"La oleada de violencia en las cárceles de Ecuador se ha incrementado de una manera increíble debido principalmente al hacinamiento que sufren los presos", señaló Escorza, quien además es profesora en la Universidad Internacional Sek Ecuador.
"Además, el Gobierno está improvisando y eso es preocupante; también está la cuestión del punitivismo: Ecuador cree que todo se soluciona con el derecho penal; creen que todo se arregla con cárcel en este país", añadió Escorza.
Unas 19 personas murieron asesinadas en las cárceles desde enero de este año, nueve de ellas en un solo mes, luego de la aplicación del estado de excepción que el Gobierno instauró el 19 de mayo, según Escorza.
El último crimen se perpetró luego de que un grupo de reclusos tomó de rehenes a integrantes del Grupo de Intervención y Rescate.
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Las cifras sobre la situación de las cárceles muestran un empeoramiento en los últimos años.
La Defensoría del Pueblo calificó en febrero de "insostenible" la situación del sistema de rehabilitación social, principalmente en los tres centros de reclusión regionales en Turi (sureste), Cotopaxi (centro) y Guayas (oeste), en los que hay sobrepoblación.
El medio InSight Crime señaló el 30 de mayo que la falta de higiene en la alimentación es otra característica de las cárceles ecuatorianas.
"El 24 de mayo, 204 reclusos se intoxicaron con la comida de la cárcel de Ibarra, en la provincia de Imbabura (norte) (…) Los reclusos habrían consumido alimentos en mal estado", sostuvo InSight Crime.
Estado de excepción
Escorza calificó de "crítica" la situación que viene desde hace mucho tiempo.
El decreto establece en su texto como objetivo "atender las necesidades emergentes" del sistema penitenciario a fin de "precautelar" los derechos de las personas privadas de libertad como grupos de "atención prioritaria".
Moreno dispuso la movilización de las fuerzas armadas, la policía y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad para controlar el funcionamiento de las cárceles y así mantener el orden y prevenir la violencia.
"Las condiciones de habitabilidad en los centros con ocasión del paso del tiempo han experimentado un desgaste por el uso y requieren una atención estatal urgente, con la finalidad de fortalecerlas", se afirma en el decreto.
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El estado de excepción suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia de las personas privadas de libertad, lo que supone que el recluso no puede tener acceso privado a misivas, cartas y comunicados.
Escorza opinó que el presidente no cumplió con el debido proceso al declarar el estado de excepción.
"Para declarar un estado de excepción, el presidente debe fundamentar las razones por las que se está implementando esta medida; sin embargo, su fundamentación fue que existía conmoción social; esa no es una razón justificada cuando estamos hablando que una medida de este tipo restringe los derechos básicos de las personas privadas de libertad", dijo Escorza.
La abogada señaló que los reclusos tienen derecho a no ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria ni a que se les restrinjan las visitas de familiares y abogados, señaló la especialista.
También tienen derecho a denunciar ante una autoridad judicial el trato recibido durante su privación de libertad y deben acceder a registros de salud en calidad, agregó.
"En ese sentido, el estado tiene la obligación de cubrir las necesidades educativas, laborales, culturales, alimenticias y recreativas de estas personas para garantizar su vida e integridad; es la única manera para que realmente exista una rehabilitación social; sin embargo, esto no está sucediendo con el estado de excepción", señaló.
"¿Qué suponen estas medidas? Que las fuerzas armadas van a vigilar el perímetro de las cárceles y van a estar dentro de los sitios de seguridad para controlar; es una especie de militarización (...) recordemos que los militares no han sido entrenados ni capacitados con un enfoque de derechos humanos y tienen una formación para ver a la otra persona como un enemigo, como un combatiente al que se tiene que eliminar", agregó.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró el martes al medio local Teleamazonas que los recientes conflictos carcelarios ocurren por conductas "antisociales" de los internos, quienes se guían por las normas de los grupos delictivos que operan dentro de las prisiones.
El ministro sostuvo que el decreto se está cumpliendo y que las fuerzas armadas están brindando apoyo en la seguridad con el fin de evitar que continúen las riñas dentro de las penitenciarías.
"No se puede en una semana o en un mes realizar una recuperación del orden (...) eso tiene años. (...) La violencia no es solo una cuestión de armas, sino de comportamientos irracionales", dijo Jarrín.
Cárceles y pobreza
Escorza subrayó además la asociación entre la situación de encarcelamiento y la extracción social de los detenidos.
Además, debido a su pobreza, no tienen acceso pleno al "debido proceso" y a una defensa real por falta de dinero para pagar a "buenos" abogados, según Escorza.
"La ley hace que el Estado solo pueda perseguir al pobre; al rico, que hace determinados otros delitos, es más difícil perseguirlo; por ejemplo, en Ecuador los delitos de cuello blanco son muchos pero no todos terminan con la privación de la libertad (...) es evidente que en el derecho también hay un tema de clases", observó.
El diario El Comercio sostuvo que el Gobierno se ha dedicado durante la vigencia del estado de excepción a tareas de seguridad en las cárceles.
Las autoridades aseguran que los centros de reclusión "tienen problemas muy profundos" y que "ni en un mes ni en dos meses se puede solucionar todo", según el periódico.
La Defensoría del Pueblo, que vigila la aplicación de del decreto, advirtió que no se deben priorizar únicamente las tareas militares y policiales.
