“Esa falta de credibilidad genera lógicas de ejercer la seguridad y la justicia por mano propia”, observó el asesor de seguridad ciudadana del PNUD, Daniel Luzel.
Los servicios de seguridad y justicia “son todavía deficientes” en América Latina, lo que provoca una “enorme falta de confianza” de la población, dijo el experto.
Los linchamientos se extienden especialmente por toda América Central, que está considerada como una de las subregiones más peligrosas del mundo, con tasas de 33,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras del PNUD.
Guatemala, con 133 casos en lo que va del año según datos corroborados a Sputnik Nóvosti por la Procuraduría de Derechos Humanos, ocupa el primer lugar mundial en linchamientos, seguida de Bolivia.
El último linchamiento guatemalteco se produjo el 11 de octubre, cuando una turba quemó vivo al alcalde de Concepción (sudoeste), Bacilio Juracán Lejá, por su supuesta responsabilidad en un ataque armado contra Lorenzo Sequec Juracán, excandidato a la alcaldía de la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE).
En Bolivia se cometieron al menos 35 linchamientos en 2014, según un informe de la Defensoría del Pueblo, y 10 personas murieron debido a las golpizas o torturas a las que fueron sometidas.
“Por años hemos pensado que los problemas de inseguridad estaban relacionados con la desigualdad social o con la debilidad democrática, pero ahora vemos que el problema es mucho más complicado”, argumentó Luz.
Avances sociales y democráticos de América Latina en la última década han contribuido a reducir los problemas de inseguridad, pero la región todavía necesita “mejorar la calidad de los servicios de seguridad y justicia para generar confianza en la población”, agregó.
El PNUD incluye en el sistema de seguridad a la policía, la investigación criminal, la justicia, el sistema penitenciario y el de reinserción, entre otros eslabones de la cadena.
Algunas mediciones que ha realizado la agencia de las Naciones Unidas en la región constatan una “cierta aceptación” de prácticas como los linchamientos, que también se cometen en Argentina, Brasil y Perú.
Una de cada cuatro personas acepta medidas como el “vigilantismo”, una suerte de vigilancia autogestionada por vecinos o comunidades, según el último informe regional de desarrollo humano del PNUD de 2012.
“Podemos ser optimistas y pensar que la gran mayoría de la población (tres de cada cuatro) está a favor del Estado de derecho, pero nos preocupa mucho ese 23,9 por ciento que está de acuerdo con ese tipo de medidas. Es una cifra muy alta”, advirtió Luz.
Por esa razón, el trabajo del PNUD y de los Gobiernos “debe ir enfocado a recuperar la confianza de la población en las instituciones”.
“El Estado de derecho se construye con más Estado, con más fortaleza y eficacia institucional y no con recortes en los derechos y en las libertades”, agregó.
JUSTICIA COMUNITARIA
La justicia ancestral aplicada, por ejemplo, en comunidades indígenas para gestionar conflictos no contempla los linchamientos como sanción y, sin embargo, estos se producen a menudo bajo ese contexto.
“En varios países donde conviven ciertos tipos de jurisprudencia, como el derecho indígena con el Estado de derecho más constitucional, esto ha sido un problema”, observó Luz.
“Se han dado caso de tipos de punición que son incompatibles entre sí como castigos corporales y otras sentencias que vulneran los derechos humanos”, explicó Luz.
En cualquier caso, continuó el experto, “se está progresando mucho para delimitar los ámbitos de competencia de cada una de estas jurisprudencias y así poder evitar este tipo de incompatibilidades”.
El PNUD considera que los castigos por mano propia son “delitos invisibilizados”, al igual que la corrupción o la violencia contra la mujer, pues en algunos contextos ni siquiera hay consciencia de que se esté cometiendo un crimen.
