Gobierno de Paz en Bolivia carece "de un proyecto de reconstrucción del país", dice experto
Gobierno de Paz en Bolivia carece "de un proyecto de reconstrucción del país", dice experto
Sputnik Mundo
Desde comienzos de mayo, el presidente Rodrigo Paz enfrenta protestas de choferes, maestros, obreros, campesinos e indígenas. Mientras desarrolla mesas de... 10.05.2026, Sputnik Mundo
El Gobierno de Rodrigo Paz denunció que detrás de las protestas sociales iniciadas días atrás contra su gestión está la intención de "desestabilizar" su mandato, que comenzó seis meses atrás. Este 8 de mayo, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, presentó dos audios atribuidos al expresidente Evo Morales, los cuales lo implican en la presunta coordinación de bloqueos y manifestaciones que exigen la renuncia del Ejecutivo. El sitio Chequea Bolivia determinó que al menos uno de ellos fue en realidad grabado en junio de 2025, durante la presidencia de Luis Arce.Desde el pasado 5 de mayo, el Gobierno nacional enfrenta conflictos con diversos sectores: choferes, maestros, obreros, campesinos e indígenas. Con los conductores logró dialogar y llegar a acuerdos, pero la Central Obrera Boliviana (COB) reclama aumentos de salarios del 20%, lo cual fue rechazado por el Ejecutivo y cámaras empresariales.Con indígenas y campesinos, el Gobierno negoció sobre la ley 1720, que cambia el régimen de propiedad de la tierra para familias de áreas rurales. Ante ello, acordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional revisaría los alcances de esta normativa. En la madrugada y primeras horas del 9 de mayo los legisladores avanzaron en este sentido. Por este motivo se realizó una marcha de 28 días de indígenas y campesinos de Beni y Pando desde este departamento hasta la ciudad de La Paz, la más afectada por los bloqueos.Dichas movilizaciones fueron iniciadas por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", que ya pide la renuncia del Gobierno, lo mismo que la Federación de Juntas Vecinales. El ministro de Gobierno, José Luis Lupo, sostuvo que es "inaceptable" este pedido.En el Ejecutivo reconocieron que gran parte de las demandas tienen razón de ser, sin embargo, el ministro acusó que "hay otros sectores que claramente apuntan a la desestabilización. No es aceptable bajo ningún punto de vista que ningún sector vaya a pedir la renuncia del presidente".Según el ministro, "la COB está cayendo en este ámbito junto con otros sectores que han sido claramente enemigos de la democracia, de la estabilidad democrática y de la estabilidad económica del país".En este contexto, el Gobierno nacional convocó al Encuentro por el País, aque se realizó este 9 de mayo en la ciudad de Cochabamba, con la participación de líderes políticos y sociales de toda Bolivia. Desde la Casa Grande del Pueblo cursaron invitaciones a casi 600 referentes de organizaciones nacionales, aunque varios de ellos adelantaron que no concurrirán.Un horizonte para el paísEspecialistas consultados por Sputnik evaluaron este panorama, con sus potencialidades y sus dificultades. "Lo que vivimos en Bolivia en estos días es resultado del surgimiento de un Gobierno que claramente no ha tenido un propósito, un proyecto de reconstrucción del país", dijo Pablo Groux, analista político.Uno de los frentes con los que lidia Paz es el de los choferes, descontentos con la calidad de los combustibles, que ocasionaron daños a motores de miles de vehículos en todo el país. En las recientes negociaciones, el Gobierno les pidió un plazo de dos meses para recomponer esta situación. Para Groux, este fue "un error de gestión inconcebible e inexplicable".Con campesinos e indígenas se comprometió a revisar la ley 1720. Según la Constitución, las pequeñas propiedades agrarias (de hasta 500 hectáreas) tienen un carácter inembargable e intransferible, como un bien familiar destinado a promover la soberanía alimentaria, así como dar un espacio para el desarrollo de las culturas ancestrales.La