Hipocresía de los agroquímicos: ¿envenena la UE a Sudamérica y se enriquece "a nuestra costa"?
© AP Photo / Eraldo Peres
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Brasil fue el país que consumió más pesticidas en 2022, indican los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Lo que es más, Brasil se ha hecho famoso en los últimos años por ser el principal importador de pesticidas prohibidos en la Unión Europea.
Los expertos entrevistados por Sputnik explican por qué los pesticidas que están prohibidos en la UE se venden a Latinoamérica, qué riesgos conlleva esto y cómo el Gobierno trata de resolver el problema.
Según un estudio encargado por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN-Europa), una coalición de organizaciones de la sociedad civil de países europeos, titulado "Plaguicidas de la UE, prohibiciones de exportación: ¿cuáles podrían ser las consecuencias?", Brasil fue nombrado el principal importador de plaguicidas prohibidos en Europa, entre los países en desarrollo en 2018.
La investigación muestra que Brasil importó 10.080.462 kilos de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, lo que equivale al 36%. Entre los 18 países que más transacciones de este tipo realizaron, seis son sudamericanos. Además de Brasil, la lista incluye a Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.
"Europa se está enriqueciendo a costa de los países sudamericanos. Les voy a dar dos cifras muy claras. La primera es que en los últimos diez años, el uso de agroquímicos en la UE ha disminuido alrededor de un 3% y en Brasil, en el mismo periodo, ha aumentado un 78%", argumenta la profesora del departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo (USP), investigadora asociada del Centro de Estudios sobre América, Asia y África (CESSMA) de la Universidad de París y autora de “Agroquímicos y colonialismo químico” (2023), Larissa Mies Bombardi.
La profesora también revela que América Latina es el lugar donde más crece el uso de pesticidas.
"En los últimos 20 años, el uso de pesticidas en América Latina ha aumentado un 143%", apunta.
Añade que en ningún otro lugar del mundo ha incrementado tanto el uso de agroquímicos y, de esta manera, Europa se está enriqueciendo a costa de los países sudamericanos, de los cuales Brasil es el principal entre ellos.
El informe de PAN-Europa muestra que la UE fue el principal exportador de pesticidas en 2022. En total, se exportaron 714.000 toneladas de pesticidas, por un valor estimado de 6.600 millones de euros. De esta cantidad, 81.615 toneladas de 41 plaguicidas prohibidos se exportaron para uso agrícola en otros países.
¿Nueva ley de pesticidas o 'ley del veneno'?
A finales del 2023, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, sancionó con vetos la Ley 14.785 de 2023, conocida como Nueva Ley de Plaguicidas, que tiene su origen en el Proyecto de Ley 1.459/2022, propuesto inicialmente en 1999. Sin embargo, en mayo de 2024, el Congreso Nacional anuló parte de los vetos del presidente y la ley entró en vigor.
La cuestión de los plaguicidas también está directamente vinculada a la reforma tributaria, ya que no fueron incluidos en el Impuesto Selectivo por el Gobierno federal y la Cámara de Diputados. Además, un informe publicado por O Joio e O Trigo, en colaboración con Fiquem Sabendo (organización sin fines de lucro especializada en el acceso a la información pública), muestra que la reforma prevé que los agroquímicos reciban un descuento del 60% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La directora ejecutiva del Sindicato Nacional de la Industria de Productos Fitosanitarios (Sindiveg), Eliane Kay, considera que la ley, resultado de un proyecto que lleva más de 20 años en el Congreso, "fue ampliamente debatida con la sociedad civil organizada".
"El texto aprobado refleja el deseo del sector de una reglamentación más moderna, sin perjuicio del rigor técnico y de la seguridad para los trabajadores rurales, la población y el medio ambiente. El uso de pesticidas y el sistema regulador brasileño son estrictos y siguen las normas de las organizaciones internacionales", asegura.
Por otro lado, en opinión de Bombardi, el proyecto de ley, que ha recibido el sobrenombre de Ley del Veneno, "hace trizas el principio de precaución que existía en la Ley de plaguicidas de 1989".
La experta comenta que mientras la Ley de 1989 dice que si "una sustancia tiene pruebas de que puede ser cancerígena, de que puede tener efectos en la formación de los fetos, de que puede causar problemas hormonales, esa sustancia puede ser revisada y puede ser prohibida", la nueva Ley de Plaguicidas, en cambio, establece que "si una determinada sustancia conlleva un riesgo inaceptable de cáncer".
Para ella, la idea de riesgo inaceptable puede sentar precedentes sobre lo que puede o no considerarse aceptable.
"¿Qué es un riesgo inaceptable de cáncer? ¿De qué estamos hablando? Crea una enorme ventana legal", argumenta.
Además, la profesora e investigadora destaca otro cambio: si antes los ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente tenían equivalencia para decidir si aprobaban o no el uso de una determinada sustancia en Brasil, ahora, con la nueva ley, la competencia de los registros de plaguicidas recaerá únicamente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
"Esto también pone en riesgo, obviamente, que se puedan aprobar sustancias nocivas para el medio ambiente, para la salud humana", subraya.
