"La corrupción en América Latina es una enfermedad endémica, porque incluso está en la cultura y en la vida diaria de las personas", dijo la politóloga Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional.
Chávez añadió que "muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos haciendo corrupción y el caso más paradigmático es cuando te dicen que pagaron a un funcionario público para expresar agradecimiento".
La corrupción dificulta el crecimiento económico, la prestación de servicios públicos y, en algunos casos, incluso puede llegar a privar a las personas de sus derechos humanos.
El año que concluye tuvo momentos dramáticos vinculados a la corrupción.
Uno de ellos fue el suicidio del expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) poco antes de ser detenido por acusaciones relacionadas con Odebrecht.
Lula, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) y otros dirigentes del Partido de los Trabajadores fueron absueltos el 4 de diciembre de una acusación de crear una asociación delictiva para financiar a esa fuerza política, pero el exmandatario tiene otra condena y enfrenta otras causas.
Para el CELAG, varias denuncias por corrupción contra dirigentes progresistas son "falsas" y representan una "judicialización de la política".
Tipos de corrupción
"Es cierto que la corrupción es un gran problema para la región; pero lo que no se ve a veces es que hay distintos tipos de corrupción que generan daños completamente diferentes", dijo a Sputnik el subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Guillermo Oglietti, doctor en economía aplicada.
La corrupción sistémica a menudo no es "ilegal" porque los gobernantes generan transferencias para beneficiar a ciertos sectores a través de mecanismos legales, según el economista.
"Lo que sucede es que el periodismo y los organismos que miden la corrupción, como es el caso de Transparencia Internacional, solo hablan de la circunstancial, la cual sirve para atacar el funcionamiento del Estado", argumentó.
Para Oglietti, quienes critican la corrupción circunstancial generalmente tienen un "pensamiento conservador" y proponen una menor participación del Estado en la economía.
Pero, según Oglietti, la corrupción sistémica se produce en mayor medida cuando existe un menor protagonismo del Estado en la sociedad, especialmente cuando los gobernantes regalan impuestos.
En su opinión, "las protestas sociales son un ejemplo de eso; los tres principales países donde hay revueltas populares, como son Chile, Colombia y Ecuador, han tenido corrupción sistémica".
Este tipo de corrupción se da en países como los latinoamericanos donde "las elites y las autoridades políticas no defienden los intereses nacionales, sino que buscan beneficiar los ajenos", aseveró.
Acciones
Por su parte, Chávez observó que el avance de la tecnología y las redes sociales ayuda a que se pueda compartir información de manera más rápida, lo que permite una mayor denuncia de presuntos ilícitos.
Asimismo observó con preocupación el papel que juegan las noticias falsas en las sociedades latinoamericanas, ya que inducen a los ciudadanos a elegir políticos en base a la desinformación.
"En Brasil las 'fake news' jugaron un papel importante en las pasadas elecciones donde se usó mucha información falsa para desprestigiar a ciertos candidatos", dijo.
Los Estados, según Chávez, tienen que hacer más para defender a los denunciantes e impulsar la educación para que la ciudadanía no crea cualquier información sin chequear.
"Tenemos que defender los logros de la democracia como son las leyes anticorrupción, no podemos darnos el lujo de echar para atrás", aseguró.
El Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, publicado por Transparencia Internacional el 23 de septiembre, indica que más de la mitad de los entrevistados creen que la corrupción está empeorando en su país y que su Gobierno está haciendo un mal trabajo para combatirla.
La encuesta, realizada a más de 17.000 ciudadanos que viven en 18 países de la región, reflejó que más de una de cada cinco personas que accedieron a los servicios públicos, como agua o electricidad, habían pagado sobornos el año anterior.
El Barómetro también reveló que algunas de las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas por la corrupción, por ejemplo, las mujeres son más propensas a pagar sobornos por servicios de salud y educación pública.