¿Criminalización o responsabilidad?: Gobierno Argentina busca reducir la edad de imputabilidad
¿Criminalización o responsabilidad?: Gobierno Argentina busca reducir la edad de imputabilidad
Sputnik Mundo
El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate, entre otros proyectos, la reforma de la Ley Penal Juvenil para reducir la edad de... 03.02.2026, Sputnik Mundo
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Ejecutivo para el mes de febrero y busca reemplazar el régimen vigente desde 1980, que fija en 16 años la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada penalmente.El oficialismo argumenta que la normativa actual está desactualizada frente a la dinámica del delito juvenil y sostiene que bandas criminales utilizan a menores para cometer delitos graves. La iniciativa propone que los adolescentes puedan ser procesados desde los 14 años, con penas alternativas para delitos menores y un tope de 15 años de cárcel para aquellos casos considerados de gravedad.La discusión volvió al centro de la agenda pública tras el crimen de un adolescente asesinado por tres jóvenes de 14 años. El caso fue utilizado por funcionarios del Gobierno como ejemplo de la necesidad de endurecer el régimen penal juvenil y acelerar su tratamiento legislativo durante el receso parlamentario.Quien impulsa la moción es la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad (2015-2019; 2023-2025), que asumió su banca en la Cámara alta en diciembre pasado y cuya sucesora, Alejandra Monteoliva, apuntala la iniciativa bajo la premisa: "A delito de adulto, pena de adulto". Dentro del ecosistema libertario incluso existen posturas que plantean que la edad mínima sea 12 años, aunque esa opción no figura formalmente en el texto enviado al Parlamento.La iniciativa generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, las cuales advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito juvenil y podría vulnerar incluso estándares internacionales de protección de derechos de niños y adolescentes, además de desplazar el foco de políticas preventivas.También la Iglesia católica expresó su preocupación por el proyecto y reclamó un abordaje integral que priorice la inclusión social, la educación y el acompañamiento estatal. Referentes eclesiásticos cuestionaron que el debate se concentre en el castigo y no en las condiciones estructurales que empujan a muchos menores a situaciones de violencia.El Congreso ya había avanzado en una reforma del régimen penal juvenil en 2025, cuando se logró un dictamen de mayoría en comisión, pero el texto nunca llegó al recinto. Con el nuevo envío del proyecto, el Gobierno busca reabrir un debate histórico en Argentina, atravesado por tensiones entre seguridad, derechos y políticas de infancia."No se trata de estigmatizar""No se trata de estigmatizar ni criminalizar jóvenes, sino de reconocer que a cierta edad ya hay capacidad de comprensión", dijo a Sputnik Gabriel Chumpitaz, exdiputado y coautor de uno de los proyectos de reforma del Régimen Penal Juvenil presentados en 2024. Según el especialista en Seguridad, el debate debe darse "con realismo y sin eufemismos" y partir del hecho de que, a partir de los 13 años, el propio Código Civil reconoce el inicio de la adolescencia y cierta capacidad de discernimiento.El dirigente remarcó que cuando un menor comete delitos "con la gravedad, la intencionalidad y las características de un delito de adulto", la respuesta del Estado no puede ser la inacción. "Los delitos graves deben recibir una sanción proporcional", planteó, y advirtió que la falta de imputabilidad genera un efecto perverso: organizaciones criminales y redes de narcotráfico utilizan menores como "soldaditos", aprovechándose deliberadamente de una zona de impunidad.En la misma línea, la diputada Cecilia Ibáñez, también de La Libertad Avanza, rechazó que el proyecto tuviera un enfoque exclusivamente punitivo. "No se puede dejar a estos chicos librados a un destino cruel sin ningún tipo de inclusión", dijo ante la consulta de Sputnik. Según explicó, el régimen propuesto apunta a jóvenes involucrados en delitos de extrema gravedad, con un esquema que combina sanción penal, educación obligatoria, asistencia psicológica y herramientas de reinserción social.Ibáñez también cuestionó los planteos de sectores que ponen el foco exclusivamente en los derechos del autor del delito. "La víctima es el joven asesinado, no el joven que mata a alguien", subrayó, y sostuvo que presentar a los responsables de homicidios como víctimas del sistema sin intervención estatal "es dejarlos abandonados a su suerte".Frente a las críticas por un virtual exceso punitivista, Chumpitaz respondió que el derecho penal es, por definición, una herramienta de sanción. "No hay