¿Lobistas en la carrera?
El asunto es fruto de discusiones entre los sectores político, económico y sanitario. Un informe publicado por Fiquem Sabendo muestra que el Gobierno Federal, durante el período de tramitación y aprobación del Proyecto de Ley y de la Reforma Tributaria, recibió agentes privados identificados como lobistas.
Según la investigación, entre el 18 de octubre de 2022 y el 5 de agosto de 2024, el Gobierno federal tuvo 752 reuniones a las que asistió al menos un lobista o una empresa defensora o productora de agroquímicos.
Conforme la propia organización, el análisis tiene como objetivo problematizar "el papel y la influencia ejercida por los lobistas de agroquímicos, que forman parte del sector del agronegocio, en los espacios de poder público entre 2022 y 2024, considerando también el choque entre los intereses empresariales y la salud colectiva en la elaboración de políticas de control y reducción de agroquímicos".
El cabildeo es "objeto de debate parlamentario desde hace muchos años", explica el politólogo y profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), Paulo Roberto Figueira Leal. En 2022, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para regular las actividades de cabildeo, pero la propuesta se ha estancado en el Senado.
El proyecto de ley, según el politólogo, prevé una serie de obligaciones, como registrar en una agenda las reuniones con funcionarios públicos e identificar claramente a quién representan los lobistas. La propuesta, sin embargo, ha creado descontento en parte del segmento, revela Leal.
"Algunas instituciones están a favor, otras en contra, pero creo que [lo que] interesa a la sociedad brasileña son las obligaciones para aumentar la transparencia de estos instrumentos de presión sobre el Parlamento, que evidentemente entrañan riesgos", señala.
Uso de plaguicidas en Brasil
Los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) al informe de Fiquem Sabendo muestran un aumento considerable de la aprobación de plaguicidas en Brasil desde el año 2000. En 2017, fue la primera vez que el país registró más de 400 sustancias autorizadas. Entre 2021 y 2023, se autorizaron 1.769 productos.
La directora ejecutiva de Sindiveg, Eliane Kay, destaca que "cada producto utilizado en Brasil ha sido evaluado por las autoridades reguladoras nacionales y cumple con los requisitos legales vigentes, que son tan estrictos como los de cualquier otro gran país agrícola del mundo".
Es decir, cuando son evaluados y puestos a la venta, pasan por una serie de estudios, como "análisis toxicológicos y ecotoxicológicos realizados bajo buenas prácticas de laboratorio y evaluados por las autoridades reguladoras, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación", explica.
A pesar de los procesos legales, los investigadores cuestionan algunas normas brasileñas. Citando el libro Agrotóxicos y colonialismo químico, la profesora asociada del Instituto de Biología de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Evelize Folly das Chagas, apunta que al tebuconazol, prohibido en Europa, en Brasil "se le permite estar presente en el agua potable unas 1.800 veces más de lo establecido en la UE" y ya se ha comprobado que esto causa problemas de malformaciones y en el aparato reproductor.
"El glifosato, que fue considerado potencialmente cancerígeno para los seres humanos en 2015 por la Organización Mundial de la Salud, autorizamos un residuo de esta sustancia 5.000 veces mayor en el agua, en el agua potable de Brasil, que en la Unión Europea", afirma Bombardi.
Cuando la nueva Ley de Plaguicidas fue aprobada por el Senado y enviada al presidente para su sanción, el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) publicó una declaración en la que se oponía al proyecto, alegando que el Senado había ignorado una consulta pública en la que el 80% de los encuestados votaron en contra del proyecto.
Además de oponerse al proyecto de ley, el INCA hizo hincapié en "los impactos nocivos para la salud humana y ambiental derivados de la exposición a este contaminante químico", afirmando que "alrededor del 80% al 85% de los casos de cáncer son consecuencia de la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos presentes en el medio ambiente".
Dado que cada país sigue su propia legislación, Bombardi indica que la COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025) tiene un papel central en estos debates y que ella, como coordinadora de la Alianza Internacional de Normas sobre Plaguicidas, tiene intención de proponer un debate sobre la necesidad de un marco normativo internacional para los plaguicidas.
"Hoy tenemos tres convenios mundiales sobre sustancias tóxicas, pero ninguno de ellos se ocupa directamente de los pesticidas", argumenta.
También destaca las diferencias entre lo que se aplica en Europa y lo que Europa cree que se aplica en el resto del mundo.
"De la misma manera que durante el periodo colonial histórico en Europa no se toleraba la esclavitud de las personas [una actividad económica rentable en las colonias de América], hoy en Europa, algunas sustancias, como la atrazina que está relacionada con varios tipos de cáncer, la enfermedad de parkinson, la infertilidad, la malformación fetal, están prohibidas en la UE desde hace 20 años, y estas sustancias siguen siendo vendidas por la Unión Europea a los países del sur [global] y Brasil es uno de los principales consumidores", concluye.
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