Este 26 de mayo se asentaba el proceso de desescalada judicial confeccionado por la Comisión de Coordinación de Crisis del COVID-19 de Justicia. Durante los próximos 15 días, según la planificación esbozada por Fiscalía, CGPJ y comunidades autónomas, entre un 60 y 70% de los funcionarios judiciales acudirán a su lugar de trabajo. La actividad vuelve paulatinamente a los juzgados, pero en los estamentos de la justicia existen muchas dudas sobre si será viable impartir justicia como hasta ahora se había hecho.
En los casi tres meses de confinamiento y estado de alarma, el sistema Judicial ha permanecido prácticamente inmóvil. Solo los asuntos de urgencia ligados a derechos fundamentales y los juzgados de guardia han mantenido algo de pulso. Pero "en general, ni siquiera hemos contado con servicios mínimos en muchos juzgados", alerta el abogado granadino Manuel Esteban Martínez Valdivieso, con despacho propio y colaborador de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Desde su posición como abogado, en contacto con magistrados, sociedad civil y administraciones, asume que estamos ante un "tapón judicial sin precedentes. Hasta ahora se han podido meramente presentar algunos escritos, pero ni siquiera hay la certeza de que hayan sido admitidos a trámite, todo está en el limbo, no sabemos qué pasará con todo lo que el Real Decreto suspendió".
El aluvión de trabajo acumulado venidero, para una estructura que ya venía siendo calificada como lenta e inoperante en su respuesta, es preocupante. Además, se prevé que la pandemia generará su propio cauce de procesos judiciales, lo que agrava más si cabe la saturación endémica.
La nueva realidad judicial de la pandemia
Los efectos del confinamiento a nivel familiar, empresarial y laboral o sanitario, ya se adivinan como inasumibles para el advenimiento de la justicia. Según estimaciones del Ministerio, entre 2020 y 2021, surgirán más de 8 millones de nuevos casos, un tsunami de litigios y procesos que podría sepultar la respuesta judicial y las garantías legales. Esta previsión dobla el cauce normal de causas que habrían existido sin pandemia. Los procesos derivados de los ERTEs, las casi un millón de infracciones cometidas durante el confinamiento, las causas contra los responsables políticos —celebración del 8M, organización y respuesta en las residencias— o el previsible aumento de divorcios (España es el segundo país de Europa con mayor tasa de rupturas), son solo algunos de los exponentes de este inminente montaña a escalar por magistrados, fiscales, catedráticos o abogados.
Las estimaciones del Ministerio de Justicia, basándose en la experiencia de la anterior crisis económica, llevan a escandalosos cálculos para 2021 respecto a 2019: los casos aumentarán un 140% en la jurisdicción Social, las demandas de despido, por ejemplo, un 114%. En la jurisdicción Civil, se calcula un alza de hasta un 145%, por ejemplo.
Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, trató de soliviantar a las comunidades autónomas, con competencias en el área, con el anuncio de la puesta en marcha para 2021 de 23 juzgados específicos para los asuntos derivados de la COVID-19.
El Everest judicial y su desescalada
El Plan del Ministerio de Justicia, tiene el próximo día 4 junio otro momento trascendental, ya que se restablecerán los plazos judiciales, previamente, el día 1, los administrativos.
El plan de choque del Ministerio cuenta con novedades como:
- incluir los juicios retrasmitidos en streaming
- turnos de mañana y tarde
- más videoconferencias y teletrabajo
- citas previas y preferencia para asuntos de Familia, menores, despidos o ERES
- aplicar la mediación como alternativa de los conflictos judiciales
- y sobre todo, la celebración de juicios entre el 11 y el 31 de agosto
Desde los juzgados, las principales asociaciones de jueces lamentan que el plan del gobierno ha ignorado sus aportaciones, recuerdan que sigue haciendo falta más medios materiales y personales. Las 4 principales organizaciones de España acaban de hacer un comunicado conjunto recordando la situación de "sobrecargada y con medios limitados por los recortes de los últimos años" en la justicia, pidiendo además al gobierno y al Legislativo que eviten la "merma en los derechos de los justiciables".
También los abogados claman ante la situación que se les viene encima, 320 abogados y procuradores de distintas Comunidades Autónomas enviaban la semana pasada una solicitud oficial a Justicia para poder tener acceso a los expedientes digitales, criticando el hecho de que durante todo este periodo de parálisis, no se hayan adoptado medidas para fomentar el teletrabajo.
Otra de las medidas que solicitan es la reducción del IVA en su actividad al 4%, "no se entiende que se tribute por un servicio esencial como es la defensa de los derechos de los ciudadanos, el derecho a la Justicia, al tipo del 21% de IVA", cuestiona el documento.
Juzgados como foco de contagio
Para abogados como Martínez Valdivieso, los planes que propone el Consejo General del Poder Judicial no son garantía de futuro. "Estas medidas no resuelven el problema. En España hay casos muy significativos como el de la jurisdicción de Sevilla, donde lo Social colapsó hace mucho tiempo, ya nos venían señalando juicios para 2023 antes de la pandemia, eso es un disparate". Esto se traduce en falta de garantías legales para la ciudadanía y en una vulneración de derechos fundamentales, los denunciantes se quedan sin su derecho legítimo a tener una tutela judicial efectiva. En el juzgado de lo Social, esto afecta, principalmente, a procedimientos de despidos o acoso laboral, por ejemplo.
"En Sevilla, despidos que se hayan hecho durante la pandemia, serán vistos en 2024, la gente esperará años a recibir una indemnización o una readmisión", asume el abogado que lamenta la falta de medios humanos y materiales.
Pero la base del problema es el espacio físico, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que impone COVID-19. Los juzgados son un foco de actividad social donde se antoja inviable mantener la distancia de seguridad. Mesas compartidas, micrófonos, entrada y salida de testigos, edificios obsoletos, ausencias de medidas tecnológicas que ofrezcan garantías procesales, aunque el sistema circuit esté avanzando considerablemente.
En Madrid, por ejemplo, la juez decana, Mª Jesús del Barco, acaba de proponer que el aforo en juzgados de Plaza de Castilla no exceda de 1.164 personas. Lo habitual es que la ocupación sea de unas 4.500 personas. En otros puntos de España como Sevilla, con carga administrativa muy diferente, este 26 de mayo la actividad volvía a los juzgados de los Penal y Social del bullicioso edificio Noga, donde las infraestructuras son muy deficitarias para una instalación donde hasta ahora, entraban a diario al menos unas mil personas. En este caso, según algunos trabajadores, ni siquiera hay ascensores suficientes.
Un juzgado de lo social, según fuentes jurídicas, hace de media unos 15 juicios al día y cada uno de ellos, implica al menos a diez personas interactuando. Además, sin mayorías políticas a la vista, tampoco parece posible que España vaya a ser testigo de reformas en las leyes de procedimiento legislativo. Mucho tendrá que cambiar, más allá de la urgencia actual.
"Si queremos aplicar la Ley, tenemos que cambiar, para celebrar juicios a día de hoy al ritmo que requerimos, habría que habilitar barracones", lamenta Martínez Valdivieso, por muy mal que suene en pleno siglo XXI.