Estado de derecho sin consecuencias claras", afirmó, y agregó que ser firmes contra el delito no implica violar derechos humanos si se respetan el debido proceso y el control judicial. A su entender, "la verdadera mirada regresiva no es sancionar el delito, sino naturalizar la impunidad".La crítica opositora"El debate está mal enfocado adrede, porque se discute si bajar o no la edad de imputabilidad, pero no qué tipo de respuesta penal se está proponiendo", afirmó a este medio la exministra de Seguridad Sabina Frederic (2019-2021). A su entender, la discusión pública se reduce a una consigna —"penas de adultos para delitos de adultos"— sin precisar qué dispositivos concretos se aplicarían ni con qué objetivos.La experta advirtió que el énfasis casi exclusivo en la cárcel responde a una lógica punitiva que no tiene respaldo empírico. "Está demostrado que el encierro no es preventivo y que la baja de la edad de imputabilidad no reduce el delito", afirmó, y señaló que en países donde se aplicaron reformas similares los efectos fueron nulos o incluso contraproducentes durante largos períodos.La exfuncionaria subrayó que Argentina ya cuenta con mecanismos de intervención sobre adolescentes que cometen delitos graves. "Hoy los chicos que participan en hechos gravísimos no vuelven a su casa como si nada hubiera pasado", explicó, y agregó que el problema no es la ausencia de intervención estatal, "sino la precariedad de los dispositivos existentes, que muchas veces se limitan al encierro sin acompañamiento ni políticas de revinculación".Frederic cuestionó además la idea de que el problema tenga una escala que justifique una reforma estructural punitiva. Finalmente, la antropóloga advirtió sobre el sesgo social del proyecto. "Estas leyes terminan pensadas para los pobres, porque quienes no pueden pagar una fianza son los que quedan encerrados", afirmó. Para Frederic, bajar la edad de imputabilidad "simplifica un fenómeno complejo" y desplaza el foco de políticas de largo plazo. "La verdadera regresión no es discutir derechos, sino creer que el castigo severo es una herramienta pedagógica", concluyó.
El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate, entre otros proyectos, la reforma de la Ley Penal Juvenil para reducir la edad de punibilidad de 16 a 14 años. "La víctima es el joven asesinado, no el joven que mata a alguien", dijo a Sputnik una de las impulsoras del proyecto.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Ejecutivo para el mes de febrero y busca reemplazar el régimen vigente desde 1980, que fija en 16 años la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada penalmente.
El oficialismo argumenta que la normativa actual está desactualizada frente a la dinámica del delito juvenil y sostiene que bandas criminales utilizan a menores para cometer delitos graves. La iniciativa propone que los adolescentes puedan ser procesados desde los 14 años, con penas alternativas para delitos menores y un tope de 15 años de cárcel para aquellos casos considerados de gravedad.
La discusión volvió al centro de la agenda pública tras el crimen de un adolescente asesinado por tres jóvenes de 14 años. El caso fue utilizado por funcionarios del Gobierno como ejemplo de la necesidad de endurecer el régimen penal juvenil y acelerar su tratamiento legislativo durante el receso parlamentario.
Quien impulsa la moción es la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad (2015-2019; 2023-2025), que asumió su banca en la Cámara alta en diciembre pasado y cuya sucesora, Alejandra Monteoliva, apuntala la iniciativa bajo la premisa: "A delito de adulto, pena de adulto". Dentro del ecosistema libertario incluso existen posturas que plantean que la edad mínima sea 12 años, aunque esa opción no figura formalmente en el texto enviado al Parlamento.
La iniciativa generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, las cuales advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito juvenil y podría vulnerar incluso estándares internacionales de protección de derechos de niños y adolescentes, además de desplazar el foco de políticas preventivas.
También la Iglesia católica expresó su preocupación por el proyecto y reclamó un abordaje integral que priorice la inclusión social, la educación y el acompañamiento estatal. Referentes eclesiásticos cuestionaron que el debate se concentre en el castigo y no en las condiciones estructurales que empujan a muchos menores a situaciones de violencia.
Actualmente, Argentina se encuentra entre los países con la edad mínima de imputabilidad más alta a nivel regional. En Brasil y México, entre otros, la responsabilidad penal comienza a los 12 años, mientras que en Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela inicia a los 14.
