Los videos, revelados en un programa radial de noticias, "confirman que la Secretaría de la Defensa no entregó ni ha entregado toda la información con que cuenta sobre el caso Iguala y su contexto", dijo el jesuita Centro de Derechos Humanos 'Miguel Agustín Pro Juárez S.J.'.
Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, era soldado en activo y realizó trabajos de espionaje para el Ejército "hasta el día de la desaparición", informó el presentador del noticiario.
"En este video se ve a militares pagar a su madre, Joaquina Patolzin, una quincena pendiente y ofrecer información de él", escribió el periodista Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula y el noticiario de TV Imagen en su cuenta de Twitter (@CiroGomezL).
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Las imágenes "fueron difundidas sin consentimiento ni conocimiento de la madre de familia videograbada, a sólo dos días de la formalización del anuncio del nuevo mecanismo de seguimiento de la CIDH", que fue ratificado por el nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, indican los abogados del centro en un comunicado.
El centro administrado por jesuitas señala que es "innegable que el material revelado hoy (13 de marzo) fue grabado en instalaciones militares y proviene de una grabación de personal del Ejército".
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El coronel que aparece en el material no ha rendido declaración en la investigación federal del caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin, "no obra en los expedientes de la Procuraduría, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar".
Un infiltrado entre los desaparecidos
En segundo lugar confirman que la Defensa Nacional "practica la infiltración" en la escuela normal rural de Ayotzinapa, pues en el video se reconoce una aparente relación entre el estudiante López Patolzin y el Ejército "para la realización de labores de inteligencia", dijo el centro.
Para las organizaciones defensoras de víctimas, "es fundamental subrayar que la posible confirmación de este vínculo no deslegitima en modo alguno la exigencia de los familiares de Julio César de conocer el paradero de su hijo".
En tercer lugar, las imágenes confirman que las Fuerzas Armadas "han ocultado información relevante" al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso a la Comisión Nacional de los derechos Humanos.
Al contrario, los militares reportaron que López Patolzin "contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles", lo que no se refleja en el video, pues revela una relación laboral activa para fines de inteligencia.
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En este contexto, el material confirma "la urgente necesidad de que en esta nueva etapa (apoyada por el presidente López Obrador) se investigue en profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos", puntualiza el centro jesuita.
En los ataques murieron siete personas, unas 25 resultaron heridas y 43 estudiantes detenidos por policías municipales fueron entregados a la organización narcotraficante Guerreros Unidos, que según confesiones de supuestos sicarios los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un basurero municipal del pueblo Cocula, en una quebrada, y lanzaron sus restos a un río.
Esa versión es rechazada por las familias y expertos del GIEI, porque además de las torturas a los acusados, en los restos calcinados encontrados en bolsas de plástico en el Río San Juan, solo un estudiante fue identificado con estudios genéticos en Innsbruck, Austria.
