Enfrentamientos entre bandas suman al incremento de homicidios en Uruguay, advierten expertos
03:40 GMT 23.07.2026 (actualizado: 04:21 GMT 23.07.2026)
© Foto : X / @Minterioruy
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Los homicidios aumentaron 6% en Uruguay, según cifras oficiales, que también advierten sobre el alto uso de armas de fuego y el incremento de asesinatos de menores de edad. Expertos consultados por Sputnik señalaron a las características particulares del crimen organizado en el país, detrás de la "paradoja" registrada en lo que va de 2026.
A pesar de que muchos de los tipos de delitos aparecen a la baja en las cifras oficiales, Uruguay sigue teniendo a la alta tasa de homicidios como uno de los principales problemas para la seguridad ciudadana.
En efecto, el último informe presentado por el Ministerio del Interior local indica que, finalizado el primer semestre del año, se registraron 195 homicidios, un 6,6% más que en el mismo período de 2025. Se trata del dato más alto para los primeros seis meses registrado desde 2018 y representa un avance de 25,8%, con respecto a datos de 2015.
El estudio también da cuenta de que el 74,9% de los homicidios entre enero y junio fueron cometidos con armas de fuego. Esta variable no ha dejado de crecer en los últimos años, incrementándose 24,8% con respecto al primer semestre de 2025.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 23, 2026
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La "mutación" del crimen en Uruguay
En diálogo con Sputnik, el analista uruguayo especializado en seguridad y crimen organizado, Nicolás Centurión, apuntó que las últimas cifras oficiales indican que Uruguay atraviesa "una paradoja" en materia de seguridad: "Bajan los hurtos y las rapiñas, pero hay un aumento significativo de los homicidios".
Para el experto, el fenómeno puede atribuirse a "una especie de mutación" del crimen en el país sudamericano, que poco a poco deja de lado los delitos menores como robos o rapiñas para pasar a girar alrededor de un narcotráfico con más presencia en el territorio y los enfrentamientos entre organizaciones que ocasiona.
En ese sentido, Centurión señaló que el homicidio aparece como "la forma de resolución de conflictos" entre bandas rivales que en muchos casos compiten por la distribución de drogas en pequeños barrios de Montevideo, la capital de la nación, y su zona metropolitana. Si bien este fenómeno también ocurre en muchos otros países latinoamericanos, en la capital uruguaya parece agregar el factor de la cercanía entre las organizaciones.
"Si uno va a los barrios de Montevideo en los que se ha dado la mayor cantidad de conflictos, puede ver que lo que divide el territorio de una banda al de otra son pocas cuadras. Se trata mayormente de clanes familiares y vecinos del barrio que se están enfrentando con personas que quizás están a una o dos cuadras", graficó el especialista.
Esto se suma a otros dos factores que Centurión considera clave: la alta penetración de armas de fuego en la sociedad uruguaya y la "falta de profesionalización" de las bandas criminales, que terminan apelando a sicarios menores de edad contratados por montos incluso menores a 100 dólares y que en muchas ocasiones generan tiroteos en sitios públicos favoreciendo la existencia de víctimas fatales de balas perdidas.
De hecho, las cifras oficiales dan cuenta de un aumento del 33% en la cantidad de menores de 17 años que fueron víctimas de homicidio. Centurión apuntó que el Hospital Pereira Rossell, el mayor hospital de niños de Uruguay, ha reportado un incremento de niños y bebés hospitalizados por heridas de bala, al quedar expuestos a enfrentamientos entre bandas.
También consultado por Sputnik, el licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado subrayó que "el delincuente uruguayo es multitarea", y lejos de especializarse en un tipo criminal, alterna entre diferentes figuras delincuenciales de pequeña escala. "Tiene un arma tanto para resolver un conflicto interpersonal como para una situación de violencia de género; o tiene un depósito para esconder un vehículo hurtado y a su vez ir a un partido de fútbol el fin de semana", ilustró.
En ese sentido, coincidió con Centurión en que la vida criminal en Uruguay se produce "en un mercado más chico" en el que el enfrentamiento constante entre bandas "se nota mucho más".
Una débil respuesta estatal
El experto lamentó que, a pesar de que la seguridad es desde hace años la principal preocupación de los uruguayos en las encuestas, el sistema político no ha logrado dar una respuesta cabal al problema y ha tenido grandes dificultades para llegar a políticas de Estado en la materia.
Al respecto, señaló que "los tiempos electorales condicionan la posibilidad de hacer políticas públicas de Estado que se sostengan en el tiempo más allá de los gobiernos o cambios electorales".
Sin ir más lejos, la divulgación del informe del primer semestre llevó a la oposición uruguaya a exigir la renuncia del ministro del Interior Carlos Negro, un exfiscal de Homicidios que dio el salto a la política en marzo de 2025, cuando el presidente, Yamandú Orsi, lo designó como titular de la cartera encargada de la seguridad interna.
Centurión hizo hincapié en la importancia de las políticas a largo plazo, ya que algunas medidas como el incremento de presencia policial y el uso de vehículos militares en algunas zonas de Montevideo que ha planteado el Gobierno de Orsi pueden ser difíciles de mantener.
"Esa política no se puede sostener en el tiempo. Hay zonas en las que se está demostrando determinada violencia, pero eso también va rotando, por lo que no se puede ir poniendo tanquetas en cada barrio", afirmó.
Para el analista, es en ese contexto en el que se replican propuestas como las desarrolladas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador que, si bien suelen "calar" entre la población y muchos políticos uruguayos —el propio Orsi admitió su disposición a "analizar" algunas de sus medidas— pueden no resultar efectivas para disminuir la violencia en el caso de Uruguay.
En ese sentido, el experto apuntó que Uruguay ha incrementado sistemáticamente las penas para delitos como el homicidio o la rapiña en las últimas décadas, incluso durante los gobiernos de la coalición de izquierda Frente Amplio. Eso ha llevado, a su vez, a que el país de 3,4 millones de habitantes tenga la tasa de prisionalización más alta de América Latina, con 470 reclusos cada 100.000 habitantes.
Parrado, en tanto, afirmó que existe "un problema sistémico" detrás de los constantes aumentos en las cifras de homicidios en el país y que se relaciona con los problemas que ha tenido el sistema político para afrontar el tema.
"Ninguno de los gobiernos desde el advenimiento de la democracia (en 1985) ha podido generar nada que trascendiera los cinco años. Hay una responsabilidad en todas las estructuras políticas, porque un cambio debería tener un mínimo de continuidad que pudiera replantearse nuevas herramientas con un fin común", argumentó.
En ese sentido, el especialista consideró que el plan de seguridad impulsado por el ministro Negro "es uno más de todos los cambios" que se han sucedido en las últimas décadas y consideró que mejorar la presencia policial en las zonas más conflictivas no debería hacerse de manera temporal.
"Tienes que llegar, quedarte, introducir raíces en el territorio y, hablando en criollo, conquistarlo en favor de lo que se pretende como país", suscribió.
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