias sean las materias delegadas" y de cómo "van a ser ejecutados esos decretos legislativos".
La experta recordó que el proyecto en manos del Gobierno de Fujimori está centrado en "temas muy controversiales" como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y reformas a la normativa laboral en busca de una mayor "flexibilidad", por lo que será fundamental "la calidad del control parlamentario" que ocurra una vez culminado el plazo delegado.
Chávez remarcó que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, ha manejado cierto "blindaje" en los organismos de control durante los últimos años pero, producto de la paridad de las últimas elecciones, no tiene el apoyo que esperaba en el Legislativo y particularmente en la Cámara de Diputados, donde podría encontrar resistencias.
"El único contrapeso fuerte esté en el Congreso y ahora mismo, la duda es si la Cámara de Diputados va a ponerse firme en aprobar esas facultades legislativas, o terminará decidiendo que solo el Congreso sea el que legisle en esas materias", profundizó.
Urbina, en tanto, aclaró que las facultades legislativas que reciba el Gobierno de Fujimori sí le permitirán a las Fuerzas Armadas tener el control carcelario, pero no encargarse de la seguridad interior de manera permanente, para lo cual requerirían "una reforma de la Constitución".
En cualquier caso, ratificó el constitucionalista, las facultades delegadas que reciba Fujimori "no son una carta en blanco" para la mandataria, que no escapará del control parlamentario.
Chávez observó que Fujimori puede encontrarse con problemas si no consigue resultados en corto tiempo en materia de seguridad, por lo que "es probable que veamos muy rápidamente operativos en cárceles, reordenamientos de infraestructuras u operativos que den la impresión de que se está luchando contra el crimen organizado".
Sin embargo, enfatizó la analista, la mandataria se enfrenta a "una meta que no es cosa sencilla" en un campo en el que "si uno quiere obtener resultados sustantivos requiere un tiempo de maduración".
Por ese motivo, apuntó que Keiko Fujimori puede comenzar por buscar "golpes cosméticos" en materia de seguridad durante sus primeros meses de gestión.
Para la experta, la nueva presidenta peruana se enfrenta al dilema de colocarse como "salvadora" desde una primera magistratura que "su propio partido ha deteriorado" durante los últimos años con frecuentes pedidos de destitución.
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