ley 1720 permite a estas propiedades declararse como "medianas", con lo cual pueden acceder a créditos bancarios destinados a mejorar su producción. Pero en caso de que ello no suceda y las familias se endeuden, sus pequeños territorios serían embargados y pasarían a propiedad de las entidades bancarias, las cuales a su vez podrían venderlas a mayores productores, con lo cual también se promovería la acumulación de tierras. Ante la inminente abrogación de la ley 1720, los sectores agroindustriales del oriente boliviano advirtieron con iniciar movilizaciones. Para Groux, la promulgación de esta normativa ya había representado "un error táctico, porque alude directamente al pequeño propietario campesino o indígena, que no fue consultado, con el objetivo claro de beneficiar a sectores agroindustriales que al parecer han pretendido desde un principio apoderarse del Gobierno"."Tremenda frustración"En cuanto al pedido de renuncia formulado por otros sectores sociales, Groux destacó que "es una reacción de la calle, del ciudadano, del chofer de transporte público, de la vendedora en los mercados, de las amas de casa. Expresan una tremenda frustración porque no tenemos un Gobierno que nos proponga un destino al país. Por el contrario, los pequeños y grandes problemas se van multiplicando".Groux consideró que en los hechos ya se produjo una devaluación de la moneda boliviana "compleja y abigarrada, en el sentido de que tenemos un dólar referencial (que ronda los 10 pesos bolivianos), un dólar paralelo (cuyo precio varía cada día) y un dólar oficial (6,96 pesos bolivianos) y, al final, van a acabar empatando todos los números en el número mayor".Para el analista Álex Contreras, "el Gobierno de Paz está en una pulseta entre el sector agroindustrial, latifundista, empresario, hacia el cual está dirigido la ley 1720. Pero ante la marcha de los pueblos indígenas campesinos se ha paralizado. Es una pulseta: está con uno o está con otro". Lo mismo pasó con la demanda de aumento salarial de la COB, rechazado también por los empresarios, consideró.Y agregó: "Es una pulseta de difícil desenlace, porque las medidas de presión se están agudizando. El bloqueo en La Paz es contundente. Los campesinos y los indígenas siguen movilizados".Con la inminente abrogación de la ley 1720, la Asamblea Legislativa Plurinacional al fin decide dejar de mirar desde el palco la crisis social que asfixia a Paz. Para los analistas consultados por Sputnik, este espacio es mucho más idóneo para solucionar los problemas de Bolivia."Creo que tenemos una Asamblea mucho peor que la de la anterior gestión (de Arce). Son legisladores que mayormente ya no responden a los partidos políticos con los que fueron elegidos. Esto es terrible, pues hay bancadas ya divididas", lo cual dificulta alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar las leyes."Solamente para que nos demos cuenta: la bancada mayoritaria, que era del Partido Demócrata Cristiano (PDC, con el cual Paz llegó al Gobierno) ahora tiene hasta cuatro sectores. Uno del PDC, otro de Patria (el partido nuevo del presidente), otros de Edman Lara (el vicepresidente que está peleado con el Ejecutivo), más otros sectores populares", explicó Contreras.Por ello, la Asamblea "tiene que asumir un rol importante, tiene que aprobar o abrogar. Si el Gobierno de Paz quiere continuar en la gestión, tiene que recibir apoyo político en la Asamblea, pero también apoyo en las calles, que es importante a través de los sectores populares".
Desde comienzos de mayo, el presidente Rodrigo Paz enfrenta protestas de choferes, maestros, obreros, campesinos e indígenas. Mientras desarrolla mesas de negociación, acusa al expresidente Evo Morales de promover la renuncia de su Gobierno para que regresen las fuerzas del MAS al poder.
El Gobierno de Rodrigo Paz denunció que detrás de las protestas sociales iniciadas días atrás contra su gestión está la intención de "desestabilizar" su mandato, que comenzó seis meses atrás.
