Mecanismos de solución de controversias en los TLC, un instrumento imperial contra el sur global
19:27 GMT 23.09.2024 (actualizado: 00:52 GMT 24.09.2024)
© AP Photo / Judi Bottoni
Síguenos en
El próximo gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentará 23 demandas de compañías trasnacionales, interpuestos principalmente por empresas estadounidenses, canadienses y europeas en paneles internacionales en los que exigen a México pagos por más de 13.600 millones de dólares por presuntas violaciones a los tratados de libre comercio y de inversión.
Las 23 demandas están pendientes de resolución principalmente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde los inversionistas han interpuesto sus recursos contra México al amparo de Mecanismos de Solución de Controversias (ISDS, Investor-State Dispute Settlements) incluidos en la mayor parte de los 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) que están actualmente en vigor en el país latinoamericano.
Pero independientemente de la resolución de estos litigios, la presidenta electa de México tendrá la oportunidad histórica de frenar este tipo de demandas al retirar estos mecanismos de los tratados y, también, de poner sobre la mesa de negociaciones la eliminación de los ISDS, en la revisión del Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC) que tendrá lugar en 2026.
"Es una cuestión de voluntad política", afirma Bettina Müller, investigadora del Trasnational Institute (TNI), y una de las autoras del informe "Radiografía del poder transnacional en México, el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias" sobre las 55 demandas que ha recibido México al amparo de los ISDS, y publicado a inicios de septiembre por el instituto de investigaciones y otras ocho organizaciones internacionales y mexicanas.
"Las posibilidades para salir, por lo menos de los tratados bilaterales de inversión, de denunciarlos unilateralmente, de decir 'nosotros por acá no vamos a avanzar en eso', las tiene cada gobierno y es una decisión política y voluntad política", señala Müller.
México, uno de los más demandados del mundo
En los últimos años, México se ha convertido en el cuarto país más demandado del mundo y en el tercero con mayor número de demandas en América Latina. En total, este país latinoamericano ha enfrentado, desde 1997 a la fecha, 55 demandas de empresas trasnacionales en centros de arbitraje internacional.
De estas 55 demandas, 23 aún están pendientes de resolución, principalmente en el CIADI donde las empresas reclaman a México indemnizaciones por 13.635 millones de dólares. En 14 demandas, el país ya perdió los casos y fue obligado a pagar 341 millones de dólares. En otros 12 litigios, los árbitros rechazaron la demanda de los inversionistas privados y en seis, las controversias fueron descontinuadas, según el recuento de los investigadores Bettina Müller, Manuel Pérez Rocha y Cecilia Olivet.
"Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año", se señala en el informe.
Müller explica en entrevista con Sputnik que la ola de demandas en 2023 se debió, en parte, a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que culminó a mediados de 2018 con la firma del nuevo T-MEC que entró en vigor en julio de 2020, en la que se revisaron algunos mecanismos de protección de inversiones.
A pesar de que el nuevo tratado dejó abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México y viceversa, se eliminaron algunas cláusulas y muchas compañías se apresuraron a interponer demandas en previsión de que más adelante no pudieran hacerlo.
"Solo la renegociación, la revisión y la sustitución del NAFTA (North American Free Trade Agreemen) por el T-MEC le generó una avalancha de demandas a México porque se venía cerrando el espacio y la posibilidad de presentar demandas", señala Müller.
Sin riesgos para la IED
Para la investigadora, no será fácil para México retirarse de los 31 TBI y eliminar las cláusulas de protección de inversiones de los 11 TLC vigentes. Sin embargo, precisa que en otros casos de América Latina, donde líderes políticos progresistas se retiraron de este tipo de tratados, no se registró un desplome en la llegada de inversión extranjera.
Es el caso de Bolivia y Ecuador, donde los expresidentes Evo Morales y Rafael Correa decidieron retirarse de estos acuerdos, y el de Hugo Chávez, que decidió retirar a Venezuela del CIADI.
