"Sentimos coraje hacia el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Él sigue defendiendo su verdad histórica. Cuando le decimos que ya fue destruida, bien necio, no lo quiere aceptar", dijo a Sputnik Cristina Bautista, durante la movilización a cuatro años de los hechos.
Cristina es madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes de magisterio que fue desaparecido el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México. Otros tres estudiantes fueron asesinados y otro permanece en estado de coma desde esa noche.
La Procuraduría General de la República (PGR) brindó una hipótesis del caso, a la que se llamó la "verdad histórica" de Ayotzinapa, que ha sido sistemáticamente falseada. La defensa que Enrique Peña Nieto continúa haciendo de esa explicación sin validez científica es la principal distancia que lo separa del Comité de padres de los muchachos desaparecidos.
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El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados con armas de fuego por policías municipales, que tras emboscarlos, secuestraron a 43 de ellos en un autobús que los jóvenes habían tomado y sacado de la terminal camionera de Iguala.
Es una práctica común del normalismo de todo el país "tomar" camiones, usarlos temporalmente y luego devolverlos a las empresas. Es parte de la autogestión que practica la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM) a la que está afiliada Ayotzinapa y que es la organización estudiantil más vieja de México.
Es tan común que no puede haber sido el motivo del violento ataque que vivieron los estudiantes antes de ser desaparecidos. Se sabe que los normalistas fueron monitoreados por el Centro de Comando y Vigilancia, el C4, encargado a la secretaría de Defensa, durante su actividad ese día, por lo que no pudieron haber sido confundidos con "integrantes del crimen organizado" como se dijo en un primer momento.
La versión de la incineración, descartada
Del camión en que los normalistas fueron desaparecidos se desprende una de las líneas de investigación del caso: que el autobús estaba cargado con droga o con dinero, listo para partir en una ruta de tráfico que comienza en Iguala y termina en Chicago, usando autobuses de pasajeros. Los jóvenes lo tomaron sin saberlo. Eso explicaría el tamaño de la agresión policial, que habría respondido así por su papel de custodia en la salida de goma de opio hacia los Estados Unidos.
Esta hipótesis fue elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2015, cuando presentó su primer informe del caso, al año de la desaparición de los muchachos.
En ese informe, los expertos internacionales desmintieron científicamente, apoyándose en peritajes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como sostuvo la Procuraduría General de la República (PGR) en su "verdad histórica" del caso.
Según la PGR, los policías entregaron a los estudiantes a una célula del crimen organizado que los prendió fuego en Cocula. Esto es falso. "En 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar", reiteró el EAAF refutando las últimas declaraciones del presidente Peña Nieto.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que esa versión oficial fue armada por medio de la tortura a varios de los detenidos e inculpados por el caso. Ninguno de los detenidos (ni los supuestos sicarios ni los policías en actividad) está acusado por el delito de desaparición forzada, sino por secuestro.
Según revelaron los expertos internacionales, el alto cargo de la PGR "manipuló" la escena en donde fueron hallados los restos de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio, el 29 de octubre de 2015. El EAAF certificó que una porción del hueso sacro del estudiante fue hallado en esa diligencia judicial, que fue "armada" por Zerón.
El Comité de Padres de los 43 exige que Tomás Zerón sea nuevamente investigado por su responsabilidad en la inexplicada aparición de parte de los restos óseos de un normalista, ya que fue exonerado en el proceso que le hizo la PGR.
Esperanza en el nuevo Gobierno
La participación de los investigadores independientes fue clave para que el caso avanzara, por lo que su regreso al país es uno de los temas que pusieron en la mesa en la discusión con el futuro Gobierno.
En la conferencia conjunta de Andrés Manuel López Obrador con los padres de los estudiantes desaparecidos al cumplirse cuatro años del caso, el futuro primer mandatario anunció su voluntad de facilitar el retorno de los organismos internacionales a la investigación, que fueron retirados en 2016 por decisión del Gobierno de Peña Nieto.
Según explicó Santiago Aguirre, subdirector del centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez a Sputnik, es de vital importancia que la nueva comisión de investigación tenga alcance jurídico y que no sea una "comisión de la verdad" para el esclarecimiento histórico, al estilo de las que otros países de América Latina han tenido al final de largos conflictos armados.
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"Los padres fueron enfáticos en decir que su experiencia hasta ahora ha sido de maltrato y engaño y que no pueden dar un cheque en blanco a la nueva administración", explicó Aguirre a Sputnik. Sin embargo, manifestaciones de esperanza fueron recurrentes en las declaraciones de los padres ante la disposición mostrada por el futuro Gobierno. "La comisión de investigación debe abocarse a dar con el paradero de los muchachos y también a deslindar responsabilidades e imponer sanciones a los responsables", agregó Aguirre.
