Con motivo del cuarto aniversario de la tragedia, el organismo que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, "subraya que el caso no es solo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México", dijo la oficina de la Oacdh en un pronunciamiento.
El Alto Comisionado "reitera que esta versión es insostenible", puntualiza la misión del organismo en México que encabeza Jan Jarab.
Asimismo, las "deficiencias e inconsistencias" de la investigación han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la organización Forensic Architecture.
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Además, la Oacdh recuerda que en su informe sobre el caso, emitido a principio de este año, titulado "Doble Injusticia", documentó el uso de "métodos ilícitos en las investigaciones" y que un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas (noroeste) constató un "cuadro manifiesto de graves irregularidades" en las investigaciones.
En esa ciudad del estado de Guerrero, cinco autobuses en los que viajaban un centenar de jóvenes para asistir a las conmemoraciones anuales de la masacre de estudiantes universitarios en la capitalina Plaza Tlatelolco, en 1968, fueron atacados a balazos por patrullas de cinco municipios, donde murieron siete personas, 25 resultaron heridas y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los desapreció.
Una larga lista de temas pendientes
A ese cuadro de irregularidades se suma el informe del "mecanismo de seguimiento" de la CIDH, instancia autónoma de la Organización de los Estados Americanos, que presentó "una larga lista de (asuntos) pendientes", prosigue el organismo internacional.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobó que es "equivocada" la identificación de un supuesto perpetrador clave, quien está hasta la fecha "injustamente" encarcelado.
Jarab afirmó que "se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial".
Para la organización es motivo de preocupación que la respuesta del Gobierno "se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial", añade la Oficina del Alto Comisionado.
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Jarab considera "inusitado" que el Gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la mencionada sentencia "histórica y garantista" del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que exigió reabrir la investigación y crear una comisión de la verdad.
Esa sentencia fue recién confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, "cuyos alcances deben observarse plenamente", señaló el representante del Alto Comisionado de DDHH en el país.
La Oacdh también saluda las señales del futuro Gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Esos indicios del próximo mandatario apuntan a construir con las familias y las organizaciones que los acompañan "una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia para la justicia y la verdad", puntualizó Jarab.
El caso es de tal envergadura que es preciso reponer la investigación para establecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.
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Asimismo las autoridades deben determinar "conforme a derecho, la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala", para reparar de manera integral a las víctimas.
Si eso se logra, el impacto positivo será para "el combate de las desapariciones en su conjunto", termina el documento.
