Un mes antes, Guillermo Arévalo Pedraza también fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza norteamericana, cuando celebraba el cumpleaños de su esposa (3 septiembre de 2012) en un parque público de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Murió ante la vista de sus dos hijas pequeñas. Dos años antes, un jovencito de 15 años, Sergio Adrián Hernández Güereca también fue asesinado en el muro, a la altura de ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Estos tres casos de mexicanos asesinados por agentes de la Patrulla Fronteriza permanecen en la impunidad, ante la negativa del Poder Judicial norteamericano de llevar a juicio a los responsables. Sólo en el caso de Elena Rodríguez, se logró que el agente haya sido procesado, dos veces, aunque continúe libre y sin sentencia.
Ante la falta de avance en la justicia norteamericana, la familia de Elena buscó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que se comprometió a bregar por la apertura de un nuevo juicio en Estados Unidos contra el agente responsable de la muerte de José Antonio; por su parte, la Fiscalía General de la Justicia de México anunció su voluntad de retomar la averiguación previa existente en el país, en la que de resultar culpable, Lonnie Ray Swartz puede ser extraditado a México para cumplir su condena.
Casos impunes
El Senado de la República Mexicana exhortó a mediados de 2016 (el 7 junio) a que la Secretaría de Relaciones Públicas atendiera la difícil situación que enfrentaban las familias "víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América".
En el punto de acuerdo —al que Sputnik tuvo acceso— se hace referencia a la especial atención de los tres casos mencionados en el comienzo de este artículo. En el de José Antonio, el Senado solicitó a Relaciones Exteriores que coadyuvara en el juicio que estaba abierto entonces, el único de los tres asesinatos que logró llegar a esa instancia.
"Fue difícil porque nunca se había dado. Con las pruebas que reunimos en México logramos que por primera vez en la historia se juzgara a un agente de la Border Patrol", explicó el abogado Manuel Íñiguez López, en diálogo con Sputnik.
"Dada la magnitud del hecho, el fiscal del Gobierno de EEUU acusó al autor. No fue la familia del niño, fue la fiscalía del Gobierno de EEUU", agregó.
Sin embargo, el pedido del Senado Mexicano nunca salió del papel, ya que la familia de José Antonio no ha logrado mayor apoyo del Gobierno mexicano. "Quisimos saber por qué el Ejecutivo no cumplió el punto que le marcó el Senado: que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores mantuviera un seguimiento sobre el trágico suceso", indicó.
El Senado instruyó también que se le enviara la información disponible sobre el estado de los casos de los otros dos jóvenes asesinados e indicó la necesidad de que se revisara el uso de la fuerza letal en la protección fronteriza, para reservarse "a casos extremos y justificados", dice el documento, para evitar más casos como éstos.
La culpa es del jurado
Íñiguez fue uno de los abogados que coadyuvó en las dos causas abiertas en EEUU por el asesinato en México del adolescente de la familia Elena Rodríguez.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores podría haber coadyuvado con la Fiscalía norteamericana para que fuera más efectivo", indicó la fuente.
El segundo juicio por el asesinato de José Antonio terminó en noviembre pasado sin que el jurado acreditada la acusación de 'homicidio involuntario' para el agente de la Border Patrol (USBP) que implicaba una versión distinta de lo sucedido: sostenía que el arma se le había caído de las manos, aunque el adolescente recibió diez tiros de su parte. "Fue absurdo ese juicio —dijo el abogado— nunca se pudo dar esa situación", explicó.
"No se da el delito del que se lo acusa porque no correspondió a la conducta que tuvo él, por tanto, no hubo un fallo porque la tipificación del delito no era la correcta", indicó el abogado.
Expresó que el defensor legal del policía evitó que se presentara en el juicio el primer reporte que Swartz hizo para su supervisor tras dispararle a José Antonio, en el que narra una versión de los hechos que, según dijo el abogado, lo inculpa. "El defensor empezó a decirle (al policía acusado): tú llora y dí que no te acuerdas, que fue un lapsus", comentó.
Antes de este juicio hubo otro (el primero) contra Swartz en Estados Unidos (siempre por la muerte de José Antonio) por el delito de 'homicidio en segundo grado', una acusación que tampoco fue aceptada por el jurado. Para el abogado Íñiguez, la trampa está en el mecanismo judicial:
"El sistema anglosajón se basa en jurados: 12 personas que reciben las acusaciones que elabora el fiscal y deciden. En este caso, según el jurado, no se tipifica ese delito". Así, el proceso en EEUU está suspendido y por tanto, el crimen y el acusado quedaron en un limbo jurídico.
Swartz nunca fue detenido ni lo está ahora. Cuando se le inició el primero de estos procesos judiciales, la USBP le solicitó sus armas pero no fue cesado de la fuerza, sólo fue suspendido de su cargo. "Le quitaron su pasaporte y le dijeron que no puede salir de Arizona –donde vive- ni de Nevada, donde viven sus padres", dijo el abogado.
"La situación se explica porque el jurado es escogido. De los 12 integrantes, ni en el primero ni en el segundo juicio por el asesinato de José Antonio, no había ningún latino, menos un mexicano", explicó, "y creo que hay una mano negra del actual Presidente de Estados Unidos, conocido por su racismo", sostuvo.
Buscar en México
Aunque también hay una causa abierta en la Fiscalía General de la República de Sonora, México —donde murió el adolescente— esa causa quedó detenida. "En reserva", explicó el abogado.
Ahora, según las recientes reuniones que la familia y su defensa han tenido con las nuevas autoridades del Gobierno mexicano, esperan que el caso vuelva a recibir un empujón en la justicia de ambos países.
"Hay un tercer juicio en EEUU que está en stand by (pausa) que depende del Fiscal de EEUU, que a su vez depende de Donald Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se comprometió a sugerirles que sí se haga", explicó el abogado.
A su vez, lograron el compromiso de la Fiscalía General de la República para "desencantar" el expediente —que está asignado a la fiscalía Federal de Nogales, Sonora— y echar a andar el proceso judicial también en este país. "Acabo de salir de la Fiscalía y me dijeron que van a continuar con el caso en México", dijo Íñiguez a Sputnik.
Hasta ahora, este expediente tampoco ha pasado de la averiguación previa —el primer paso en el sistema penal acusatorio— pero en el horizonte para el abogado, ya aparece la figura de la extradición:
"Si se decreta un proceso contra esta persona en México y se lo sentencia, se puede pedir su extradición para el cumplimiento de la sentencia", en este país, dijo.
"Pero hasta tanto el fiscal lo acuse por un delito que sí existe, que en México se llama 'homicidio calificado', porque hubo alevosía y ventaja. ¿Por qué alevosía? Porque el vato (hombre, refiere al policía) estaba armado y el niño no. ¿Por qué ventaja? Porque estaba en una posición privilegiada para dispararle", explicó el abogado de la familia del joven asesinado.
"Juzgando el caso en México, no estaría la mano de Trump ahí metida" dijo el abogado, en alusión al motivo racista que ha mantenido este caso impune en la justicia de EEUU. Por eso, buscarán también en México: "que la justicia venga de donde venga, pero que venga justicia", concluyó.