Este 8 de mayo, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, presentó dos audios atribuidos al expresidente Evo Morales, los cuales lo implican en la presunta coordinación de bloqueos y manifestaciones que exigen la renuncia del Ejecutivo. El sitio Chequea Bolivia determinó que al menos uno de ellos fue en realidad grabado en junio de 2025, durante la presidencia de Luis Arce.
Desde el pasado 5 de mayo, el Gobierno nacional enfrenta conflictos con diversos sectores: choferes, maestros, obreros, campesinos e indígenas. Con los conductores logró dialogar y llegar a acuerdos, pero la Central Obrera Boliviana (COB) reclama aumentos de salarios del 20%, lo cual fue rechazado por el Ejecutivo y cámaras empresariales.
Con indígenas y campesinos, el Gobierno negoció sobre la ley 1720, que cambia el régimen de propiedad de la tierra para familias de áreas rurales. Ante ello, acordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional revisaría los alcances de esta normativa. En la madrugada y primeras horas del 9 de mayo los legisladores avanzaron en este sentido. Por este motivo se realizó una marcha de 28 días de indígenas y campesinos de Beni y Pando desde este departamento hasta la ciudad de La Paz, la más afectada por los bloqueos.
Dichas movilizaciones fueron iniciadas por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", que ya pide la renuncia del Gobierno, lo mismo que la Federación de Juntas Vecinales. El ministro de Gobierno, José Luis Lupo, sostuvo que es "inaceptable" este pedido.
En el Ejecutivo reconocieron que gran parte de las demandas tienen razón de ser, sin embargo, el ministro acusó que "hay otros sectores que claramente apuntan a la desestabilización. No es aceptable bajo ningún punto de vista que ningún sector vaya a pedir la renuncia del presidente".
Según el ministro, "la COB está cayendo en este ámbito junto con otros sectores que han sido claramente enemigos de la democracia, de la estabilidad democrática y de la estabilidad económica del país".
En este contexto, el Gobierno nacional convocó al Encuentro por el País, aque se realizó este 9 de mayo en la ciudad de Cochabamba, con la participación de líderes políticos y sociales de toda Bolivia. Desde la Casa Grande del Pueblo cursaron invitaciones a casi 600 referentes de organizaciones nacionales, aunque varios de ellos adelantaron que no concurrirán.
Un horizonte para el país
Especialistas consultados por Sputnik evaluaron este panorama, con sus potencialidades y sus dificultades. "Lo que vivimos en Bolivia en estos días es resultado del surgimiento de un Gobierno que claramente no ha tenido un propósito, un proyecto de reconstrucción del país", dijo Pablo Groux, analista político.
"Venimos también de un Gobierno (el de Luis Arce) que ha demostrado una total ineficiencia en la administración de la cosa pública. Pero al presidente Paz le correspondía, por un mínimo de responsabilidad y de sentido común, tener un horizonte de país. Sin embargo, no cuenta con una estrategia de Gobierno clara, articulada al sistema político, y cometió una serie de errores tácticos", ahondó.
Uno de los frentes con los que lidia Paz es el de los choferes, descontentos con la calidad de los combustibles, que ocasionaron daños a motores de miles de vehículos en todo el país. En las recientes negociaciones, el Gobierno les pidió un plazo de dos meses para recomponer esta situación. Para Groux, este fue "un error de gestión inconcebible e inexplicable".
Con campesinos e indígenas se comprometió a revisar la ley 1720. Según la Constitución, las pequeñas propiedades agrarias (de hasta 500 hectáreas) tienen un carácter inembargable e intransferible, como un bien familiar destinado a promover la soberanía alimentaria, así como dar un espacio para el desarrollo de las culturas ancestrales.
La ley 1720 permite a estas propiedades declararse como "medianas", con lo cual pueden acceder a créditos bancarios destinados a mejorar su producción. Pero en caso de que ello no suceda y las familias se endeuden, sus pequeños territorios serían embargados y pasarían a propiedad de las entidades bancarias, las cuales a su vez podrían venderlas a mayores productores, con lo cual también se promovería la acumulación de tierras.
