"La apuesta de las autoridades es a que nos cansemos o nos muramos y que todo quede en el olvido, eso no ocurrirá mientras tengamos vida", dijo Fernández, dirigente de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, en el marco de la VII Marcha de la Dignidad Nacional, en busca de verdad y justicia.
Fernández es madre de un joven ingeniero civil que trabajaba en la siderúrgica Altos Hornos de México, en Moncloa, estado de Coahuila (norte), secuestrado en 2009.
El sistema judicial es uno de los principales obstáculos para encontrar a casi 35.000 personas desaparecidas en la última década de guerra abierta contra el crimen organizado, afirmó.
"Son jueces omisos, que dejan salir a los delincuentes que tienen más recursos que nosotros", denunció.
Las familias, y sobre todo las madres, padecen la incompetencia de autoridades, que recogen cuerpos por todo el país sin identificar, que finalmente no se entregan a sus familiares, agregó.
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"Los cuerpos los lanzan a fosas comunes, sin registros, sin trabajo de identificación", afirmó la madre que tuvo que convertirse en organizadora y asumir el papel de investigadora, abogada y, según dijo, hasta forense.
"Con nuestro trabajo hemos recuperado indicios y cuerpos, pero en las morgues se amontonan más personas muertas y las autoridades no tienen la conciencia de registrar sus códigos genéticos o confrontarlos con los nuestros", dijo la activista que marchó por séptima vez en la protesta anual al Monumento a la Madre.
Las madres no solo desarrollan habilidades legales, sino que llegan a hasta los rincones más oscuros del crimen organizado: "Andamos escarbando con las uñas y las autoridades no tienen el valor ni la voluntad para identificar los cuerpos de las personas que van encontrando", aseguró.
Sumaron 200 casos más
En 2011 el colectivo se abocó a adoptar casos de otras regiones y sumaron 200 más a sus expedientes.
"Los testimonios de madres, padres, hermanas y hermanos es un universo de tremendo de dolor", indicó con emoción contenida.
"Ninguno de los muchachos y las muchachas que se llevaron tenían antecedentes penales, la mayoría estaba trabajando", indicó al tratar de retratar el perfil de las víctimas.
Los eventos de secuestros son de lo más variados; han sido raptadas una, dos, cuatro personas y, en otros casos, hasta 10 o 43 en un solo hecho, como ocurrió con los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
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En el caso de Coahuila, el 52% de las secuestradas son personas que no son originarias del estado, indicó, ya que es un escenario de la migración.
"Mi hijo estaba hablando con su novia cuando se lo llevaron y ella sufre hoy una depresión tan grande que la obligó a dejar su trabajo, es lamentable", contó.
En el caso de su hijo es casi una excepción porque hay detenidos, pero aunque eso mitiga su dolor, los acusados llevan siete años en prisión, sin que les dicten una sentencia.
"La expectativa que tenemos es que el Gobierno de México se decida a tener la voluntad política de asumir su responsabilidad en esta barbarie", enfatizó la dirigente de las familias.
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En los estados de Veracruz (sureste) y Tamaulipas (noreste) las cifras oficiales han llegado hasta 13 secuestros diarios, informó.
"Es necesario que las autoridades pongan fin a esta tragedia, no es posible que personas inocentes desparezcan sin dejar rastro", añadió.
"Algunas madres no tienen ni un solo indicio, sin líneas de investigación, sin expedientes y sin detenidos, por eso este país se ha sembrado fosas con cadáveres sin identificar por todos lados", agregó.
Este año el principal reclamo de la marcha fue contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre de 2017 para permitir los despliegues militares en las calles contra el crimen organizado.
