"Con esta ley de abreviación procesal penal se trata de acabar con la retardación de la justicia, con las víctimas de los delitos y de la retardación", dijo el presidente Evo Morales tras firmar la norma en un acto en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre (sur), transmitido por la televisión estatal.
Promulgamos la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Tenemos profesionales capaces, nuestra responsabilidad es trabajar para transformar la justicia y acabar con la retardación. pic.twitter.com/PF7e6Kx6Qq
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 3, 2019
La ley recoge los principales cambios en el procedimiento penal contenidos en un código que el Gobierno no pudo poner en práctica a principios del año pasado por la oposición de diversos sectores, particularmente médicos que rechazaban la penalización de la mala praxis y activistas contra el aborto.
"Nuestro gran deseo es que, así como en economía (…), qué mejor que de acá en poco tiempo en justicia seamos también primeros en Sudamérica y Latinoamérica, y eso podemos cuando hay esfuerzo, compromiso y sacrificio", dijo Morales.
Coincidió con el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, en que la retardación de los juicios, provocada por engorrosos procedimientos que permiten diversas acciones dilatorias, es la causa principal de la sobrepoblación de las cárceles.
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Según un reciente censo, en Bolivia hay unas 20.000 personas en las cárceles y de ellas hasta tres cuartas partes no han sido condenadas.
Se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Comienza la cuenta regresivas de 150 días para la implementación de una ley verdaderamente histórica para la justicia boliviana. pic.twitter.com/wECQ71bFro
— Hector Arce Zaconeta (@ArceZaconeta) May 3, 2019
Morales destacó que la reforma judicial fue elaborada por profesionales bolivianos, a diferencia de décadas de pasados gobiernos neoliberales cuando los proyectos de ley más importantes "llegaban redactados en inglés y hasta con el nombre del bufete extranjero contratado".
La ley, que abre las puertas a un amplio uso de tecnologías digitales y de Internet en los procedimientos judiciales, fue promulgada pese a las protestas de los patrones de la prensa, descontentos porque los cambios incluyen la sustitución de los tradicionales edictos en los diarios por avisos en la web.
La patronal Asociación Nacional de la Prensa (ANP) dijo en un comunicado que la ley "representa otro golpe financiero al sector".
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La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra explicó hace una semana que la utilización de los "edictos electrónicos" comenzará en 2020, por razones técnicas.
"Varios diarios del país obtienen ingresos por la difusión de avisos de notificación legal que son conocidos como edictos, y la eliminación de la obligatoriedad y reemplazo por información digital terminará provocando su colapso", advirtió Dipp.
Los dueños de diarios mantienen una tensa relación con el Gobierno por conflictos derivados de la distribución de publicidad oficial.
