En abril de 2015 Odebrecht se posicionó como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todo el continente y acumulaba ganancias récord. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones contra la corrupción iniciadas marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña —hoy mundialmente conocidas como Lava Jato—, la empresa empezó a colaborar con la Justicia e hizo temblar al mundo político latinoamericano.
La compañía pagó sobornos para garantizar contratos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
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Hay varios expresidentes involucrados en la trama. García es uno de ellos.
Fujimori es un caso anterior al escándalo de Odebrecht. En 2009 el expresidente reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. Se le impusieron siete años y seis meses de cárcel por este delito, informó Perú 21.
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A su vez, la empresa brasileña admitió que pagó un total de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Toledo, García y Humala. Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso, convirtiéndose en el político de más alto nivel en caer por el escándalo cuando aún ocupaba su cargo.
Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello (1990-1992) que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7.6 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.
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Los expresidentes Michel Temer (2016-2018), Dilma Rousseff (2011-2016) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) también se han vistos implicados en los casos de corrupción.
Temer se convirtió en el segundo exjefe de Estado de Brasil en ir a la cárcel por corrupción (aunque luego recuperó su libertad), después de que Lula da Silva fuera condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por una investigación que también abarcó el caso Lava Jato.
Tres exministros de los Gobiernos de Lula y Rousseff, entre ellos Antonio Palocci, considerado el hombre más influyente de esos mandatos, también fueron judicializados.
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En Colombia, el escándalo rozó al entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), reelegido en 2014, aunque luego fue exonerado. El exsenador Otto Bula —actualmente preso por haber recibido 4,6 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht— denunció supuestos pagos ilegales de la empresa brasileña a las campañas electorales de Santos en 2010 y 2014. Sin embargo, el 30 de mayo de 2018 la cámara de Diputados lo exoneró.
