Vizcarra puso fin a una larga disputa entre el Ejecutivo y Legislativo, dominado por el opositor Fuerza Popular (derecha, fujimorista), decretando la disolución constitucional del Parlamento el 30 de septiembre, una medida que no se veía desde 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cerró el Congreso apoyado por las Fuerzas Armadas.
El presidente continuó este año impulsando su agenda anticorrupción y presentó al Congreso nuevas medidas para aprobar que llevaron a otro choque y una votación de cuestión de confianza que el Ejecutivo superó.
Pocos meses después Vizcarra volvió a recurrir a ese mecanismo para aprobar un proyecto de ley que cambiase el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pero el Congreso lo rechazó, por lo que el presidente, en un intento por resolver la crisis, buscó adelantar las elecciones generales en un año.
El Parlamento volvió a decir no, entonces Vizcarra cesó a los congresistas y estableció el 26 de enero como fecha para los nuevos comicios legislativos.
La disolución de su bancada mayoritaria fue el golpe de gracia para el partido, tras el encarcelamiento en octubre de 2018 de Keiko Fujimori, líder y heredera del expresidente, y pocos meses después, en enero de este año, el regreso a prisión del exmandatario por delitos de lesa humanidad luego de que el indulto concedido por Kuczynski fuese anulado.
Odebrecht
Keiko Fujimori, quien fue liberada en noviembre luego de permanecer 13 meses en prisión preventiva, es investigada por presunto lavado de activos al haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.
El escándalo en que se ha visto envuelta la constructora brasileña desde hace un par de años se ha cobrado varias víctimas en América del Sur, entre ellas el expresidente Alan García, quien se suicidó en abril cuando la Policía fue a detenerlo a su hogar por presuntos delitos de corrupción vinculados a la compañía.
El equipo fiscal Lava Jato acusó al expresidente de recibir sobornos de Odebrecht bajo la apariencia del pago de unas conferencias que dictó en Brasil, por 1,5 millones de dólares.
García fue acusado también de obtener dádivas de la empresa brasileña por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima, ejecutada durante su segundo mandato.
Los tentáculos de Odebrecht alcanzaron también a Kuczynski, quien fue puesto bajo arresto domiciliario, y al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), arrestado en EEUU tras un pedido de extradición de la justicia peruana.
El exmandatario permanece en una cárcel de California a la espera de una decisión de la justicia estadounidense.
Ambos casos están ligados a investigaciones por presunto lavado de activos y cohecho en el caso Odebrecht.
