"Esta es la primera vez que el Estado ofrece estos datos acumulados desde finales de 2006 (…), hay 3.024 fosas clandestinas, y por primera vez tenemos el dato de aproximado 4.874 cuerpos, datos que seguimos corroborando con las instituciones y las familias de desaparecidos", dijo la funcionaria en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el comienzo del actual Gobierno, el 1 de diciembre de 2018, al 14 de agosto pasado, "han sido halladas 522 fosas", dijo Quintana, al presentar el informe oficial con motivo del Día Internacional de la Desaparición Forzada, delito que involucra a agentes del Estado y nunca prescribe.
Quintana reconoce que "no existe información suficiente" sobre esos entierros, realizados en su mayoría por organizaciones del crimen organizado para ocultar a sus víctimas, pero en muchos casos se presume la complicidad de autoridades, según defensores de derechos humanos.
Los datos consolidados proceden de diversas investigaciones parciales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman), la Fiscalía general y las estatales, organismos de familiares de desaparecidos y centros de estudios académicos y defensa de las víctimas.
En las 522 fosas encontradas durante ocho meses y medio de la actual administración, "han sido hallados 671 cuerpos", la mayoría en las provincias norteñas de Sinaloa y Chihuahua, y en el cetro-oeste en Jalisco y Colima.
Las fiscalías han identificado 200 cuerpos y "los restos óseos no están incluidos en esas cifras", detalló la funcionaria.
"Eso no quiere decir que todos los identificados hayan sido entregados a familiares, solo 116 han sido entregados, y por primera vez se hace público el dato", reiteró.
Esas fosas también contienen miles de fragmentos de cuerpos mutilados, donde madres y familiares han estado buscando durante años a muchos de los más de 40.000 desaparecidos en el país, mientras que en las morgues aún hay al menos 26.000 cuerpos sin identificar, según las cifras oficiales.
"Son los datos del horror", graficó la titular del organismo.
"El principio rector siempre es la búsqueda en vida, búsqueda inmediatas de fiscalías y policías", subrayó Quintana.
Además, se consideran otros recursos posteriores, como las búsquedas jurídicas en expedientes judiciales, mediante amparos concedidos por jueces, en el terreno, que no es exclusivamente en fosas clandestinas, sino también en cárceles, hospitales, identificación humana y forense, añadió.
En los últimos 12 años, la guerra frontal contra el narcotráfico y crimen organizado ha causado la muerte de más de 250.000 personas.
El Día Internacional contra la Desaparición Forzada, violación en la que participan agentes del Estado, que jamás prescribe, y también la cometida por particulares, se instauró por la Organización de Naciones Unidas en 2010.
Visita de la ONU
El Estado mexicano acepta por primera vez la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la realización de una vista oficial solicitada desde 2013, que había sido rechazada en forma reiterada por el Gobierno anterior, informó el titular de la subsecretaría federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
La instrucción del mandatario es que la Cancillería, a partir de esa inédita aceptación de la competencia el Comité de la ONU, "dé un vuelco significativo en relación con organismos internacionales, estamos abiertos a la cooperación internacional, al escrutinio porque no tenemos nada que ocultar", expresó Encinas.
Con esa decisión, el actual Gobierno mexicano "refrenda su compromiso absoluto con esta grave violación de los derechos humanos".
La Administración de López Obrador propondrá, a partir de la decisión anunciada, "que la Cancillería promueva soluciones amistosas para atender solicitudes internacionales en la materia".
En materia legislativa, el Gobierno federal promoverá un procedimiento "para hacer efectivo el mecanismo extraordinario forense".
Finalmente, se crea la Unidad de Búsqueda con 200 agentes con sus respectivos caninos, para llevar adelante tareas de rastreo en el terreno.
La desaparición de personas ha estado "asociada a las actividades delictivas de grupos del crimen organizado y vinculada con algunas autoridades", admitió Encinas.
En esta labor de búsqueda, las familias tienen un papel fundamental "para darle centralidad a las víctimas", puntualizó.
Asimismo, dijo que "el principio rector de es la búsqueda en vida como fundamental, y en caso contrario, regresar a las personas a sus familiares de la manera digna".
La violencia se ha profundizado, y ya causó 15.051 homicidios dolosos en el primer semestre de 2019, el más violento desde comenzaron los registros oficiales en 1997.
