"No estamos litigando por obtener los permisos para consumo de drogas per se, sino que los litigios son en realidad pretextos jurídicos para detonar procesos más amplios, para alcanzar reformas a las políticas de drogas y de seguridad, para terminar la política de guerra abierta contra las drogas", dijo Sánchez.
Las decisiones judiciales ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar a integrantes de MUCD "la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio".
Amparada en el derecho constitucional al "libre desarrollo de la personalidad", esa organización ya logró ganar varios litigios en la Suprema Corte de Justicia, suficientes para sentar jurisprudencia en el uso medicinal de cannabis, que ahora cuenta con una ley, y para que este año el Congreso deba regular el uso de marihuana entre adultos.
Las dos decisiones son históricas, porque "son las primeras en su tipo para detonar de nuevo el debate para eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intensión del Gobierno actual de reformular el combate a las drogas", según reza el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024).
Sánchez, posgraduada en gobernanza pública por la Escuela de Economía de Londres y por el Instituto de Estudios Políticos de París, añadió que "nunca hemos querido plantear de esa manera el tema de fondo de los amparos" que la organización y otros activistas por el consumo responsable de drogas han llevado hasta el máximo tribunal, mediante litigios exitosos.
"Los amparos se proponen repensar la estrategia de prohibición de las drogas, terminar con la guerra frontal contra el narcotráfico y reorientar la política de seguridad hacia los delitos que sí dejan miles de víctimas", dijo la experta, que fue colaboradora de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas en control internacional de drogas.
Largo camino contra la guerra
El plan de litigios estratégicos comenzó en 2011 para que les permitieran el consumo responsable de cannabis.
Otro éxito fue lograr "jurisprudencia" de la Corte Suprema, es decir varias decisiones en el mismo sentido para evitar interpretaciones diferentes de otros tribunales, sobre el "uso adulto de cannabis", que debe regularse a más tardar en octubre de este año.
"Esperamos que tanto el Senado como la Cámara de Diputados discutan la regulación de ese mercado en particular, entre septiembre y diciembre de 2019", dijo la directora general de MUCD.
El inédito paso será en el noveno mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que declara en su Plan Nacional de Desarrollo "que se debe reformular el combate a las drogas, porque la prohibición no solo ha fracasado en entregar buenos resultados en seguridad, sino tampoco en salud", reseñó Sánchez.
Hay un signo de interrogación acerca de si López Obrador va tomar decisiones más allá de sus declaraciones.
"Eso trasciende a nuestra estrategia y a nuestros casos como organización ciudadana, no podemos poner palabras en la boca del Gobierno federal" respondió la experta.
Acerca de la posibilidad de promover otros casos para lograr jurisprudencia como ocurrió con el cannabis, Sánchez aclaró que estas dos sentencias provienen de un juzgado de distrito, es decir que son de un primer nivel judicial y aún están sujetas a revisión por solicitud del organismo federal sanitario, la mencionada Cofepris.
Hay una probabilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte, cuyos "tiempos son largos, mientras lo atrae, lo enlista, arma un proyecto, lo discute y llega a una votación, pueden transcurrir hasta dos años", dijo.
Los activistas sostienen que la llamada estrategia prohibicionista basada en enfoques de seguridad nacional, que data de medio siglo atrás, parece ya insostenible tanto por la violencia que ha generado como por los pésimos resultados en materia de salud pública.
