"Es la prueba más importante": El Gobierno de Bolivia defiende el retiro de subsidios a los combustibles
"Es la prueba más importante": El Gobierno de Bolivia defiende el retiro de subsidios a los combustibles
Sputnik Mundo
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocaron a un paro indefinido con bloqueo de carreteras a partir del 22... 21.12.2025, Sputnik Mundo
En estas horas, el Gobierno negocia con los dirigentes de autotransporte para que no se inicien medidas de fuerza en su contra.El panorama, aunque complicado, todavía es beneficioso para Paz. El mandatario boliviano sostuvo que el decreto que elimina la subvención no tiene marcha atrás, y convocó a los dirigentes de los transportistas para dialogar sobre los alcances de la decisión. Hasta el momento, el Gobierno pudo negociar con los choferes de Santa Cruz, el departamento más grande de Bolivia, quienes al final resolvieron no sumarse al paro previsto para el 22 de diciembre en todo el país.En la población priman dos posturas: una parte acepta la desregulación del precio de los combustibles, que duplicaron su costo. Este aumento repercutió en el costo de productos de la canasta básica familiar. Pero el debate sobre la subvención se desarrolla desde la campaña presidencial, ocurrida en los últimos meses.Otro sector de la población rechaza la medida de shock. Pero reconoce que la política de subvenciones era insostenible, por lo cual se debía retirar, aunque de manera gradual. Según el Gobierno, 2025 finalizará con pérdidas de 3.500 millones de dólares por la importación de combustibles a precio internacional, para venderlos subvencionados dentro del país."Este decreto no se va a cambiar porque es un punto de partida, pero podemos tener nuevas iniciativas para ir mejorando el futuro de la patria. Estamos abiertos a aquel que quiera dialogar con el Gobierno, con nuestros ministros. Estamos abiertos para ese diálogo”, sostuvo.Con la eliminación de la subvención, el litro de gasolina pasó de costar 3,74 pesos bolivianos (0,5 dólares) a 6,96 (un dólar). Asimismo, el diésel se incrementó de 3,72 (alrededor de 0,51 dólares) el litro a 9,80 (1,42 dólares).El decreto de Paz establece también el aumento del salario mínimo, que actualmente es de 2.750 (398 dólares). A partir del 2 de enero del próximo año, será de 3.300 pesos bolivianos (478,03 dólares). En este aspecto, el jefe de Estado boliviano determinó incrementos en los bonos sociales destinados a personas adultas mayores e infancias.Los precios de los pasajes de corta y larga distancia se duplicaron de inmediato. Según el Gobierno, un incremento del 100% es totalmente injustificado y desmedido. Sostuvo que los sindicatos de choferes que suban unilateralmente los precios serán sancionados.Elecciones en el horizonteEn diálogo con Sputnik, el analista Álvaro del Pozo consideró que la quita de la subvención era necesaria, aunque un retiro escalonado habría sido menos traumático para el bolsillo de las familias de la nación sudamericana.El 22 de marzo de 2026 se realizarán en Bolivia las elecciones subnacionales, donde se elegirán gobernadores para los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales para todos los municipios del país. Se preveía que Paz iba a esperar a pasar esta instancia para anunciar medidas económicas radicales. Pero, sorpresivamente, presentó el decreto 5503, a una semana del inicio de las fiestas de fin de año.Del Pozo recordó que, en diciembre de 2010, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) también eliminó la subvención a los carburantes. Pero luego de tres días de protestas masivas en todo el país, tuvo que dar marcha atrás con la medida.Para Del Pozo, el decreto presidencial tiene un apoyo del 60% y una oposición del 40%: "Hay una clase media sándwich, que está dispuesta a asumir los costos del sacrificio"."Considero que el Gobierno no va a dar un paso atrás. Va a darle unos matices al decreto seguramente, pero va a ser una batalla que posiblemente el Gobierno gane, porque ya hay una conciencia en la ciudadanía boliviana de que estos reajustes son necesarios. Para los bolivianos es momento de subsanar estos errores, pese al costo social que evidentemente va a ocasionar", acotó.Según Del Pozo, es posible que finalmente el Gobierno acepte mantener la subvención para el transporte público, con el objetivo de proteger la economía popular.Apoyo de los empresariosEl sector empresario aplaudió la firma del decreto 5503, aunque algunos expresaron su preocupación por el aumento del 20% del salario mínimo. