"El control cambiario, si bien son medidas incómodas, son medidas de emergencia necesarias para evitar males mayores: que no aumente la pobreza", dijo el funcionario en la Casa Rosada.
El ministro reconoció que Argentina "ha perdido crédito voluntario después de las elecciones primarias" del 11 de agosto en que el oficialismo quedó más de 16 puntos porcentuales detrás de la alianza opositora liderada por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
"El riesgo país se duplicó y las renovaciones de deuda en las semanas posteriores fue mucho menor a la renovación de lo que venía siendo", admitió el titular del Palacio de Hacienda.
Lacunza explicó que antes se renovaban 90 pesos de cada 100 pesos ofrecidos a través de las Letras del Tesoro, pero que ahora se comprometen "menos de 10".
"Con esa estrechez de recursos, el presidente me dio la instrucción de cuidar las reservas para mantener la estabilidad cambiaria y asegurar que los depósitos están respaldados", afirmó el ministro.
Control cambiario
De manera sorpresiva, el Gobierno emitió un decreto el 1 de septiembre por el que estableció distintos controles a la salida de capitales.
Para garantizar la liquidez en el sistema cambiario, las personas físicas podrán cambiar hasta 10.000 dólares por mes y no podrán transferir al exterior una cantidad mayor a ese monto.
En lo concerniente a las empresas, estas no podrán atesorar dólares.
El Poder Ejecutivo no estableció ningún límite para extraer dólares, ni hay restricciones en caso de viajes al extranjero o para el comercio exterior.
Tampoco se fijaron impedimentos para la importación o pago de deudas a su vencimiento.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue informado en la víspera de los anuncios que comenzarían a regir desde esta semana, dijo Lacunza.
El nuevo desembolso del FMI por 5.400 millones de dólares que espera el Gobierno argentino no ocurrirá antes del 15 de septiembre, sostuvo el funcionario.
El Gobierno de Macri atraviesa una de las coyunturas económicas más difíciles desde 2015, con una inestabilidad que pone en duda la solvencia financiera de este país sudamericano.
El único acreedor externo que tiene Argentina es el FMI, que acordó con el Ejecutivo en 2018 un crédito por 56.300 millones de dólares, el mayor préstamo concedido por el organismo multilateral en toda su historia.