El proceso de reforma constitucional que se abre camino en Chile suma un nuevo capítulo en la sucesión de modificaciones en las cartas magnas de muchos países de América Latina. La magnitud de los cambios varía: mientras algunos estados hicieron reformas puntuales, otros optaron por redactar nuevas constituciones.
Brasil 1988: una nueva Constitución para una nueva era
Con ese objetivo, y con la necesidad de sustituir la Constitución que el régimen militar había aprobado en 1969, Brasil conformó una Asamblea Nacional Constituyente destinada a redactar un nuevo documento.
La nueva Constitución consolidó la elección directa de presidente y vicepresidente, gobernadores de Estados, legisladores y alcaldes municipales. Además, creó el Estado de Tocantins, habilitó el voto a partir de los 16 años y puso fin a la censura en radio, televisión y prensa.
Colombia 1991: una reforma impulsada por estudiantes
Los integrantes de la Asamblea Constituyente fueron escogidos durante las elecciones presidenciales de mayo de 1990. El Partido Liberal, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fueron las fuerzas con más representantes en una asamblea que también contó con dos integrantes de movimientos indígenas.
La nueva Constitución define a Colombia como un estado unitario y descentralizado, aunque admite la diversidad lingüística y religiosa dentro del territorio. También creó la figura del 'estado de emergencia', que solo puede ser convocado por razones económicas, sociales o ecológicas, con la firma de todo el gabinete.
Aquella Constitución no habilitó la extradición de ciudadanos colombianos, uno de los puntos más debatidos en la Asamblea Constituyente debido a su utilidad en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la extradición fue incorporada en una reforma constitucional en 1997.
Argentina 1994: un nuevo sistema electoral
Tras el famoso Pacto de Olivos entre el expresidente Raúl Alfonsín y el entonces mandatario Carlos Menem, los dos principales partidos políticos argentinos acordaron la conformación de una Asamblea Constituyente de 305 miembros, elegidos por voto popular.
Finalmente, la nueva Constitución incorporó novedades como el período presidencial de cuatro años con una única reelección, dio mayor autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, creó organismos de contralor y consagró nuevos derechos políticos y ambientales.
Venezuela 1999: el nacimiento de la república 'bolivariana'
Durante varios meses, la Asamblea trabajó en un proyecto de Constitución que finalmente fue aprobado en un referéndum realizado el 15 de diciembre de 1999.
La nueva Constitución trajo cambios importantes como la eliminación del Senado y la Cámara de Diputados por una Asamblea Nacional unicameral, la extensión del período de Gobierno de cinco a seis años y modificó el nombre del país para agregarle el calificativo de bolivariana.
Ecuador 2008: la Constitución del 'buen vivir'
La nueva Constitución le dio a Ecuador una nueva organización territorial en regiones y cantones y de promover mecanismos de participación ciudadana, la gran novedad de la Constitución es la centralidad que da al concepto de Sumak kawsay, un término quechua traducido como buen vivir y que refiere a la búsqueda de un bien común de la población en armonía con la naturaleza.
Bolivia 2006-2009: el país 'plurinacional' que reconoció a los indígenas
Evo Morales llevaba apenas seis meses de su primer mandato cuando convocó a la elecciones para determinar los integrantes de una Asamblea Constituyente. Si bien el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) era mayoritario entre de los 255 integrantes del cuerpo, las disputas con la oposición fueron una constante de la asamblea, que culminó su trabajo en diciembre de 2007.
La nueva Constitución definió a Bolivia como un Estado unitario social de Derecho Plurinacional Comunitario, consagrando varios derechos para los pueblos indígenas, que pasaron a tener representación parlamentaria, un sistema judicial indígena campesino, autogobierno y propiedad exclusiva de sus recursos forestales.
Una de las curiosidades del texto es que establece que "el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y, como factor de cohesión social, en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley".