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) dijo a Sputnik: "Las medidas que plantea el decreto no solamente eran necesarias, sino urgentes de tomar, porque cada día que pasa se acentúa la crisis multidimensional en lo económico, lo energético, lo político y lo social".La fuerza de convocatoria que tendrá el paro a iniciarse el 22 de diciembre aún es incierta. El hecho de que la dirigencia de Santa Cruz se bajara de la protesta debilita al conjunto. Y no se debe descontar que, en las próximas horas, el Gobierno logre neutralizar la movilización de los choferes en otros departamentos.En el caso de Santa Cruz, las autoridades se comprometieron a invertir 20 millones de dólares en los autobuses locales para que se adapten a funcionar con gas, entre otros beneficios para este sector.Rodríguez consideró que los transportistas están divididos "entre quienes han estado perjudicados por no poder utilizar sus movilidades para trabajar al no haber combustibles, y entienden que es mejor un combustible más caro, pero seguro en su abastecimiento, y así acabar con el contrabando al exterior de diésel y gasolina subvencionados".Por lo tanto, parte de los choferes "están dispuestos a sufrir un poco hoy para poder trabajar y vivir mejor mañana".Rodríguez también valoró que la medida de Paz fuera de shock: "Se ha demostrado que el gradualismo no funciona en sociedades donde los demonios de las 'expectativas adaptativas' se han soltado, porque los agentes económicos tienden a sobre reaccionar y a hacer inútiles las medidas de política pública"."Siendo el precio de los combustibles un potencial disparador de inflación, el optar por el gradualismo en la situación actual –sin reservas en el Banco Central, sin dólares en el sistema financiero, con actitudes especulativas en el mercado paralelo, pero además con una complicada logística para la importación de combustibles– podía haber resultado contraproducente", explicó.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocaron a un paro indefinido con bloqueo de carreteras a partir del 22 de diciembre, en rechazo al decreto 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz para eliminar la subvención estatal a los combustibles.
El panorama, aunque complicado, todavía es beneficioso para Paz. El mandatario boliviano sostuvo que el decreto que elimina la subvención no tiene marcha atrás, y convocó a los dirigentes de los transportistas para dialogar sobre los alcances de la decisión.
Hasta el momento, el Gobierno pudo negociar con los choferes de Santa Cruz, el departamento más grande de Bolivia, quienes al final resolvieron no sumarse al paro previsto para el 22 de diciembre en todo el país.
En la población priman dos posturas: una parte acepta la desregulación del precio de los combustibles, que duplicaron su costo. Este aumento repercutió en el costo de productos de la canasta básica familiar. Pero el debate sobre la subvención se desarrolla desde la campaña presidencial, ocurrida en los últimos meses.
Otro sector de la población rechaza la medida de shock. Pero reconoce que la política de subvenciones era insostenible, por lo cual se debía retirar, aunque de manera gradual. Según el Gobierno, 2025 finalizará con pérdidas de 3.500 millones de dólares por la importación de combustibles a precio internacional, para venderlos subvencionados dentro del país.
"Estamos firmes con el decreto. Nos han pedido: 'No muevas el decreto, Rodrigo, porque es hablar con la verdad'. La verdad significa economía transparente, no la de los bandidos, la de los corruptos, que nos han dejado en esta crisis que nos están generando inviabilidad", dijo Paz en un video difundido por sus redes sociales.
"Este decreto no se va a cambiar porque es un punto de partida, pero podemos tener nuevas iniciativas para ir mejorando el futuro de la patria. Estamos abiertos a aquel que quiera dialogar con el Gobierno, con nuestros ministros. Estamos abiertos para ese diálogo”, sostuvo.
Con la eliminación de la subvención, el litro de gasolina pasó de costar 3,74 pesos bolivianos (0,5 dólares) a 6,96 (un dólar). Asimismo, el diésel se incrementó de 3,72 (alrededor de 0,51 dólares) el litro a 9,80 (1,42 dólares).
El decreto de Paz establece también el aumento del salario mínimo, que actualmente es de 2.750 (398 dólares). A partir del 2 de enero del próximo año, será de 3.300 pesos bolivianos (478,03 dólares). En este aspecto, el jefe de Estado boliviano determinó incrementos en los bonos sociales destinados a personas adultas mayores e infancias.
