Los cinco elementos que contiene el borrador del dictamen que preocupan a promotores de una legislación avanzada son: la reglamentación de un registro de semillas, que afecta a usuarios y campesinos; el registro obligatorio de usuarios; la "trazabilidad" para el mercado regulado; la negativa a eliminar la posesión como un delito en el Código Penal federal; y una prohibición que discrimina y criminaliza a las mujeres embarazadas.
Las objeciones de la especialista con experiencia en organismos internacionales sobre el llamado "predictamen" que discuten los senadores son que "no protege al campo mexicano, sino que abre las puertas a una industria que podría ser capturada por intereses trasnacionales, por una restricción que establece que todas las semillas deben estar registradas y que se debe demostrar su procedencia lícita, lo cual significa que vamos a tener que importar las semillas".
Además del registro obligatorio de usuarios, ante un instituto federal encargado de aplicar la nueva ley, otro problema está en la llamada "trazabilidad".
"Necesitamos asegurar de que los campesinos tengan la posibilidad de entrar al mercado, sin poner límites para dejarlos al margen, como la trazabilidad", dijo Snapp, quien formó parte del Secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas para la reforma internacional de la política de drogas, que se discutió en una sesión especial de Naciones Unidas (UNGASS 2016).
La también autora del "Diccionario de Drogas", dijo que "si los legisladores ponen condiciones de 'trazabilidad', impondrían restricciones y prohibiciones que harán muy difícil que los campesinos puedan cumplir con ellas para integrarse" a un nuevo mercado regulado.
Sanciones y criminalización
Otra preocupación, además del registro obligatorio de semillas y usuarios, es que en la "armonización de la ley" permanece el delito de posesión simple de cannabis en el Código Penal.
La solución de ese dilema sería eliminar la "posesión simple" y establecer que cualquier sanción sea administrativa, pero no penal.
Snapp advierte que, con los límites introducidos al anteproyecto, "si las personas usuarias quieren cultivar para consumo personal serían obligadas a registrase, pero con ese registro personal el instituto encargado puede acudir a visitarlos en cualquier momento".
El supuesto objetivo sería asegurar que los usuarios cumplen las condiciones de esa institución encargada de la ley.
Otro límite a los derechos de comunidades rurales es un artículo transitorio que restringe a otorgar solo 20% de licencias a los campesinos.
"¿Y por qué no otorgar más de la mitad de las licencias a los campesinos, para protegerlos? eso sí sería poner la justicia social en el centro", recomienda.
Los usuarios también deberían tener sus derechos completamente protegidos, según las sentencias anteriores de la Suprema Corte, "por eso no debe haber una obligación de registro", sostiene.
Las campañas de salud pueden hacer recomendaciones, pero "una prohibición se aplicaría de manera discriminatoria, afectaría a mujeres pobres ya vulneradas en sus derechos, y exponerlas al abuso de autoridades, que podrían intentar llevarse a los hijos y extorsionarlas", alertó Snapp
Por su parte, la directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, dijo a Sputnik que la legislación resultante debe ser "integral, balanceada, sensible, evaluable, completa".
El anteproyecto "debe considerar las tesis de jurisprudencia, ya fijadas por la Suprema Corte para el consumo lúdico responsable, para que regule todo el mercado, no solo el consumo o el autocultivo, sino también las siembra, la producción, el comercio y la transformación".
"La regulación debe contener prioridades balanceadas, que permita actuar a los actores privados, pero que también se beneficie la salud pública", plantea la experta, que colaboró en el debate sobre control internacional de drogas con la Organización de los Estados Americanos y la ONU.
Como ejemplo, la directora de la entidad, que participa en el colectivo "Seguridad sin Guerra", menciona reglas "sobre la potencia de los productos, el empaquetado, el etiquetado, la densidad de los puntos de venta, que estén alejadas de escuelas, y que se mantenga prohibiciones expresas como el suministro a menores de edad".
Además deberían generar la condiciones para "la creación de una industria nacional, no solo para la importación, sino que le dé oportunidad a las comunidades y campesinos de participar, sin limitarse a permitir a las grandes multinacionales la oportunidad de comerse el mercado mexicano, y prestar atención a las barreras de entrada".
Mientras tanto, los legisladores han pasado horas discutiendo si elevan la cantidad personal permitida, de los cinco gramos actuales, que la ley ya permite, a 28 gramos; y si consideran como "estupefaciente" cualquier presentación con cantidad igual o superior al 1,0% de tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto psicoactivo de la planta.
