Dirigente chileno asegura que informe de Amnistía visibiliza represión ilegal del Estado

"Concuerdo con las conclusiones del informe y reconozco el gran trabajo efectuado para visibilizar y denunciar los actos ilícitos por los agentes del Estado", señaló Vásquez.

El político, procurador de la Universidad Católica de Chile y experto en derechos humanos añadió que "en Chile llevamos más de un mes de constante represión, y es importante decir que los actos ejercidos por los agentes del Estado no son hechos aislados, porque se ha visto un excesivo uso de la fuerza de manera perpetuada en el tiempo y masiva".

"Hemos visto acción negligente y en algunos casos dolosa del uso de armas de fuego, de escopetas de balines, detenciones ilegales, controles de identidad a menores de edad, homicidios, torturas, delitos sexuales, apremios ilegítimos y más de 200 casos de daño ocular", describió.

Por eso "es importante investigar y condenar cada una de las graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos", añadió.

Hay al menos otras tres investigaciones internacionales de derechos humanos que se están llevando a cabo en Chile acerca de la respuesta estatal al estallido social que comenzó en octubre.

​Están abocados a esa tarea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Human Rights Watch y la misión técnica enviada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Todas estas investigaciones concluirán en la existencia de violaciones a los derechos humanos", dijo Vásquez.

Lo importante, más allá de reconocer los crímenes cometidos en Chile, será decretar recomendaciones y exigencias para evitar más violaciones y reparar el daño causado, según Vásquez.

"Se debe exigir el cese inmediato de la represión, un programa de reparación integral a las víctimas, un programa de educación transversal en derechos humanos, la creación de una comisión de la verdad, y la garantía de no repetición", enumeró.

Amnistía expuso que las fuerzas de seguridad y militares ejecutan "ataques generalizados contra la población chilena usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles exigiendo legítimamente sus derechos", dice el informe.

Además, cino personas fueron asesinadas por uniformados y 2.400 sufrieron heridas de distintos tipos de armas, 287 de ellas con traumas oculares graves.

El Gobierno rechazó las conclusiones de Amnistía.

"El estudio incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos", dijo en rueda de prensa la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Desde que comenzaron las protestas masivas a mediados de octubre, cerca de 30 personas han fallecido.

El instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 442 querellas contra la policía y las Fuerzas Armadas por torturas, tratos crueles, homicidios, homicidios frustrados y abusos sexuales en este periodo.