Ante la inminente abrogación de la ley 1720, los sectores agroindustriales del oriente boliviano advirtieron con iniciar movilizaciones. Para Groux, la promulgación de esta normativa ya había representado "un error táctico, porque alude directamente al pequeño propietario campesino o indígena, que no fue consultado, con el objetivo claro de beneficiar a sectores agroindustriales que al parecer han pretendido desde un principio apoderarse del Gobierno".
"Tremenda frustración"
En cuanto al pedido de renuncia formulado por otros sectores sociales, Groux destacó que "es una reacción de la calle, del ciudadano, del chofer de transporte público, de la vendedora en los mercados, de las amas de casa. Expresan una tremenda frustración porque no tenemos un Gobierno que nos proponga un destino al país. Por el contrario, los pequeños y grandes problemas se van multiplicando".
El analista puso de relieve que la mayoría de la población boliviana reconoce que "hay un marco legal que en el fondo se respeta. Evidentemente, los cambios se producen en las urnas, pero la situación real cotidiana es angustiante para la gente que se expresa de este modo".
Groux consideró que en los hechos ya se produjo una devaluación de la moneda boliviana "compleja y abigarrada, en el sentido de que tenemos un dólar referencial (que ronda los 10 pesos bolivianos), un dólar paralelo (cuyo precio varía cada día) y un dólar oficial (6,96 pesos bolivianos) y, al final, van a acabar empatando todos los números en el número mayor".
Para el analista Álex Contreras, "el Gobierno de Paz está en una pulseta entre el sector agroindustrial, latifundista, empresario, hacia el cual está dirigido la ley 1720. Pero ante la marcha de los pueblos indígenas campesinos se ha paralizado. Es una pulseta: está con uno o está con otro". Lo mismo pasó con la demanda de aumento salarial de la COB, rechazado también por los empresarios, consideró.
Y agregó: "Es una pulseta de difícil desenlace, porque las medidas de presión se están agudizando. El bloqueo en La Paz es contundente. Los campesinos y los indígenas siguen movilizados".
Sobre el pedido de renuncia formulado por algunos sectores, Contreras consideró que "democráticamente no le conviene al país. Constitucionalmente menos, e internacionalmente peor. Estos tiempos no son de golpes y de sucesiones violentas, sino de respeto a la democracia. Son seis meses que cumple el Gobierno de Paz, con sus luces y muchas más sombras. Pero quedan cuatro años y medio de gestión todavía. Por eso el Gobierno debe tener una mirada global, no solamente para un sector".
Con la inminente abrogación de la ley 1720, la Asamblea Legislativa Plurinacional al fin decide dejar de mirar desde el palco la crisis social que asfixia a Paz. Para los analistas consultados por Sputnik, este espacio es mucho más idóneo para solucionar los problemas de Bolivia.
"Creo que tenemos una Asamblea mucho peor que la de la anterior gestión (de Arce). Son legisladores que mayormente ya no responden a los partidos políticos con los que fueron elegidos. Esto es terrible, pues hay bancadas ya divididas", lo cual dificulta alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar las leyes.
"Solamente para que nos demos cuenta: la bancada mayoritaria, que era del Partido Demócrata Cristiano (PDC, con el cual Paz llegó al Gobierno) ahora tiene hasta cuatro sectores. Uno del PDC, otro de Patria (el partido nuevo del presidente), otros de Edman Lara (el vicepresidente que está peleado con el Ejecutivo), más otros sectores populares", explicó Contreras.
Por ello, la Asamblea "tiene que asumir un rol importante, tiene que aprobar o abrogar. Si el Gobierno de Paz quiere continuar en la gestión, tiene que recibir apoyo político en la Asamblea, pero también apoyo en las calles, que es importante a través de los sectores populares".
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