"Hay esperanzas renovadas con la ley general de desapariciones forzadas, vamos a tratar de implementar un plan estratégico sobre desapariciones para trabajar en conjunto para disminuirlas y neutralizarlas", dijo Morales vía telefónica desde Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en la víspera del día establecido en 2010 por las Naciones Unidas para recordar a las víctimas de ese crimen.
En los primeros meses de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un plan para implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada en noviembre de 2017 tras un largo debate y en vigor desde enero de 2018.
"La ley obliga a las autoridades a investigar y sancionar a los culpables, pero los resultados han sido desiguales en el país, con distintas capacidades de reaccionar a una desaparición forzada", dijo Morales, quien fue reconocida por su labor con el Premio Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) en 2015.
Las denuncias de desapariciones han ido a la baja en el norte de México, pero no en todo el país, como el sureste y el estado de Veracruz, el más castigado en los últimos tiempos por la violencia del crimen organizado.
"Aquí nos enteramos de desapariciones en carreteras y documentamos 28 casos que involucran la desaparición de 47 personas en Nuevo León, y solo una persona logró escapar este año de ser sometida a trabajos forzados", relató Morales.
Gracias a la gestión de CADHAC, el principal responsable federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la fiscalía del estado norteño firmaron un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP, en inglés).
En México hay al menos 26.000 cuerpos sin identificar en las morgues.
Además se encontraron más un millar de fosas clandestinas, la mayoría por el trabajo de madres apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, según el propio Encinas.
Dando vida a la ley
La legislación obliga a todas las autoridades a colaborar, "es un mandato muy importante, porque hace pocos años a las familias no les hacían caso o les decían que sus denuncias eran mentiras", dijo Morales.
En Nuevo León, estado fronterizo con EEUU, hay más de 3.000 personas desaparecidas, sin embargo los avances pueden ser mayores que en el resto del país.
"Por diversas causas, incluidas las políticas, aquí hay más gente que trabaja con tecnologías avanzadas, hay expertos con especialidad en la investigación y búsqueda de personas", comparado con el resto del país, que tiene menor desarrollo industrial y comercial, dijo.
En efecto, organizaciones civiles y religiosas lograron encontrar personas desaparecidas desde 2009, mediante pruebas genéticas de ADN, con respaldo profesional y mayores recursos económicos.
"Hay una desigualdad económica en este país que repercute en el acceso a las tecnologías; pero la ley abre las esperanzas para que esa experticia sea más accesible, nos va a permitir encontrar pronto a un mayor número de persona desaparecidas", confió Morales.
Confían en que los peritos ahora actúen con el respaldo de un mandato legal.
"Ahora también hay que tomar en cuenta la voluntad política y los recursos económicos destinados a la búsqueda", destacó.
López Obrador ha prometido que no habrá techo económico para esa deuda pendiente del país y de su administración, que cumple nueve meses.
"Esperamos que se haga realidad con mejores equipos tecnológicos y confianza de la gente", advirtió la defensora.
Morales consideró que son profundas las causas de la peor crisis de violencia, que ahora se profundiza con 15.051 homicidios dolosos en el primer semestre de 2019, el más grave desde comenzaron los registros en 1997.
"Este drama ha sido el resultado de decisiones equivocadas, sin olvidar que las autoridades estuvieron involucradas en estos crímenes, todas las corporaciones y mandos policiales", sentenció.
Un aspecto que le preocupa es la polarización creciente del país por razones políticas.
Morales, religiosa de la congregación de Notre-Dame, cursó un posgrado en derechos humanos y democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y emprendió una larga labor pastoral social, con indígenas y niños de la calle, que la condujo a fundar CADHAC hace 26 años.
Esta trayectoria la convirtió en una voz reconocida de la Red de Organizaciones Civiles del Norte de México.
