"Queman vivos a dos hombres en Acatlán de Osorio; los acusaron de robachicos". "Linchan en Chiapas a tres hombres; los queman vivos". "Linchan taxistas de Oaxaca a un menor". "Evangélicos liberan a cura católico que amagaban con linchar". Muchas veces los titulares de los diarios en México reflejan realidades como estas.
"Se trata de una problemática que va de la mano de aspectos socioeconómicos, de percepción de la gente sobre situaciones de inseguridad que están enfrentando y de falta de capacidad del Estado para contener el fenómeno", dijo a Sputnik el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López.
Más información: Fuertes imágenes: arrojan a un presunto violador a los cocodrilos en México
Y las cosas parecen seguir este trágico cauce. Si bien el estudio presentado tomó en consideración datos hasta 2018, los casos registrados por la Comisión en 2019 confirman las tendencias alcistas. En los cinco meses transcurridos se contabilizaron 67 casos de linchamiento y 107 víctimas. Los datos son relevantes si se tiene en cuenta que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.
"La gente percibe que ante problemas de inseguridad no hay una respuesta adecuada de las instituciones, hay una gran sensación de impunidad. Ese hartazgo se traduce en situaciones complejas autodefensas, los justicieros y los linchamientos; fenómenos que denotan una crisis de autoridad", sostuvo el segundo visitador.
El documento de la CNDH indica que de los 174 casos de linchamiento ocurridos en 2018, el 76% ocurrió en cinco entidades federativas: Puebla (48), Estado de México (40), Tabasco (22), Ciudad de México (13) e Hidalgo (9).
Informa además que el principal motivo de los linchamientos son el robo o asalto. En Ciudad de México más del 80% de los casos de justicia por mano propia tiene que ver con esos delitos; en Morelos, el 55%; mientras que en el Estado de México y en Puebla, un 86 y 70,8% respectivamente.
Te puede interesar: Turba lincha a brasileño que pretendía cobrar una deuda en pueblo boliviano
La explicación que ofrece el texto es que es más factible atrapar al responsable de cometer este tipo de infracción al momento de cometerla.
"Más del 70% de la población está de acuerdo en que, si las autoridades no responden con efectividad, la ciudadanía tiene derecho a tomar cartas en el asunto", explicó Guadarrama López.
En contexto: La insondable violencia en Veracruz, donde debutó la Guardia Nacional de México
La metodología que utilizó la CNDH para recabar los datos fue mediante recortes periodísticos. Si bien esto puede dar una idea de la magnitud del problema, el hecho de que se haya realizado de esta manera habla de la ineficiencia institucional para tratar la problemática.
"No sabemos a ciencia cierta cuántos responsables, condenados o víctimas hay por este tema. No existen datos concretos. No hay estrategias adecuadas para enfrentar el problema, ni siquiera un protocolo establecido ante estas circunstancias. No tenemos datos oficiales ni un tipo penal sobre linchamientos. Nuestra investigación se basó en recortes periodísticos. Es una dificultad enorme enfrentar este problema en estas condiciones", señaló.
"Son instancias donde la comunidad asume funciones de denuncia, de señalamiento, de investigación, de juzgadores y de ejecutores", sentenció.
Así, el texto plantea no solo circunscribir la parte penal, sino también a la preventiva, la educativa y establecer un registro adecuado de información y de modificaciones penales.
"Es la única forma de que haya un respeto cabal a los derechos humanos", concluyó.