El Congreso ya había avanzado en una reforma del régimen penal juvenil en 2025, cuando se logró un dictamen de mayoría en comisión, pero el texto nunca llegó al recinto. Con el nuevo envío del proyecto, el Gobierno busca reabrir un debate histórico en Argentina, atravesado por tensiones entre seguridad, derechos y políticas de infancia.
"No se trata de estigmatizar"
"No se trata de estigmatizar ni criminalizar jóvenes, sino de reconocer que a cierta edad ya hay capacidad de comprensión", dijo a Sputnik Gabriel Chumpitaz, exdiputado y coautor de uno de los proyectos de reforma del Régimen Penal Juvenil presentados en 2024. Según el especialista en Seguridad, el debate debe darse "con realismo y sin eufemismos" y partir del hecho de que, a partir de los 13 años, el propio Código Civil reconoce el inicio de la adolescencia y cierta capacidad de discernimiento.
El dirigente remarcó que cuando un menor comete delitos "con la gravedad, la intencionalidad y las características de un delito de adulto", la respuesta del Estado no puede ser la inacción. "Los delitos graves deben recibir una sanción proporcional", planteó, y advirtió que la falta de imputabilidad genera un efecto perverso: organizaciones criminales y redes de narcotráfico utilizan menores como "soldaditos", aprovechándose deliberadamente de una zona de impunidad.
En la misma línea, la diputada Cecilia Ibáñez, también de La Libertad Avanza, rechazó que el proyecto tuviera un enfoque exclusivamente punitivo. "No se puede dejar a estos chicos librados a un destino cruel sin ningún tipo de inclusión", dijo ante la consulta de Sputnik. Según explicó, el régimen propuesto apunta a jóvenes involucrados en delitos de extrema gravedad, con un esquema que combina sanción penal, educación obligatoria, asistencia psicológica y herramientas de reinserción social.
Ibáñez también cuestionó los planteos de sectores que ponen el foco exclusivamente en los derechos del autor del delito. "La víctima es el joven asesinado, no el joven que mata a alguien", subrayó, y sostuvo que presentar a los responsables de homicidios como víctimas del sistema sin intervención estatal "es dejarlos abandonados a su suerte".
Frente a las críticas por un virtual exceso punitivista, Chumpitaz respondió que el derecho penal es, por definición, una herramienta de sanción. "No hay Estado de derecho sin consecuencias claras", afirmó, y agregó que ser firmes contra el delito no implica violar derechos humanos si se respetan el debido proceso y el control judicial. A su entender, "la verdadera mirada regresiva no es sancionar el delito, sino naturalizar la impunidad".
La crítica opositora
"El debate está mal enfocado adrede, porque se discute si bajar o no la edad de imputabilidad, pero no qué tipo de respuesta penal se está proponiendo", afirmó a este medio la exministra de Seguridad Sabina Frederic (2019-2021). A su entender, la discusión pública se reduce a una consigna —"penas de adultos para delitos de adultos"— sin precisar qué dispositivos concretos se aplicarían ni con qué objetivos.
La experta advirtió que el énfasis casi exclusivo en la cárcel responde a una lógica punitiva que no tiene respaldo empírico. "Está demostrado que el encierro no es preventivo y que la baja de la edad de imputabilidad no reduce el delito", afirmó, y señaló que en países donde se aplicaron reformas similares los efectos fueron nulos o incluso contraproducentes durante largos períodos.
La exfuncionaria subrayó que Argentina ya cuenta con mecanismos de intervención sobre adolescentes que cometen delitos graves. "Hoy los chicos que participan en hechos gravísimos no vuelven a su casa como si nada hubiera pasado", explicó, y agregó que el problema no es la ausencia de intervención estatal, "sino la precariedad de los dispositivos existentes, que muchas veces se limitan al encierro sin acompañamiento ni políticas de revinculación".
Frederic cuestionó además la idea de que el problema tenga una escala que justifique una reforma estructural punitiva.
"La participación de niños y adolescentes en delitos graves es un problema acotado, no masivo", sostuvo.
Finalmente, la antropóloga advirtió sobre el sesgo social del proyecto. "Estas leyes terminan pensadas para los pobres, porque quienes no pueden pagar una fianza son los que quedan encerrados", afirmó. Para Frederic, bajar la edad de imputabilidad "simplifica un fenómeno complejo" y desplaza el foco de políticas de largo plazo. "La verdadera regresión no es discutir derechos, sino creer que el castigo severo es una herramienta pedagógica", concluyó.
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