Los precios de los pasajes de corta y larga distancia se duplicaron de inmediato. Según el Gobierno, un incremento del 100% es totalmente injustificado y desmedido. Sostuvo que los sindicatos de choferes que suban unilateralmente los precios serán sancionados.
Elecciones en el horizonte
En diálogo con Sputnik, el analista Álvaro del Pozo consideró que la quita de la subvención era necesaria, aunque un retiro escalonado habría sido menos traumático para el bolsillo de las familias de la nación sudamericana.
El 22 de marzo de 2026 se realizarán en Bolivia las elecciones subnacionales, donde se elegirán gobernadores para los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales para todos los municipios del país. Se preveía que Paz iba a esperar a pasar esta instancia para anunciar medidas económicas radicales. Pero, sorpresivamente, presentó el decreto 5503, a una semana del inicio de las fiestas de fin de año.
Del Pozo recordó que, en diciembre de 2010, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) también eliminó la subvención a los carburantes. Pero luego de tres días de protestas masivas en todo el país, tuvo que dar marcha atrás con la medida.
"Es la prueba más importante de este Gobierno", evaluó el analista. En este momento, Paz cuenta con algunas ventajas. Las organizaciones sociales no tienen la fuerza ni el poder de convocatoria de 15 años atrás, comentó.
Para Del Pozo, el decreto presidencial tiene un apoyo del 60% y una oposición del 40%: "Hay una clase media sándwich, que está dispuesta a asumir los costos del sacrificio".
"Considero que el Gobierno no va a dar un paso atrás. Va a darle unos matices al decreto seguramente, pero va a ser una batalla que posiblemente el Gobierno gane, porque ya hay una conciencia en la ciudadanía boliviana de que estos reajustes son necesarios. Para los bolivianos es momento de subsanar estos errores, pese al costo social que evidentemente va a ocasionar", acotó.
Según Del Pozo, es posible que finalmente el Gobierno acepte mantener la subvención para el transporte público, con el objetivo de proteger la economía popular.
El sector empresario aplaudió la firma del decreto 5503, aunque algunos expresaron su preocupación por el aumento del 20% del salario mínimo. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) dijo a Sputnik: "Las medidas que plantea el decreto no solamente eran necesarias, sino urgentes de tomar, porque cada día que pasa se acentúa la crisis multidimensional en lo económico, lo energético, lo político y lo social".
La fuerza de convocatoria que tendrá el paro a iniciarse el 22 de diciembre aún es incierta. El hecho de que la dirigencia de Santa Cruz se bajara de la protesta debilita al conjunto. Y no se debe descontar que, en las próximas horas, el Gobierno logre neutralizar la movilización de los choferes en otros departamentos.
En el caso de Santa Cruz, las autoridades se comprometieron a invertir 20 millones de dólares en los autobuses locales para que se adapten a funcionar con gas, entre otros beneficios para este sector.
"Parar el país solo empeorará el problema, porque el Gobierno ha dicho que el decreto no es negociable y no va a retroceder. Como institución, deploramos que se intenten resolver los problemas [nacionales] por la vía de la fuerza. Por definición, un bloqueo es un delito, ya que contraviene los derechos humanos al libre tránsito, al trabajo, a la salud, a la educación y hasta a la alimentación, por el consiguiente desabastecimiento y la subida de precios", según el gerente del IBCE.
Rodríguez consideró que los transportistas están divididos "entre quienes han estado perjudicados por no poder utilizar sus movilidades para trabajar al no haber combustibles, y entienden que es mejor un combustible más caro, pero seguro en su abastecimiento, y así acabar con el contrabando al exterior de diésel y gasolina subvencionados".
Por lo tanto, parte de los choferes "están dispuestos a sufrir un poco hoy para poder trabajar y vivir mejor mañana".
Rodríguez también valoró que la medida de Paz fuera de shock: "Se ha demostrado que el gradualismo no funciona en sociedades donde los demonios de las 'expectativas adaptativas' se han soltado, porque los agentes económicos tienden a sobre reaccionar y a hacer inútiles las medidas de política pública".
"Siendo el precio de los combustibles un potencial disparador de inflación, el optar por el gradualismo en la situación actual –sin reservas en el Banco Central, sin dólares en el sistema financiero, con actitudes especulativas en el mercado paralelo, pero además con una complicada logística para la importación de combustibles– podía haber resultado contraproducente", explicó.
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