"No hubo una pérdida de inversiones directas extranjeras por esa decisión que tomaron los gobiernos", señala Müller.
Según ella, tampoco se registró una modificación del grado de inversión de calificadoras o de otros institutos internacionales.
La investigadora pone como ejemplo el caso de Brasil que es el mayor receptor en América Latina de inversiones extranjeras directas y "no tiene ningún tratado bilateral de Inversión y ni un tratado de libre comercio con cláusulas de protección de inversión en vigor, ni uno".
La investigadora pone como ejemplo el caso de Brasil que es el mayor receptor en América Latina de inversiones extranjeras directas y "no tiene ningún tratado bilateral de Inversión y ni un tratado de libre comercio con cláusulas de protección de inversión en vigor, ni uno".
¿Quiénes están demandando a México?
De acuerdo con el reporte, el 93% de los inversionistas que demandan a México provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los países que más árbitros tienen en el CIADI.
En 38 de los 55 casos, las demandas han provenido de empresas con sede en Estados Unidos. Uno de los casos más mediáticos es el de Legacy Vulcan, una empresa conocida en México como Calica y asentada en el municipio de Playa del Carmen que extrajo durante décadas piedra caliza a unos metros del mar Caribe hasta que el gobierno impidió la explotación de más predios por el daño ambiental que estaba generando.
La empresa interpuso una demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1.900 millones de dólares.
7 de noviembre 2023, 21:23 GMT
Otro caso es el de la empresa Odyssey Marine Exploration, también de EEUU, que logró apenas el pasado 17 de septiembre un fallo favorable en un tribunal de arbitraje del CIADI.
Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, la mayoría del tribunal emitió un laudo a favor de Odyssey, que obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur.
Europa: intereses, presión y lobby "increíble"
En abril de 2020, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000, pero de acuerdo con el reporte del Müller, Pérez Rocha y Olivet, un punto clave es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía.
"Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas proempresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas, el inversionista puede usar el tratado para demandar a México", se señala en el informe.
Müller denuncia la presión de las empresas y asociaciones en este caso. "Asociaciones de productores de químicos, de autos, etcétera, para que se firme finalmente el acuerdo con México es increíble, hay un lobby muy fuerte y también por la cláusula de protección en inversiones, pero eso no es lo principal, hay muchos otros intereses detrás", asegura.
Arbitraje imparcial
Conforme a la explicación de los investigadores del Trasnational Institute, el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado.
De acuerdo con el reporte, los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y "con un fuerte sesgo proinversionista".
Los ISDS han generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que el informe sobre las trasnacionales en México destaca:
La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales.
La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros.
Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo.
El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales.
Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda.
Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para acceder a la justicia
Cláusulas nocivas
Muchos de los tratados incluyen cláusulas nocivas para los Estados, como la de "Compensación por Expropiación Indirecta" (del lucro cesante), que protegen a los inversionistas contra la expropiación "indirecta", que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada.
Por esta cláusula, las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático, como en los casos de Calica y Odyssey contra México.
Para Müller, las demandas en los tribunales de arbitraje internacionales son un instrumento colonial que fomenta las políticas extractivistas, principalmente en los países del sur global, como los latinoamericanos.
"La mayor cantidad de demandas se dirigen hacia países del sur global como América Latina, de África, de Asia. Esto genera un grave problema para esos países, para sus presupuestos; también para poder simplemente decidir sobre cómo regular, por ejemplo, cuestiones ambientales, de sanidad, etcétera", explica.
"Y después si se pierden esas demandas —que en el 60% benefician a los inversionistas— estos van a países del norte global, a países industrializados, eso de por sí ya demuestra también el desequilibrio total de ese sistema y el carácter también imperial de alguna forma y también colonizador", agrega.
Salida factible y un nuevo comienzo
En su informe, los investigadores recomiendan a las autoridades mexicanas realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones y sus impactos para la economía y sociedad.
También, suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada esta.
Asimismo, salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo, crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado y no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.
