"Como opinión personal, yo diría que las autoridades persiguen a Ola Bini para justificar el retiro de asilo a Julian Assange. Indudablemente el retiro del asilo a Assange y la posterior entrega a las autoridades británicas significaba para el Gobierno de Ecuador una serie de cuestionamientos a nivel nacional e internacional, más aún cuando el señor Assange era ciudadano ecuatoriano", dijo a esta agencia Soria.
La ministra del Interior ecuatoriana María Paula Romo dijo en esa jornada que Quito tenía "evidencia suficiente" de que una persona cercana al ciberactivista "ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno".
Ese mismo día, Bini fue detenido en el Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito y estuvo casi dos meses en la cárcel El Inca.
Soria dijo a Sputnik que el Gobierno necesitaba justificar su decisión de retirarle el asilo a Assange de alguna forma, por lo que decidió "perseguir" a personas relacionadas con el ciberactivista, que vivieran en Ecuador y que hubieran mantenido contacto en la embajada en Londres.
"El Gobierno hizo un operativo de investigación meses antes de echar a Assange para encontrar a alguien que cumpliera con esas condiciones y Bini las tenía todas ellas", agregó.
Recusación de jueza
El 12 de septiembre la magistrada Yadira Proaño fue recusada y separada del juicio contra Bini por la denuncia por prevaricato solicitada por Soria.
El Cogep señala que la recusación sucede cuando el juez es pariente de alguna de las personas involucradas, cuando retarda de manera injustificada el despacho de los documentos o cuando manifiesta su opinión sobre el proceso.
La audiencia preparatoria de juicio, prevista para el pasado jueves 12, quedó suspendida.
"Tenemos miedo de que el que magistrado que ocupe el lugar de la anterior jueza también vulnere los derechos de Bini. Siempre está esa preocupación porque es un caso extremadamente político. Esperamos y anhelamos que la persona que llegue a la causa obre en derecho y simplemente actúe como lo dice la ley y no bajo ningún tipo de presión política", señaló Soria.
"Nosotros siempre tenemos preocupación de que las diferencias políticas del Gobierno sean un determinante en cómo se resuelve el caso, pero estamos trabajando mucho para lograr el objetivo, que es demostrar la inocencia de Ola y que todo este procedimiento fue un absurdo intento político de perjudicar a una persona y al conocimiento", agregó.
El 26 de agosto Amnistía internacional denunció que el Gobierno de Ecuador interfiere de forma indebida en el proceso contra Bini y que el programador sueco fue objeto de "violaciones al debido proceso" y de una "detención arbitraria".
Dos días antes de acabar el periodo de investigación, se volvieron a reformular cargos contra Bini, antes acusado del delito de "ataque a la integridad de sistemas informáticos" y actualmente de "acceso no consentido a un sistema informático".
Bini dijo a Sputnik a principios de julio pasado que en la cárcel El Inca solo podía ver la luz del sol y tomar aire fresco durante cuatro o cinco horas por semana
