"Existe una urgencia innegable de cambiar las políticas de drogas punitivas y crea una nueva política de regulación, siguiendo y aprendiendo de las lecciones de Canadá", país de 37 millones de habitantes que puso en vigor el miércoles una ley que regula la producción y consumo personal de marihuana.
Snapp es cofundadora de Instituto RIA México, consejera del colectivo ReverdeSer y autora de un Diccionario de Drogas.
El pasado junio, el Senado canadiense aprobó la ley con 52 votos a favor, 29 en contra y dos abstenciones, poniendo fin al tabú de que esa decisión política era imposible mientras no se aprobara antes en todos los estados de EEUU y no solo en los nueve actuales, algunos de ellos fronterizos con México.
Además, indica Snapp, en el país latinoamericano "existen comunidades que han estado cultivando de manera ilegal, y la regulación permitiría que los campesinos tengan derechos a un salario, dignidad y posibilidad de reducir la pobreza en zonas rurales", prosiguió la autora, posgraduada en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard.
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El Gobierno de Canadá había advertido que los productores con permisos producirían unas 210 toneladas este año, pero la demanda será casi el triple con 610 toneladas, según estimaciones en el país norteamericano.
"Es una demanda que podría crecer, si mucha gente de otros países llega a Canadá a comprar y consumir legalmente", como ocurrió en otros países al legalizarse el consumo recreativo.
Ese turismo podría generar una oportunidad ya que "México fácilmente podría formar parte de ese mercado legal, si ya tuviéramos una regulación que lo permitiera", indicó Snapp.
La experta ha llevado su activismo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la segunda sala le otorgó el 4 de julio un amparo a ella y otras dos personas particulares para que puedan "importar y comprar semillas de cannabis, para producir y consumir sin fines de lucro", elevando a cuatro los fallos del máximo tribunal a favor de quienes esgrimen el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La autora, que también trabajó durante dos años en el secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas, enfocada en el diseño una reforma internacional de la política de drogas, indicó que la regulación también podría "asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a un mercado que ya existe".
En busca de buenos ejemplos
La legalización en Canadá después de la experiencia de Uruguay ocurre en momentos en que el próximo gobierno mexicano proclama que emprenderá la regulación de las drogas, incluso de la amapola para fines medicinales.
"Los 30 millones de electores que votaron por un cambio y una agenda de izquierdas progresista, también esperan un cambio de paradigma y el gobierno tiene la oportunidad de contribuir a construir paz", en un país con amplias regiones devastadas por la peor violencia registrada en un siglo, dijo la experta.
La ventaja es insuperable, porque las fuerzas de López Obrador tienen una mayoría indiscutible en el Congreso para hacer realidad la posibilidad de "implementar estos cambios de una manera profesional monitoreando y evaluando con rigor", indicó Snapp.
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Sin embargo, advirtió que sería un error prometer una reducción automática de la violencia gracias a la regulación de las drogas.
"Lo que sí puede incidir, claramente, es en bajar los índices de corrupción a nivel cotidiano, en la relación entre usuarios y las policías; y a nivel alto, reducir el flujo de dinero sucio que penetra en la vida política, reduciría la justificación de violaciones de derechos humanos y comenzar a atacar la impunidad", puntualizó.
La marihuana representa el 70% de las drogas que comercializan y aporta entre 40 y 50% de los ingresos del crimen organizado.
El mercado canadiense se calcula en 4.500 millones de dólares basada en el consumo de 2017, y el Gobierno de Trudeau estima que la recaudación de impuestos por la venta de la marihuana puede llegar a los 300 millones de dólares anuales.
