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"La infraestructura energética entre Venezuela y EEUU es estratégica" | Video

© Sputnik / José NegrónAlejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Petróleo y Gas
Alejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Petróleo y Gas - Sputnik Mundo, 1920, 24.11.2024
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En medio de un escenario energético global marcado por tensiones geopolíticas, sanciones y profundas divisiones económicas, Alejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Petróleo y Gas, comparte en una entrevista con Sputnik las complejidades y oportunidades de un posible acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos.
Este pacto, según el líder empresarial, no solo podría redefinir las relaciones bilaterales, sino también el equilibrio del mercado energético mundial.

"La infraestructura energética entre Venezuela y Estados Unidos no es solo histórica, es estratégica", asegura Terán, enfatizando la necesidad de entender que "no es Venezuela quien necesita vender su petróleo a Texas, sino Texas quien necesita comprarlo".

Alejandro Terán lidera una asociación que agrupa a más de 150 empresas de servicios petroleros, con una mayoría de capital latinoamericano y una notable representación venezolana.
Estas empresas, que emplean a casi 4.800 ingenieros, sufrieron un duro golpe durante la pandemia y la crisis petrolera de 2020, cuando los precios del barril colapsaron. "Nos organizamos bajo una teoría norteamericana, la teoría de las minorías, para sobrevivir a una crisis que casi nos lleva a la quiebra", explica.
Desde entonces, la asociación no solo ha buscado estabilizarse, sino también posicionarse como un actor relevante en el debate energético, especialmente frente a las decisiones de los gobiernos de Trump y Biden que, según Terán, han afectado tanto a Venezuela como al mercado de Texas.
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El caso CITGO: un "autogolpe" energético

Uno de los puntos más controversiales en la relación entre ambos países ha sido la expropiación de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Según Terán, esta decisión fue un "autogolpe" que afectó gravemente tanto a Venezuela como al mercado energético de Texas.
"CITGO no es solo una empresa, es una infraestructura estratégica que conecta a Venezuela con más de 19.000 puntos de venta de gasolina y calefacción en Estados Unidos", subraya.
"Cuando se expropia CITGO y se interrumpe el suministro de materia prima desde Venezuela, el mercado tejano pierde casi 25.000 millones de dólares al año en servicios, productos y bienes", añade.
Las consecuencias, advierte Terán, se reflejan en un debilitamiento del poder energético estadounidense y una mayor dependencia de mercados externos, algo que considera "inaceptable en términos estratégicos".

La 'Ley Bolívar': un ataque al empresariado internacional

Otro tema central de la entrevista es la reciente propuesta de la congresista María Elvira Salazar de aprobar la Ley Bolívar de EEUU, que busca endurecer las sanciones contra Venezuela y bloquear aún más sus activos en el exterior. Terán califica esta iniciativa como "una ley irresponsable que atenta contra los derechos civiles de los empresarios" y adelanta que considera que el movimiento de la congresista Salazar "es el resultado de que sabe que Trump va a levantar las sanciones" contra la nación suramericana.

"Esta ley afecta no solo a Venezuela, sino también a empresas norteamericanas y europeas que tienen relaciones comerciales con el país (...) Nosotros, como asociación, estamos listos para demandar esta ley por inconstitucional si llega a ser aprobada", afirma.

El experto petrolero argumenta que esta legislación incluso va "contra el principio de libre comercio", pues a su juicio "No se puede calificar a un ciudadano como predelincuente por negociar con Venezuela". Además, Terán advierte que la aprobación de esta ley generaría un rechazo incluso dentro del sector energético estadounidense, incluyendo a gigantes como Chevron y ExxonMobil, que necesitan estabilizar sus operaciones en América Latina.
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Impacto productivo y social: Venezuela ante una nueva oportunidad

Terán es optimista sobre las posibilidades de un acuerdo energético. "Con una inversión bien dirigida, Venezuela podría producir 6 millones de barriles diarios en cinco años. Además, un acuerdo permitiría resetear la infraestructura de PDVSA, garantizar la Reserva Estratégica Petrolera de Estados Unidos y equilibrar el mercado energético global", detalla.
El impacto también sería social, esto a juicio del experto sería posible un fondo de estabilización petrolera venezolana, conformado por los mismos operadores privados que se beneficien del acuerdo. Dicha iniciativa además incluye "mejorar la infraestructura eléctrica, logística y de servicios básicos, y crear una comitiva que garantice la sostenibilidad del proyecto".
"Con la capacidad instalada que tiene Venezuela de 4.900.000 barriles, nosotros podemos perfectamente recibir de la banca norteamericana y de los empresarios norteamericanos 30.000 millones de dólares. Con ese dinero bien administrados, evaluando el tema social importantísimo y reseteando la infraestructura de PDVSA, podemos estar el año que viene en 2 millones de barriles", comparte.
Para Terán, a pesar de los esfuerzos del lobby antivenezolano que continúa boicoteando cualquier posibilidad de entendimiento entre Washington y Caracas, existen unas condiciones propicias para una nueva etapa al menos en lo que refiere a la industria de petróleo y gas.
"El nuevo Gobierno de Trump, con un Chris Wright [nuevo secretario de Energía] en el poder, le va a dar al mercado energético norteamericano un equilibrio que necesita, porque el costo de producción de barril en Texas es de 45 dólares y el costo de producción en Venezuela es de 7. Entonces, tiene una diferencia de más de 30 dólares por barril, pero aparte de eso, a cuatro días estratégicamente colocados del golfo de México y con una infraestructura venezolana de pesa en el puerto de Galveston, que es capaz de cargar hasta 3 millones de dólares diarios de petróleo. Entonces, esa infraestructura, ese traje a la medida, como tú lo quieras llamar, fue elaborado exclusivamente para Texas. Desmontar eso son 10 años y casi 100 millones de dólares. No hay manera de hacerlo”, concluye.
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