Los diarios y los informativos de medio mundo han repetido desde el pasado fin de semana las lamentables imágenes que mostraban cómo llamas aparatosas salían de las ventanas de la sede parlamentaria, situada en el centro de Ciudad de Guatemala, después de una manifestación contraria al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quien sólo lleva 10 meses en el poder. A primera vista, todo apuntaba a la violencia de los manifestantes, pero un examen más minucioso de los hechos y las circunstancias ofrece otra posibilidad completamente distinta.
Responsables
En primer lugar, la seguridad en los alrededores del Parlamento era más bien escasa, aunque era tan evidente que el sábado 21 de noviembre iba a vivirse una nueva ronda de protestas que la dirección general del Congreso informó el viernes 20 a los diputados y diputadas de que cerraba sus dependencias "como medida de resguardo al Patrimonio Cultural de la Nación y de seguridad para los dignatarios".
Miembros del principal partido opositor, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunciaron que entre los manifestantes había "infiltrados" y explicaron, incluso, que el Gobierno contrató a pandilleros para que se mezclaran entre los estudiantes de la Universidad San Carlos, la más antigua de Centroamérica. Los representantes de la UNE afirmaron que esas personas fueron quienes activaron el vandalismo y los desórdenes para deslegitimar así las protestas que hasta entonces estaban siendo pacíficas.
Los hechos
La chispa que provocó la manifestación ciudadana fue la aprobación por los congresistas del Presupuesto de la República para 2021. El proyecto de las cuentas del Estado reducía las partidas para sanidad y educación. Resultaba vergonzoso comprobar que se estaban restando cientos de miles de quetzales —la moneda nacional guatemalteca— a los programas nutricionales infantiles, precisamente en un país donde más del 50% de sus habitantes vive en niveles de pobreza. También disminuían las provisiones para la universidad pública, la atención materno-infantil o el tratamiento del cáncer. Un escándalo en toda regla.
Finalmente, la Junta Directiva del Congreso, dominada por la alianza oficialista de Giammattei y su partido de centro derecha Vamos, suspendió la tramitación de los polémicos presupuestos. Según los expertos locales, ese paso sería un acto ilegal, pues es competencia exclusiva del pleno del Legislativo. ¿Por qué no actuó antes la cúpula del Parlamento?
Toda esta irresponsabilidad ha caldeado los ánimos de una población hastiada de corrupción e incompetencia, golpeada por las consecuencias del coronavirus y de dos huracanes seguidos: Eta y Iota, que dejaron un reguero de muerte y estragos en la primera quincena de noviembre.
Malas praxis
La gestión de la pandemia ha sido nefasta. Desde marzo, con la primera oleada de infectados, el Parlamento dispuso una inyección de dinero a los presupuestos de 2020 para auxiliar a los compatriotas más afectados económicamente por el hundimiento de la actividad productiva. Una de las medidas estrella fue el llamado Bono Familia que llegó a miles de personas que no eran ni pobres ni vivían en Guatemala. Un desastre.
Dentro del Ejecutivo nacional existen diferencias internas que cada vez son más profundas. El vicepresidente Guillermo Castillo vio "exagerada" la invocación de Giammattei a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) como respuesta al vandalismo, porque, en su opinión, el pueblo "ya no da los golpes de Estado".
El vicepresidente también admitió que la quema del Palacio Legislativo "genera dudas". Tanto él como Giammattei estaban ya enfrentados con anterioridad, a consecuencia de la creación, por el presidente, de un ente estatal llamado Centro de Gobierno, denunciado por inconstitucional por duplicar funciones de varios ministerios, no rendir cuentas y limitar las competencias del vicepresidente.
