"Demostraremos que los acusados, entre 2012 y 2016, actuaron en calidad de funcionarios públicos, aceptaron y recibieron ofertas, dones o promesas indebidas; y los empresarios fueron beneficiarios de adjudicaciones de varios contratos", dijo Salazar durante el inicio de la audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia del país andino.
Salazar detalló que el monto total de sobornos ascendería a 7,98 millones de dólares y aseguró que el exmandatario se amparó en el artículo 193 de la Constitución para poder ubicar a sus ministros de Estado en cargos estratégicos para viabilizar la estructura de sobornos.
Según la funcionaria, los contratos se adjudicaron a través del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría del Agua, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, previa oferta acordada y entregada.
Salazar enfatizó que los valores ofertados o prometidos por los empresarios y aceptados por los funcionarios públicos fueron entregados en efectivo y a través del cruce de facturas con las que las empresas contratistas del Estado cancelaban a los proveedores del movimiento Alianza País (en ese entonces movimiento político del expresidente Correa).
Según la fiscal, las facturas se entregaban por concepto de alimentación, publicidad, sabatinas (cadenas nacionales de radio y televisión que hacía el expresidente con sus funcionarios los fines de semana en diferentes ciudades o poblados), convenciones, cumpleaños, seguridad privada.
Salazar añadió que los involucrados, para no ser identificados, usaban codificaciones y lenguaje cifrado cuando se referían a los aportantes, beneficiarios y cantidades de dinero.
El Procurador del Estado, Iñigo Salvador, mientras tanto, afirmó que desde el Ejecutivo se institucionalizó el sistema de corrupción y aseguró que Correa y su exvicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión, condenado por recibir coimas de la constructora brasileña Odebrecht) eran los ordenadores del gasto.
El 10 de febrero, la defensa de Glas se quejó de que no se atendió el pedido para que el exfuncionario comparezca personalmente en la audiencia; la comparecencia se realizó mediante video conferencia.
"Todo esto es causa de nulidad (…) el Tribunal no está observando el debido proceso", dijo a periodistas durante un receso el abogado Carlos Alvear.
El cohecho es infracción imprescriptible en Ecuador, que puede ser juzgada en ausencia.
La sanción para este delito es de entre tres y cinco años de cárcel si es un servidor público el que ejecuta el acto.
Correa vive en Bélgica desde que concluyó su gobierno, en mayo de 2017.
El 7 de febrero, Fausto Jarrín, uno de los abogados de Correa, presentó una demanda de recusación en contra de los miembros del Tribunal de Juzgamiento, por considerar que no son competentes para estar al frente del caso y solicitó a la Corte Nacional de Justicia designar un nuevo Tribunal.
Hasta el momento no se notificó oficialmente de la demanda; cuando se realice la notificación, se suspenderá la audiencia hasta que otro tribunal la resuelva.
Durante el juicio, la Fiscalía planea presentar 163 testigos de cargo y la Procuraduría de la Nación, en su calidad de acusadora particular, presentará 79 testigos.
