Al menos 42 personas fueron encontradas muertas en tres prisiones distintas del estado de Amazonas, al norte del país —el Centro de Detención Provisional Masculino (CDPM-1), la Unidad Penitenciaria de Puraquequara y el Instituto Penal Antonio Trindade (IPAT)— un día después de que 15 presos fueran asesinados en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) tras ser golpeados o apuñalados. No fue un motín, sino una reyerta perfectamente coordinada por grupos criminales enfrentados.
La cárcel Compaj, situada en Manaos, la capital de Amazonas, ya fue en 2017 el funesto escenario de una matanza entre presidiarios que dejó 56 muertos, algunos de ellos decapitados, y cerca de 200 fugados, después de 17 horas de batalla campal.
De acuerdo a los datos de la prensa brasileña, en 2017 las revueltas carcelarias dejaron 126 presos muertos en Amazonas, Roraima y Rio Grande del Norte, tres estados septentrionales.
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Después de Estados Unidos y China, Brasil tiene la tercera población reclusa del mundo con 712.305 personas censadas en abril de 2019. Esa cifra duplica la capacidad de todas sus cárceles. De todos sus presos, aproximadamente el 40% son preventivos, es decir, se encuentran a la espera de juicio.
Sin embargo, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ya prometió que iba a llenar las prisiones de delincuentes. "Prefiero la cárcel repleta de bandidos a un cementerio lleno de inocentes", dijo durante la campaña electoral que le aupó a la Presidencia.
Los intentos de las autoridades de reformar el sistema e introducir controles más severos se ha venido topando con la resistencia de las poderosas organizaciones criminales, que operan tanto dentro como fuera de las penitenciarias. Así, las bandas han lanzado hasta 80 ataques contra edificios públicos, bancos, autobuses y gasolineras como represalia por la propuesta de reforma.
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Como denuncia en las páginas del diario paulista Folha el abogado y director jurídico y financiero de Conectas, Marcos Fuchs, los poderes públicos brasileños son incapaces de garantizar la vida de aquellos a quienes custodia. Según Fuchs, una persona presa en Brasil tiene seis veces más posibilidades de morir que otra que está libre.
El Salvador es el país de Latinoamérica con mayor índice de población encarcelada pues suma 604 presos por cada 100.000 habitantes. El ratio medio en Sudamérica es de 233 y en los países centroamericanos alcanza 316, para elevarse hasta 376 en todo el continente porque el nivel en Estados Unidos se sitúa en 655, el mayor del mundo. Todos estos datos forman parte de la Lista de Población Mundial Reclusa, actualizada en septiembre de 2018 y que publica el Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR, según sus siglas en inglés), un centro adscrito a la Universidad de Londres.
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El hacinamiento carcelario es tan grave en El Salvador que en junio de 2016 su Tribunal Supremo declaró inconstitucional la masificación en las prisiones porque vulneraba "el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud" de quienes cumplen penas de privación de libertad.
La naturaleza inhumana de estas cárceles latinoamericanas las ha convertido en incubadoras del crimen organizado. Muchos de los presos que allí penan son muy vulnerables a la coerción y terminan reclutados por bandas organizadas. En los países del llamado Triángulo Norte —El Salvador, Honduras y Guatemala—, así como en Colombia o en México, los centros penitenciarios se han transformado en refugios seguros y en las bases de operaciones de organizaciones criminales. Valgan dos casos: Los Zetas mexicanos y la Mara Salvatrucha (MS13) que opera en Centroamérica.
La prisión preventiva es bastante común en toda la región, especialmente en México, donde los detenidos pasan meses, incluso a veces años, hasta que su futuro es revisado por un magistrado. A este cóctel explosivo debemos añadir la corrupción rampante y los abusos policiales o militares.
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En algunas circunstancias, las deplorables condiciones penitenciarias han fomentado que redes criminales se organizaran para solucionar este problema, sustituyendo incluso a las autoridades.
La principal razón para que muchas cárceles latinoamericanas estén hacinadas y sean un catalizador criminal radica en el hecho de que el Estado se ve incapaz de planificar y ejecutar la construcción de nuevos presidios, imponer el orden y garantizar los derechos de los presos. La saturación también es consecuencia de leyes de seguridad de mano dura basada en el "populismo punitivo" que generan un continuo flujo de nuevos presos en un sistema mal equipado para recibirlos. Eso ha pasado, sin ir más lejos, en Colombia.
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En definitiva, se trata de un grave y complejo problema estructural que se produce en cada país independientemente de la ideología política de la clase dirigente.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
