"Esa línea de investigación puede delimitar el involucramiento y establecer la responsabilidad de los militares, que siempre han exigido las familias de los muchachos desaparecidos", afirmó en entrevista con Sputnik.
Hace una semana fue filtrado a la prensa un vídeo en el que se observa a militares uniformados pagando a la madre de un estudiante desaparecido por sus presuntos servicios de espionaje para el Ejército.
En la nueva etapa abierta por el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer la verdad, "las familias piensan que la investigación se debe concentrar en el papel del Ejército", dijo el director del centro que lleva el nombre del antiguo reino prehispánico de Guerrero, hoy asolado por la violencia del narcotráfico.
La mayor insistencia de los padres y madres de los jóvenes es "la creación de un nuevo mecanismo de investigación y búsqueda reforzado".
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La nueva comisión presidencial es "un cambio total en la postura del Gobierno" desde lo ocurrido en Iguala (220 kilómetros al sur de la capital) la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos que se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México fueron atacados a balazos por policías de cuatro municipios.
El rol de los militares
La evidencia del vídeo se suma al seguimiento que un militar de inteligencia hizo en la ruta de uno autobús la noche de los ataques contra los jóvenes de origen campesino e indígena.
"El Ejército monitoreaba a los muchachos con un elemento castrense en motocicleta", que tomó fotografías de un autobús durante las detenciones, recordó Barrera.
Los militares también persiguieron a otros alumnos que se refugiaron en una clínica, donde eran atendidos los heridos por balas.
El joven que habría sido un infiltrado solo tenía dos semanas de haber ingresado a la escuela, porque era de nuevo ingreso como la mayoría de los desaparecidos.
Sus familiares no quieren estar en el centro de la polémica, "se sienten afligidos y sufren el mismo dolor de la desaparición forzada", dijo el director del centro.
"No creemos que sea el gran espía que retratan; pero es prueba de que existía una antigua operación de vigilancia secreta sobre la escuela de maestros, y el Ejército está obligado a aclararlo", enfatizó.
Esa escuela normal tiene una antigua reputación de educar a jóvenes críticos y "rebeldes", desde que uno de sus egresados fue protagonista de la guerrilla de la montaña de Guerrero: el maestro Lucio Cabañas, quién murió combatiendo contra el Ejército en 1974, emblema de la escuela, que tiene un mural con su figura.
Barrera, galardonado por Amnistía Internacional por su trayectoria, señaló otras lagunas clave en la investigación federal.
Una de ellas es la participación de los policías municipales del municipio de Huitzuco, vecino de Iguala, que interceptaron a uno de los cinco autobuses y se llevaron a los jóvenes.
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En ese municipio vive un legendario exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien fue obligado a renunciar en 1995 tras una masacre en el poblado Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 campesinos y heridos 23 en un ataque policial.
Los policías de Huitzuco fueron fotografiados por el mencionado militar de la motocicleta, pero no fueron investigados ni detenidos.
Otra pista crucial apunta a los registros de los teléfonos celulares de los desaparecidos, que siguieron activos después de los ataques y desde los cuales se hicieron llamadas aún sin investigar.
Finalmente, están las confesiones de jefes narcotraficantes detenidos en Chicago, vinculados al tráfico de goma de opio de Guerrero a EEUU, que dirigían los pasos del grupo Guerreros Unidos, confabulados con los policías.
Abocarse a esas pesquisas y dejar atrás la desacreditada "verdad histórica" será la misión del nuevo fiscal especial del caso, que aún no ha sido nombrado, mientras las familias siguen esperando la atención comprometida por un programa especial de atención psicosocial.
